La gestión que las comunidades autónomas y los hospitales, así como otros agentes reguladores, están haciendo de los medicamentos biosimilares y, en general de los biológicos, presenta en los últimos tiempos algunos aspectos positivos y otros negativos para algunos pacientes, médicos y juristas.
Así lo ven los representantes de algunas sociedades científicas y organizaciones de pacientes que elaboraron una declaración conjunta acerca de la prescripción, uso y acceso a los medicamentos biológicos el pasado mes de marzo y de la que ahora hacen balance en un acto inaugurado por el Rector de la UIMP, César Nombela, quien ha señalado que “el uso de fármacos biológicos y biosimilares demanda unos criterios claros de utilización”.
Los participantes, hasta 19 entidades, que han contado con la colaboración de AbbVie, MSD España, Roche y Sanofi, han visto en estos meses algunas cuestiones positivas, como la moción presentada en el Senado por el PP en la que pide que se regule la intercambiabilidad. Este aspecto fue uno de los recogidos en el documento consensuado por estas entidades y ha sido muy bien valorado por el coordinador del grupo, Julio Sánchez Fierro. A este respecto, este jurista puso de manifiesto que no es necesario hacer algo muy extenso y puso el ejemplo de la norma sobre intercambiabilidad aprobada en Francia el año pasado y que se centra en tres aspectos: informar a los pacientes y obtener su consentimiento, monitorizar el tratamiento y garantizar la trazabilidad y farmacovigilancia.
Si este asunto de la moción del PP ha sido visto como positivo en estos meses, por el contrario, Sánchez Fierro criticó el “comportamiento es manifiestamente mejorable” de algunas administraciones. Según indicó hay circulares y notas internas acerca de sustitución de productos biológicos “con muy bajo nivel de transparencia”.
Esta misma situación fue denunciada por Antonio Bernal, presidente de la Alianza General de Pacientes, que aseguró, sin detallar mucho más, tener documentación interna instando a las sustituciones, y llegó a tildar de “estafa” la sustitución de un medicamento sin conocimiento del paciente. Bernal también manifestó su apoyo a los biosimilares “si el médico lo considera”.
Posicionamiento de Facme
Por su parte, la presidente de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEF-C), Cristina Avendaño, que acudía en representación de Facme, explicó que las sociedades científicas están trabajando en un posicionamiento común de las sociedades más enfocado a prescripción y la introducción en el sistema, “que se presentará en breve”. Este posicionamiento, según Avendaño, “se muestra favorable a la incorporación de biosimilares en el sistema a la vez que define algunos límites de orden médico y legal a las políticas de introducción de biosimilares, insistiendo en la no sustitución del medicamento prescrito a un paciente”.
La presidente de la SEF-C avaló las garantías que tienen los biosimilares y detalló sus beneficios para el sistema. “Los médicos estamos comprometidos con su introducción; la única precaución es que las políticas que se utilicen respeten los criterios técnicos y legales que avalan su uso seguro”. Estos criterios son, según Avendaño, la prescripción por marca, la no sustitución y la ausencia de cambios masivos. La decisión de instaurar un tratamiento “no puede salir del binomio médico-paciente”, aseguró.
En lo que sí estuvo de acuerdo Avendaño es en el fomento del uso de biosimilar para los pacientes nuevos. Eso sí, ante decisiones de obligatoriedad “debe ser siempre con acuerdo de todos los que participan, con discusión previa, sobre las diferencias de precio, dispositivos y con transparencia”.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: