El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, y el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, han mantenido este lunes una reunión de trabajo con la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo y el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, en la sede del Ministerio de Sanidad.
Durante la misma los representantes autonómicos pidieron a Carcedo que analizara la propuesta presentada por Canarias y que estaba previsto ser analizada antes del verano en la reunión del Consejo Interterritorial del SNS monográfico sobre financiación sanitaria que se pospuso antes del verano.
Tal y como ha explicado el Gobierno canario en un comunicado, la ministra se ha comprometido a estudiar la propuesta. En esencia, tal y como le ha explicado el consejero Baltar, la propuesta es que se revise el sistema actual y se actualice teniendo como referencia los datos de población ajustada y no los del padrón para poder establecer las necesidades de gasto de las CCAA y determinar objetivamente los costes de las prestaciones. Además, incluye que se tenga en cuenta, como indicador, el estado de salud de la población, al ser un aspecto que incide directamente en las necesidades de gasto de los servicios sanitarios, y que es un indicador que actualmente presenta una gran desigualdad entre CCAA.
Baltar también planteó a la ministra la situación de los pacientes canarios diagnosticados de Fibrosis Quística pendientes de la aprobación del fármaco Orkambi. Al respecto, la ministra emplazó al consejero a la próxima reunión de la comisión de Farmacia del Ministerio con las comunidades autónomas, prevista para el 30 de noviembre, en la que se tratará la posible inclusión de este medicamento en la cartera de servicios pública.
Compromiso para la Mejora de la Sanidad en Canarias
El consejero de Sanidad y el director del SCS expusieron a la ministra el proyecto que están desarrollando en las Islas a través del Compromiso para la Mejora de la Sanidad Pública Canaria que cuenta con la adhesión de más de 60 organizaciones entre sindicatos, colegios profesionales y asociaciones de pacientes y usuarios y que cuenta con una ficha financiera de 190 millones de euros para un plan de acciones de mejora que afectan tanto a los profesionales del SCS como a los pacientes.