El Ministerio de Hacienda ha hecho público el 'Programa Nacional de Reformas de España 2018', con una mención específica a la consolidación y desarrollo de las medidas adoptadas "para la sostenibilidad y eficiencia del gasto farmacéutico y sanitario de las Administraciones Públicas", incluyendo ahí el establecimiento de un límite de gasto en productos farmacéuticos y sanitarios obligatorio para aquellas comunidades adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El informe indica que dicho límite fue sobrepasado en 2016 por seis de las 12 regiones sobre las que aplica (serían Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia), aunque la última actualización de la serie publicada por el Departamento que dirige Cristóbal Montoro dejaría fuera de la lista a Cataluña y Murcia, que no habrían superado el techo, establecido en el 1,8% (su gasto habría crecido un 1,4 y un 1,6%, respectivamente).
Hacienda asegura en el documento remitido a Bruselas, no obstante, que se habrían establecido los mecanismos de cooperación con seis CCAA, "para el estudio y análisis de posibles medidas correctoras", y aunque Diariofarma ha intentado contrastar la información con el Ministerio, la respuesta ha sido que dichos datos, recogidos en el informe elevado a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), no son públicos.
El Plan de Reformas recoge, entre otros muchos asuntos, las medidas impulsadas para garantizar la sostenibilidad y eficiencia del gasto sanitario y farmacéutico, como son la publicación mensual detallada de la información sobre el gasto de las CCAA y Administración Central; el diseño de un instrumento voluntario para las CCAA, aunque obligatorio para las adheridas al FLA, que establece un máximo anual de crecimiento de este gasto que viene dado por la tasa de crecimiento a medio plazo de la economía y que incluye medidas correctoras para las incumplidoras; la aplicación de esta regla a las entidades de la Administración central, y la firma de convenios entre la Administración General del Estado y Farmaindustria para garantizar la sostenibilidad y la innovación, calidad y competividad de los productos sanitarios y farmacéuticos.
A este respecto, señalan que el 26 de octubre de 2017 se elevó el primer informe sobre cumplimiento de la regla de gasto a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), según lo previsto en el Instrumento de Apoyo a la Sostenibilidad del Gasto Farmacéutico y Sanitario, el cual se creó con la Ley Orgánica 6/2015, que modificaba la LO 8/1980, de financiación de las Comunidades Autónomas, y la LO 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. De ese informe, que incluía datos actualizados a octubre de 2017, se extraía que eran seis las autonomías incumplidoras, aunque, tras un seguimiento de la serie, Diariofarma ha podido comprobar que hubo un ajuste de cifras al cierre del año 2017, que reduciría ese grupo a solo cuatro. A ellas habría que sumar las mutualidades Muface y Mugeju, gestionadas por la Administración central, con 2,4 y 2,8% de incremento de gasto, respectivamente.
Condiciones y consecuencias
En lo que respecta al cumplimiento de la regla de gasto sanitario y farmacéutico de las adheridas al FLA, el artículo 114.1 de la LO 6/2015 establece que "cuando una comunidad autónoma se haya adherido a este instrumento, la variación interanual, a ejercicio cerrado, del gasto farmacéutico, tanto hospitalario como en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación, y del gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación, no podrá ser superior a la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española" (fue del 1,8% en 2016), y en el 114.2 dice que será "la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos" la que "evaluará el grado de cumplimiento", informando anualmente en el Consejo Interterritorial.
Además, el artículo 115 recoge las "consecuencias de la superación del límite". Así, en el apartado a se indica claramente que "la comunidad autónoma no podrá aprobar la cartera de servicios complementaria" y "no podrá prestar servicios distintos de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud". Asimismo, el apartado b les niega "el acceso al reparto de recursos económicos que en materia sanitaria se realice por parte de la Administración General del Estado" y el c fija la obligación de "aplicar las medidas de mejora de la eficiencia y sostenibilidad del sistema sanitario que sean acordadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos".
Cooperación bilateral para establecer medidas
Según el Programa Nacional de Reformas, aunque el incremento del gasto en el conjunto de las CCAA ha sido del 1%, inferior al límite establecido del 1,8%, "en 2018 se han establecido mecanismos de cooperación bilateral con las seis CCAA que han superado el límite de gasto en 2016, para el estudio y análisis de las medidas correctoras". Asimismo, adelantan que en 2017 han sido de nuevo 12 las CCAA adheridas al instrumento y que procederá evaluar el cumplimiento del límite de gasto a lo largo de 2018. Según los datos provisionales que Hacienda ha publicado del gasto en productos farmacéuticos y sanitarios de 2017 todas las comunidades afectadas estarían por encima del objetivo para 2017 (2,1%), excepto Murcia, que presenta exactamente un 2,1% de incremento de gasto con respecto a 2016.
Finalmente, informan de que la CDGAE ha acordado prorrogar de la vigencia del instrumento para el actual ejercicio, ya que dicen, "contribuye a la consolidación fiscal al favorecer la sostenibilidad y racionalidad del gasto en productos farmacéuticos y sanitarios", por lo que la evaluación deberá repetirse en 2019.
En cuanto al resultado de la firma de los convenios con Farmaindustria, Hacienda asegura en su informe que "han sido muy positivos, pues el crecimiento del gasto medicamentos originales no genéricos del SNS (lo sitúan en el 1%) ha sido inferior a la tasa de crecimiento medio del PIB", y recuerdan que el pasado 27 de diciembre de 2017 se acordó extender su vigencia para el 2018.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: