Con la amenaza pendiente de una nueva convocatoria electoral de no lograrse un acuerdo antes del 25 de agosto, PSOE y ERC se afanan en conseguir un entendimiento que permita sacar adelante la investidura de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat catalana e iniciar así la conformación de un Gobierno de coalición entre estas dos formaciones, posiblemente acompañados por los Comunes, la marca catalana de Sumar, que ya se ha mostrado a favor de esta vía.
El objetivo es conseguir, antes de finalizar el mes, lograr ese acuerdo político entre ambas formaciones y dar margen a los dirigentes nacionalistas para poder explicárselo a sus bases, antes de que llegue ese 25 de agosto sin contar con un candidato y arrastrando a Cataluña a un nuevo proceso electoral.
La financiación autónoma es la clave sobre la que gira el preacuerdo. La postura de ERC es clara la única forma de que los socialistas obtengan sus votos en el Parlamento, es comprometiéndose a "sacar a Cataluña del régimen común" y darle un régimen fiscal similar a las denominadas comunidades de cupo, como son Navarra y País Vasco. La respuesta de los socialistas, por el momento, se centra en conceder "singularidades" que mejoren el sistema de financiación autonómica. Esta es "una cuestión de justicia", señaló Illa, el pasado mes de junio. Estas singularidades pasarían por desarrollar una agencia tributaria autonómica o crear un consorcio entre el Estado y la Generalitat para recaudar impuestos.
Las propuestas socialistas no han acabado de seducir a ERC, que por otro lado tampoco quiere verse como el responsable de un nuevo proceso electoral, por lo que ambas formaciones siguen trabajando en pos de un acuerdo.
Un acuerdo que es visto por el resto de comunidades autónomas con suspicacia y como “una mera compra de votos”, en palabras del presidente valenciano, Carlos Mazín. Todo ello, en un contexto de prórroga de presupuestos y de una situación política que no avanza desde el pasado mes de abril, y que no resulta positivo para aclarar el panorama político y de gestión administrativa en Cataluña. Sin tiempo para aprobar unas nuevas cuentas para este ejercicio y con el panorama de un adelanto electoral, el próximo año muy probablemente la comunidad catalana tenga que empezarlo con una nueva prórroga presupuestaria.
La sanidad será una de las áreas más afectadas, ya que con un acuerdo de gobierno, se podrían activar alguna de las partidas presupuestarias extra previstas ya en las cuentas presentadas para este año y que no fueron aprobadas (aproximadamente 1.000 millones de euros). Estas partidas iban dirigidas a la contratación de médicos, al desarrollo de atención primaria y a garantizar los niveles mínimos que garanticen la actividad.
Por el momento, tan solo se ha añadido un suplemento de crédito de 661 millones de euros, diseñado en un principio para hacer frente la temporada estival.
Lo que queda bastante lejos es la alternativa programática que ofrecieron los socialistas en su programa electoral. Por el momento que la sanidad catalana disponga de una inversión equivalente al 7% de su PIB queda bastante lejana... así como otras cuestiones como la nueva distribución sanitaria para dar equidad territorial a los recursos, o la Agencia de Salud Pública de Cataluña.
