El modelo español de farmacia vuelve a estar en el punto de mira de la CE

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, hizo referencia el pasado 19 de julio, durante la jornada celebrada en la Sala Campoamor del Congreso de los Diputados, a un nuevo movimiento de la Comisión Europea (CE) que podría alterar el modelo farmacéutico español. Se trata de la 'Propuesta de Directiva relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones', presentada el pasado mes de enero y que está inmersa en pleno proceso de presentación y aprobación de posibles enmiendas. Aguilar afirmó, a este respecto, "que los sistemas regulados se encuentran, a día de hoy, entre los mejores del mundo" y recordó que el Tribunal Superior de Justicia de la UE ya ha reconocido "el derecho de los Estados a legislar de forma que se proteja la salud pública".

En la propia presentación de la Propuesta, la CE ya hablaba de un total de "50 millones de personas (el 22% de la población activa europea) que desempeñan profesiones cuyo ejercicio está condicionado a la acreditación de cualificaciones específicas o en las que está protegida la utilización de un título concreto, por ejemplo en el caso de los farmacéuticos o los arquitectos". En este sentido, y aceptando que en la mayoría de los casos la regulación "está justificada e incluso es bienvenida, como, por ejemplo, en lo que se refiere a la salud y la seguridad", la CE defiende en la exposición de motivos la necesidad de "garantizar que la regulación sea adecuada a su finalidad y no cree cargas injustificadas", para lo cual, prosigue el texto, "debería analizarse a fondo, de manera que se reconozca plenamente el efecto que ejerce sobre las partes interesadas y sobre el entorno empresarial en su conjunto". De ahí que propongan la aplicación de los citados test de proporcionalidad.

En cuanto a la base jurídica de la Propuesta, ésta se apoyaría en los artículos 46, 53 y 62 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), que establece el derecho de las instituciones comunitarias a actuar en el ámbito de la regulación de las profesiones para alcanzar los objetivos del mercado interior. Estos artículos se refieren, respectivamente, a la libre circulación de trabajadores, el acceso a las actividades por cuenta propia y la libre prestación de servicios. Estos preceptos legales se verían acompañados, sigue el texto, por el principio de subsidiariedad, que permite una cierta intervención cuando dichos objetivos no puedan ser alcanzados por los Estados y eso genere heterogeneidad entre ellos. "Estudios independientes y otros encargados por la Comisión muestran que la regulación desproporcionada tiene efectos negativos en el empleo, el crecimiento, las posibilidades de elección de los consumidores, los precios, la innovación, la inversión y el comercio", prosigue, con una cita expresa al "aumento del empleo de jóvenes farmacéuticos conseguida con la reforma Bersani, en Italia, en 2006", la cual abrió la puerta a la dispensación de medicamentos sin receta fuera de la oficina de farmacia.

La Propuesta, continúan, también se apoya en el principio de proporcionalidad, enunciado en el artículo 5.4 del Tratado de la Unión Europea, que señala la obligación de buscar el equilibrio entre la garantía de los objetivos de interés público y la calidad de los servicios, por un lado, y la mejora del acceso de los profesionales a una profesión regulada y su ejercicio, garantizando, a la vez, una mayor posibilidad de elección para los consumidores. En cuanto a la elección de la Directiva como figura normativa para regular esta cuestión, destacan, por un lado, su "flexibilidad" en cuanto a la transposición y aplicación, aunque al mismo tiempo reconocen su carácter "vinculante".

De los considerandos que pueden afectar a la oficina de farmacia, destaca el 2, que reconoce el derecho de los Estados a regular una profesión, añadiendo como límites los principios de no discriminación y proporcionalidad; el 7, que indica que la Directiva se refiere a actividades incluidas entre las profesiones reguladas por la DE 2005/36/CE, entre ellas la profesión farmacéutica, y el 12, que reconoce la capacidad de maniobra de los Estados para regular las cualificaciones profesionales específicas para acceder a actividades por cuenta propia o ajena cuando sirvan para proteger el interés público, incluida ahí la salud pública, aunque identifica igualmente el equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los consumidores, de los destinatarios de servicios y trabajadores, así como la equidad de las transacciones comerciales como "razones imperiosas de interés público" reconocidas por el Tribunal de Justicia.

Ya en el articulado, los que afectan al modelo de farmacia serían, principalmente, el 2, que advierte que la Directiva se aplicará a "los requisitos que restringen el acceso a una profesión regulada, o su ejercicio, o una de sus modalidades de ejercicio, como puede ser el uso de títulos profesionales y las actividades profesionales permitidas en virtud de dicho título, incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/36/CE", entre las que se encuentra la actividad farmacéutica; y también el artículo 6, que establece los aspectos a tener en cuenta en la aplicación del test de proporcionalidad, entre los que se encuentran los incluidos en el considerando 12 y otros de otra naturaleza.

Enmiendas a la Propuesta de Directiva 

Conocida la letra y el espíritu de la Propuesta de la Comisión, cabe destacar las reacciones que se han producido hasta la fecha, en forma de dictámenes motivados o enmiendas. En primer lugar, habría que señalar el Dictamen motivado del Consejo Federal austriaco (Bundesrat), que opina que "no es necesaria una propuesta de Directiva para la creación de criterios adicionales (se refieren a los incluidos en el artículo 6)", y señalan que "la formulación de recomendaciones sería un medio menos restrictivo e igualmente apto para el logro de los objetivos". Asimismo, consideran que el catálogo de criterios es "demasiado amplio y excesivo" y no alcanzan a ver, dicen, "el valor añadido de la realización de tal test con respecto al análisis de consecuencias previsto ya por la legislación austriaca". Que se sepa, no ha habido ningún movimiento similar por parte del Estado español, más allá de las declaraciones del diputado popular, José Ignacio Echániz, en la jornada celebrada por el CGCOF, a favor de excluir a la profesión farmacéutica de la aplicación de la Directiva.

Sí han presentado enmiendas algunas comisiones del Parlamento, que habrían recibido para ello el parecer de la PGEU (entidad que representa a los farmacéuticos a nivel europeo. Un ejemplo de ello es el Proyecto de Opinión presentado por Françoise Grossetête, del Grupo Popular Europeo, en nombre de la Comisión de Salud Pública y Medio Ambiente, que incluye una enmienda al considerando 7 de la exposición de motivos, en la que apela al respeto de las responsabilidades de los Estados miembro, como están definidas en el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, "en lo que respecta a la definición de su política de salud, así como a la organización y prestación de servicios sanitarios y atención médica por las profesiones reguladas designadas a tal efecto". Y con este fin, reclaman "la exclusión de dichas profesiones reguladas del ámbito de aplicación" de la citada Directiva.

Asimismo, llaman a incluir en el considerando 12 del mismo apartado de la futura Directiva que "es necesario tener en cuenta que la salud y la vida de las personas ocupan el primer puesto entre los bienes e intereses protegidos por el Tratado", y para garantizar un nivel elevado de protección "se les reconoce (sustituyen esta expresión por la de deben disponer de) a los Estados miembro cierto margen de maniobra a la hora de decidir sobre el grado de protección que desean asignar a la salud pública y sobre cómo lograr dicha protección".

Por último, proponen una modificación del artículo 2, con una redacción que sigue así: "Sin perjuicio de la aplicación de la Directiva 2005/36/CE, la presente Directiva no se aplicará a las profesiones que prestan servicios de asistencia sanitaria, con independencia de que estos servicios se presten o no en establecimientos sanitarios e independientemente de su modo de organización y de financiación a escala nacional o de su naturaleza pública o privada".

También se ha elevado un Proyecto de Opinión desde la Comisión de Asuntos Jurídicos, con una ponencia liderara Gilles Lebreton, eurodiputado del Frente Nacional francés, incluido en el Grupo Europa de las Naciones y de las Libertades. En él proponen completar el considerando 2 con una alusión al artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), para "excluir de las medidas de armonización y ofrecer a los Estados miembros amplio margen para establecer su normativa en lo que respecta a la política de salud, así como en la organización y prestación de servicios sanitarios y de atención médica". También hacen referencia en la redacción propuesta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, que reconoce la posibilidad, en lo que respecta a las profesiones relacionadas con la salud, de "que los Estados miembros limiten la libertad de establecimiento para proteger la salud pública y la seguridad jurídica".

La Comisión de Asuntos Jurídicos también propone una nueva redacción del artículo 6 de la Propuesta de Directiva, que quedaría como sigue: "La presente Directiva no se aplicará a los siguientes sectores de actividad para los que el TFUE prevé normas específicas: la protección de los consumidores, los transportes, la salud y el turismo".

Una vez presentadas las enmiendas, habrá que esperar a la votación de las mismas en el Parlamento Europeo, un trámite que se espera que tenga lugar a la vuelta de vacaciones, entre septiembre y octubre, fecha en la que se sabrá si la profesión farmacéutica, como actividad sanitaria, queda excluida de la aplicación del test de proporcionalidad.

Apoyos al modelo en el contexto nacional

De cara a esa votación, el diputado popular, José Ignacio Echániz, mostró, durante la jornada celebrada por el CGCOF, su apoyo y el de su partido "frente a la nueva amenaza que se cierne sobre la farmacia". Y en este sentido, y pese a los amagos liberalizadores de miembros del Grupo Popular, como los liderados por el ministro De Guindos, defendió que la aplicación de los test "tiene que tener excepciones" y, dentro de ellas, incluyó la sanidad, más concretamente, la actividad que realiza la oficina de farmacia, que, dijo, "ha demostrado que funciona bien". Por eso, pese a declararse "liberal convencido, firme creyente en el libre mercado", lanzó un llamamiento al resto de fuerzas políticas para "proteger el modelo farmacéutico".

El que también parece haber renegado de sus principios liberales, cuando se habla del modelo de oficina de farmacia, es el Grupo Ciudadanos. Su portavoz de Sanidad en el Congreso de los Diputados, Francisco Igea, participó en la jornada del CGCOF y reconoció que, pese a que "la revisión de las políticas públicas, para ver lo que funciona y lo que no" es una máxima que defiende su partido, habrían "cambiado los planteamientos iniciales" en lo que respecta al modelo farmacia. Para justificar este cambio, y pese a que todavía se escuchan voces dentro del partido naranja que llaman a revisar el modelo, se refirió a "los datos de gasto en farmacia, que nos sitúan en la media de la OCDE", lo cual les hace pensar que el modelo actual "está dando buenos resultados".