El Consejo de Ministros ha aprobado hoy que el covid-19 sea considerado enfermedad profesional para los trabajadores de la salud. Está media que ha sido demandada por el conjunto de las profesiones sanitarias, llega acompañada del derecho a que los jubilados puedan trabajar contra la pandemia y seguir cobrando la pensión.
Por el momento, el número de profesionales que se han infectado por covid-19 a lo largo de toda la pandemia asciende a 118.063 personas y 63 fallecidos. Una de las cifras más altas en términos proporcionales, de toda la UE.
La decisión ha sido anunciada esta mañana por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escribá. La medida tiene carácter retroactivo y afecta a todo tipo de personal que trabaja en un centro de salud.
Los profesionales sanitarios jubilados podrán también compatibilizar el cobro de su pensión con el trabajo profesional durante toda la pandemia.
Escribá ha indicado que esta medida, aprobada en forma de decreto, “va a permitir en determinadas circunstancias una mayor protección de los sanitarios que han contraído el virus”.
Esta medida ha sido demanda desde prácticamente el inicio de la pandemia por los colectivos sanitarios. Igualmente esta medida ha sido solicitada por la práctica totalidad de grupos políticos el pasado 22 de diciembre, cuando se aprobó una iniciativa en ese sentido en el Congreso de los Diputados.
Hasta ahora, el contagio era considerado como una “contingencia profesional derivada de accidente de trabajo”. Al convertirse ahora en enfermedad profesional, la cobertura por parte de la Seguridad Social alcanza a toda la vida del trabajador.
Igualmente, en caso de accidente laboral la cobertura solamente alcanza los primeros cinco años posteriores al momento del contagio. Igualmente, el reconocimiento de enfermedad profesional amplía la protección de los trabajadores a efectos de pensión y, permite también una mayor capacidad de solicitar indemnizaciones a lo largo de toda la vida, si provoca secuelas; o bien en caso de muerte.
La mayoría de los agentes sociales han expresado a lo largo de los últimos días su satisfacción por la aprobación de este nuevo decreto, si bien, se han expresado también voces que esperan una ampliación de la cobertura.
Así, CSIF ha indicado que la medida “es positiva” y ha pedido que se extienda al personal administrativo y otros servicios que desarrollan su actividad en centros sanitarios.
CESM también se ha mostrado a favor de la misma y ha confiado en la aplicación del principio retroactivo, para todos los profesionales.
Desde el ámbito político se ha acusado al actual Ejecutivo de “tufo electoralista”. Para el Partido Popular esta medida llega tarde y han acusado a Pedro Sánchez de “acertar cuando rectifica”. Los populares recuerdan que tanto PSOE como Podemos, votaron en contra de la medida en el Congreso y llega ahora en plena campaña electoral en Cataluña.
Nicolas Gonzalez Casares: