El director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria, José Ramón Luis-Yagüe, considera que la publicitación del precio exclusivo en los pliegos de contratación, a consecuencia de la transparencia que promueve la nueva Ley de Contratos del Sector Público “puede dar lugar a que no se alcancen esos precios” en los procesos de licitación. De este modo, la transparencia de los precios confidenciales podría llegar a “ser perjudicial para el Sistema Nacional de Salud”, así como para los laboratorios.
Así lo explicó Luis-Yagüe en su intervención durante la mesa ‘Hacia una transparencia integral de la nueva contratación’ dentro del marco de la jornada celebrada por el Capítulo Español de Ispor, y cuyo objetivo fundamental fue dar una visión novedosa a la nueva Ley de Contratos. Por este motivo, el representante de la patronal farmacéutica consideró que “no se deberían divulgar de forma pública los precios”. Aunque la nueva ley abogue como “principio fundamental la transparencia, no debe entrar en conflicto con la confidencialidad, en el supuesto de medicamentos exclusivos”, zanjó.
A este respecto, el vocal asesor del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Francisco Valero, explicó que de cara a la formulación de los nuevos pliegos de contratación de acuerdos marco de medicamentos tiene “dos inquietudes que han intentado solucionar”. Por un lado, cómo tramitar los acuerdos marco para vincular la posible oferta de precio “en función del negocio real”, es decir que las cantidades de producto licitado sean lo más fijas posibles y no estimadas. Por otro lado, que los precios, respecto a medicamentos exclusivos, “puedan estar dentro de ese derecho de confidencialidad” que tienen las compañías farmacéuticas. Valero también explicó que desde Ingesa están en conversaciones con Farmaindustria y las comunidades autónomas para “dar respuesta a estos aspectos”.
Con respecto a la confidencialidad de los precios, la patronal espera tener una cobertura legal adicional para su justificación. Por ese motivo, Luis-Yagüe explicó que Farmaindustria está en conversaciones con los grupos parlamentarios para que la nueva Ley de Secretos Empresariales, que se encuentra actualmente en tramitación parlamentaria, contemple “amparar la confidencialidad de los precios de los medicamentos exclusivos”.
Por su parte, el objetivo de dar previsibilidad a las compañías a la hora de licitar es muy importante para la industria. A este respecto, el representante de Farmaindustria señaló que “es fundamental que se aseguren los volúmenes de compra o que, al menos el precio los tenga en cuenta, no debe recurrirse a dobles vueltas”. Si no se hace así, según Luis-Yagüe, las empresas participantes “podrían no hacer la mejor oferta si no tienen seguridad del volumen real”.
El representante de Famaindustria también quiso poner el acento en la falta de adaptación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público a las necesidades de la compra de medicamentos, por ese motivo, considera necesario que “alguien diga si la Ley de Garantías va a primar sobre la normativa de contratos o no”. De otro modo, Luis-Yagüe augura un “choque de trenes”. A este respecto recuerda que ya el Tribunal Supremo, con su sentencia de las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATEs) en Andalucía aseguró que “la norma de contratación se debe interpretar de acuerdo a la ley sectorial, en este caso, la Ley de Garantías”.
A este respecto, Luis-Yagüe consideró necesario que el sector sanitario hubiera contado con “un marco normativo específico” en contratación. Además de “haber perdido una oportunidad”, el representante de Farmaindustria se mostró preocupado ante lo que pueda suceder por la posible promulgación de diversas normas en las comunidades autónomas. De este modo, “entramos en un ámbito de incertidumbre muy superior, si nos enfrentamos a que las CCAA puedan desarrollarla”.
En la mesa también participó el director legal de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), Pablo Crespo, que explicó que con la nueva ley, el “perfil del contratante es un espejo real de la actividad” de estos, ya que la ley regula que se tiene que proceder a la publicación de toda la información. No obstante, debe garantizarse que la “transparencia no menoscabe los derechos de confidencialidad de las compañías”. Crespo también consideró la transparencia como “un valor seguro para garantizar prácticas éticas y un marco de contratación riguroso”. Ahora, aclaró, nos “van a obligar a explicar los diferentes precios por el mismo producto en distintos hospitales, y la industria tendrá que estar en posición para poder explicar estas variaciones”.
El representante del Ingesa se mostró como un defensor a ultranza de la transparencia. “La transparencia debe impregnar a toda actuación pública, esta transparencia es el mejor antídoto frente a la corrupción”. Según él “la corrupción produce deslegitimación política y social respecto a las obligaciones que los ciudadanos tenemos para aportar recursos al sistema público”. Además, este ponente destacó que la nueva ley establece con “mayor claridad la calidad y transparencia de la información a presentar y publicar”. Por ese motivo, actualmente Ingesa está realizando actuaciones adicionales con respecto a las exigencias de transparencia en la contratación pública.
Otros aspectos relevantes en materia de tranparencia que aportará la nueva ley es la publicación de todos los contratos menores cada tres meses, algo que podría tener “impacto” según Crespo, así como la publicación de las modificaciones que se realicen de los contratos, algo que también aportará transparencia.
Entiendo que a la industria no le guste la transparencia de los precios pero a pacientes y consumidores probablemente si. El que los precios sean conocidos obliga a la industria a competir como en cualquier otro canal. El que pueda competir, compite y el que no pueda competir no estará. Como en cualquier otro canal.