La Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU), en colaboración con los representantes comunitarios de médicos (CPME) y dentistas (CED) organizó la semana pasada una reunión en el Parlamento Europea, auspiciada por los eurodiputados Lieve Wierinck, de los liberal-demócratas, y Peter Liese, del Grupo Popular Europeo, en la que se abordó la posibilidad de excluir a las profesiones sanitarias, incluida la farmacéutica, de la Directiva sobre la aplicación de test de proporcionalidad a la regulación sobre las profesiones. Durante la jornada, se pudieron ver las discrepancias entre la Comisión de Mercado Interior, encargada de sacar adelante la Directiva, y la de Medio Ambiente y Salud Pública, con una posición radicalmente contraria.
Irmfried Schwiman, representante de la Comisión de Mercado Interior, comenzó su intervención apelando a las malas interpretaciones que se han hecho de la Propuesta de Directiva, que, argumentó, está "en línea con lo establecido con lo dictado en el Artículo 59 de la Directiva de Cualificaciones Profesionales (DE 2013/55/UE)". A este respecto, cabe recordar que el citado artículo obliga a los Estados miembro a enviar una relación detallada de las profesiones regladas, incluyendo las actividades cubiertas y una justificación de dicha lista. También se obliga a los países a examinar si los requisitos de acceso a la profesión "no son ni directa ni indirectamente discriminatorios por razón de nacionalidad o residencia, si están justificados por razón imperiosa de interés general, o si se ciñen al cumplimiento de los intereses perseguidos, sin excederlos".
"La intención de esta Directiva no es decirles a los Estados miembro cómo tienen que regular sus profesiones, sino obligarles a que se pregunten honestamente una serie de cuestiones en relación con esa regulación y obtener respuestas que a día de hoy no estamos obteniendo. Es una forma de que puedan anticiparse en la solución de sus problemas antes de que tengamos que intervenir", afirmó. Y continuó: “El resultado de esa evaluación determinará si tienen que introducir algunas modificaciones. El objetivo final es armonizar la forma en la que esas evaluaciones se realizan y aumentar la transparencia para que los Estados miembro puedan comprobar si con su regulación están socavando la posibilidad de que profesionales de otros países ejerzan en ellos".
Opiniones en contra de la inclusión
Previa a la intervención de Schwiman se produjo la de Lieve Wierinck, del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa, quien se mostró a favor de "legislar y regular el mercado interno siempre que sea para dotarlo de mayor libertad" y, en este sentido, reconoció que la proporcionalidad "es un principio que guía la legislación en la UE y por eso debe ser respetada". No obstante, se preguntó si debería ser aplicado de la misma manera en las profesiones de la salud que para el resto y defendió que es gracias a que las profesiones sanitarias están reguladas que los sistemas europeos estén "en lo más alto del ránking mundial" en lo que respecta a protección de la salud, defendiendo implicitamente la exclusión de las profesiones sanitarios de la aplicación de la futura Directiva.
También participó en el encuentro Remy Petitot, en representación de la Comisión de Medio Ambiente y Salud Pública, que en su proyecto de opinión también ha defendido dicha exclusión. "Pensamos que deben las profesiones sanitarias deben quedar excluidas del ámbito aplicación de estos test, ya que no se ajustan a la misión específica de estas profesiones". Y añadió: "Hay una buena razón por la cual las profesiones sanitarias están reguladas, y es que no están enfocadas al negocio como cualquier otra, sino que hay una misión de servicio público a los pacientes".
Durante el debate también intervinieron representantes de las tres asociaciones profesionales, que defendieron una línea argumental similar a la de Petitot. En el caso concreto de la PGEU, el encargado en intervenir fue Rajesh Patel, quien opinó que las evaluaciones sobre la proporcionalidad de las profesiones sanitarias es algo en lo que ya están trabajando las profesiones de los distintos países y que, en vez de introducir una normativa adicional, la Comisión Europea debería centrarse en forzar la implementación de la Directiva de Cualificaciones Profesionales en aquellos aspectos que considere necesarios".
