Financiación y fijación de precios: algo se mueve

Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.

La semana pasada tuve la oportunidad de participar en la jornada de debate ‘La evolución del valor en la asistencia sanitaria’, organizada por el Capítulo Español de ISPOR y Diariofarma con la colaboración de IQVIA. A lo largo de diversas mesas de debate y ponencias tuvimos ocasión de escuchar dónde va a poner el foco la administración en lo que se refiere a la financiación, precio y uso de los nuevos medicamentos.

Empezando por el presente, parece claro que, de momento, la administración española confía más en los acuerdos de tipo financiero que en otros, pero poco a poco va abriéndose paso la introducción de acuerdos en función de resultados en salud.

Abocados a ello por la realidad de no conocer los precios reales con los que se comercializan los medicamentos, el Ministerio de Sanidad ya no se fija en el precio menor europeo para establecer el precio español. Es lógico, puesto que los precios conocidos, en su mayor parte, no son reales sino que son precios bastante más elevados que los que finalmente pagan los sistemas sanitarios a las compañías por sus productos.

Dado que esa guía ya no es útil, desde el Ministerio de Sanidad se han desarrollado diversos tipos de acuerdos, especialmente financieros con el objetivo de mitigar el impacto presupuestario, que sí que están dirigiendo la facturación de medicamentos en nuestro país. Actualmente hay ocho acuerdos de techo de gasto activos que, una vez superados, suponen coste cero para la administración. Algunos de ellos, combinados con evaluación de resultados en salud e incluso otros acuerdos financieros como el capping por paciente.

La realidad es que aún queda mucho por avanzar para que se pueda abordar un pago en función de resultados dada la reducida existencia de registros de pacientes en nuestro país y la casi nula cultura de medir algo que no sea el coste. A pesar de ello, hay excepciones en algunos casos, como ocurrió en la hepatitis C o tal y como se anunció la semana pasada con el caso de Spinraza (nusinersen DCI, de Biogen), en el que la financiación conlleva la creación de los registros y el pago en función de resultados a través de un acuerdo de riesgo compartido. A este respecto me parece muy destacable que, hasta donde conozco, las comunidades autónomas hayan estado al corriente de los avances de este acuerdo y, por tanto, están conformes con los detalles del mismo. Se trata, sin duda, de algo que la directora general de Cartera Básica de Servicios del SNS, Encarnación Cruz, ha propiciado.

Más allá y de cara al futuro, en la jornada Post-ISPOR, representantes del Ministerio de Sanidad, como Isabel Pineros, vocal asesora de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, o de las comunidades autónomas como Caridad Pontes, gerente de Armonización Farmacoterapéutica del Servicio Catalán de Salud (CatSalut), o María José Calvo, subdirectora general de Farmacia del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), dieron algunas claves de interés en relación a asuntos que están en la agenda de muchas compañías, como es el pago por indicación y el pago en caso de combos.

Para el primero de ellos, la administración quiere atajar la política de solicitar inicialmente precios elevados que se justifican en que se trata de enfermedades huérfanas y poco a poco ir ganando pacientes con nuevas indicaciones mucho más numerosas. Las representantes autonómicas, además de justificar bajadas de precios importantes, ven difícil la gestión de compras de estos productos si se quiere ir a precios diferentes por indicación. Ni por el establecimiento de un precio promedio según el mix de la utilización en cada una de las indicaciones ni por la autorización de diferentes presentaciones según la indicación. En alguna ocasión Calvo ha expresado su falta de convencimiento acerca de la razón para pagar más caro por un medicamento en una indicación si se puede pagar menos por el mismo medicamento...

En el caso de los combos, estos tampoco fueron vistos con buenos ojos por parte de la administración, especialmente si la justificación es la mejora de la adherencia. Solo si se produce un incremento de efectividad por sinergia de los componentes presentes se valoraría una mejora en el precio de compra. Esto resulta muy interesante ya que, incluso empieza a rondar en la cabeza de los decisores que los incrementos de efectividad no deben ser recompensados por un mejor precio, sino que se debe actuar al contrario: bajar el precio a los que no alcancen la efectividad máxima, en un sistema, digo yo, similar al existente en Alemania. En la misma línea, otra recomendación a las compañías realizada por las representantes de la administración fue que pasen de poner el foco en conseguir un premium-price a luchar por una mayor cuota de mercado como forma de recuperar la inversión realizada.

Todos estos elementos, unido a las evaluaciones únicas que se van a imponer en Europa a medio plazo, nos hacen pensar que el futuro en materia de financiación y fijación de precios empieza a escribirse actualmente y puede ser distinto a lo que muchos creíamos que iba a suceder.