Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma
Con la última publicación del borrador del Real Decreto de Financiación y Precio de Medicamentos y Productos Sanitarios hay, al menos, dos cosas que no entiendo. Una que tiene que ver con las formas y otra con el fondo.
La cuestión de fondo es la marcha atrás que el Ministerio ha dado en el ‘blindaje’ de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) que el anterior borrador establecía. Yo ya dije al ver esas líneas que no pensaba que llegara al Boletín Oficial del Estado (BOE) y no me equivoqué. Es cierto que las comunidades autónomas no están conformes con un IPT estricto. Es posible que sea difícil hacer un IPT blindado ante las reevaluaciones, pero esa era una de las bases sobre las que se presentó este tipo de informes. Y si no se hace así, lo único que se conseguirá con los IPT es establecer un nuevo paso de evaluación de los medicamentos de forma que se alarguen los plazos que los pacientes tienen que esperar para acceder a las innovaciones.
Por este motivo, creo que es necesario replantear los IPT. No es serio que en algunas autonomías el IPT se restrinja a nivel autonómico y, posteriormente, se vuelva a restringir a nivel hospitalario haciendo más evidentes que nunca las diferencias entre pacientes en función de su código postal. Es más, hay casos en los que es una de las comunidades autónomas que han realizado un IPT concreto la que, posteriormente, en la aplicación del mismo en sus hospitales, lo reevalúa y restringe. Incomprensible. Por todo ello, creo que es necesario avanzar hacia un modelo que otorgue tanta participación a las comunidades autónomas que, finalmente, no sea necesario reevaluar nada. Y si eso no es posible, pues no veo qué es lo que viene a aportar el IPT frente a lo que se hacía antes.
Los objetivos con los que se iniciaron los IPT fueron dos principalmente. Avanzar hacia la equidad y acelerar el acceso. Si no se cumple con ninguno de ellos, creo que aunque sea una buena iniciativa, como dijo recientemente la directora de la Agencia Española de Medicamentos, Belén Crespo, ante las decenas de parlamentarios que acudieron a la I Jornada para Parlamentarios de la Sanidad que organizó Diariofarma, habría que replantearse su ser.
Las formas
La cuestión de las formas se refiere al empeño que tiene el Ministerio de Sanidad por seguir avanzando en el procedimiento de un real decreto que todo el mundo descuenta que no verá el BOE. Y, si esto es así, ¿por qué se empeña el Ministerio de Sanidad en seguir trabajando y hacer trabajar al sector en este asunto? Llevamos esperando este texto ya tres años y, total, puesto que no va a ver la luz antes de seis meses, incluso en el caso en que gobernara el Partido Popular, ¿qué más da adelantar tres o cuatro meses su aprobación.
El apartado de proyectos normativos de la web del ministerio mantiene a día de hoy 44 proyectos de orden ministerial o real decreto en los que ha trabajado el Ministerio de Sanidad y que no verán la luz. Es un trabajo tirado a la basura que, dada la escasez de recursos que tiene, el Ministerio debería analizar bien a qué los dedica. Pero no solo eso. Abrir ahora un periodo de alegaciones para un texto que no verá la luz es hacer trabajar a todo el sector en algo absurdo. Es, desde mi punto de vista, una falta de respeto al trabajo de los profesionales. Algo similar a lo que está ocurriendo con la Orden de Precios de Referencia, que se esperaba para agosto, luego para septiembre y ahora … ni se sabe. Al sector le beneficia este retraso y las arcas públicas no se verán afectadas por el mismo ya que el gasto está controlado. Pero me parece una falta de respeto hacia el sector haberle tenido durante más de dos meses, incluyendo agosto, en plenas vacaciones, con un ojo en el BOE para nada.
Por todo ello, creo que no estaría de más que la Administración piense un poquito en los administrados y no los trate como súbditos sino como a quien tiene que servir y dé los pasos para que esto, de una vez, sea así.