Afarán denuncia ante el Defensor del Pueblo Europeo el trato recibido de la Comisión de Peticiones

La Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afarán), junto con el Foro Andaluz de Pacientes y otras organizaciones que no se identifican en el escrito, han presentado una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo, solicitando la "incoación de un procedimiento de investigación por una presunta violación del derecho de petición, recogido en los artículos 24 y 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como en el Reglamento interno del Parlamento Europeo y del derecho a una buena administración, según el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y del Código Europeo de Buena Conducta Administrativa, en el seno de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo".

En su escrito, los denunciantes fundamentan la reclamación considerando que la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo "ha tramitado y gestionado incorrectamente su petición escrita nº 0636/2017, vulnerando con ello el derecho de petición y el derecho a una buena administración, que son derechos fundamentales según el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE".

Por un lado, por la vulneración dicen, del principio de eficacia, ya que, opinan, una vez que fue "admitida a trámite, la Comisión PETI tenía que haber garantizado su eficacia, protegiéndola de cualquier ataque que pudiera socavar su efectividad". Sin embargo, alegan, dicha Comisión habría permitido "varias votaciones", que han facilitado que la petición "no pueda surtir ningún efecto". "Si la admisión a trámite fue correcta e iba en buena dirección, sin embargo el desarrollo posterior del procedimiento ha socavado el propio derecho de petición, vaciando la petición de contenido y eficacia práctica", prosiguen.

Se quejan además de que la petición "no ha sido tratada de manera imparcial y equitativamente, pues al ser calificada como política se ha impedido con ello una investigación y un debate sereno sobre el fondo de las cuestiones que la petición plantea". En este sentido, señalan que, "al forzar varias votaciones durante las reuniones de coordinadores y de la propia comisión PETI, en particular la votación del día 24 de abril de 2018, como medio de dirimir el rifirrafe político que la petición ha generado, la presidenta de la Comisión PETI ha actuado, al menos de manera arbitraria, en supuesta violación de los artículos 8 y 9 del Código Europeo de la Buena Conducta Administrativa, pues su conducta ha estado guiada por presiones políticas de los grupos políticos contrarios a la petición".

Más concretamente, acusan a la Comisión PETI de haber obrado "con un interés partidista, obedeciendo a presiones políticas de un grupo político, el de los Socialistas & Demócratas , que había pedido reiteradamente el cierre de la petición por razones políticas, hasta que lo ha conseguido". También de no haber atendido "la petición de la Junta de Andalucía de aclarar todas las dudas que el sistema de subastas de medicamentos provoca".

Seguidamente, consideran que la Comisión PETI "no ha sido coherente con su propia práctica administrativa, ni con la actuación administrativa del Parlamento Europeo", y que de esta forma podría haber incurrido la en violación del artículo 10 del Código. En particular, dicen, "por que la petición escrita ha sido cerrada sin ninguna investigación ni debate sobre el fondo de los asuntos, y sin que se conozca la posición de la comisión ENVI".

Denuncian trato parcial, injusto y poco razonable

Además, consideran que en la reunión del 24 de abril de la Comisión PETI, se les dio un trato "parcial, injusto y poco
razonable, al disponer de cinco minutos de exposición verbal, mientras que otros intervinientes, como Soledad Cabezón, de los S&D, dispusieron de más de siete minutos en su intervención, junto con los cinco minutos que la presidenta concedió a la representante del Gobierno regional de Andalucía". Antes de pasar a la votación, pidieron reiteradamente el uso de la palabra, y recuerdan que se les fue negado por la presidenta de la comisión PETI,
"en manifiesta violación del artículo 16 del Código", aseguran.

Para concluir, denuncian la falta de respuesta a las comunicaciones "que le han enviado los peticionarios, en particular ni a la petición complementaria de investigación del día 24 de abril de 2018, ni al correo electrónico que los
peticionarios dirigieron a la presidenta de la comisión PETI el 27 de abril de 2018, en supuesta violación del principio de buena administración".