La investidura de Sánchez abre un nuevo escenario con muchas incógnitas en sanidad

A finales de esta semana, salvo un cambio de guion totalmente imprevisto, el actual presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, iniciará el proceso de investidura para reeditar una legislatura más al frente del Ejecutivo español. Sánchez llega a este nuevo escenario sin haber conseguido un respaldo mayoritario en las urnas, aunque sí parlamentario, a través de una madeja de acuerdos y pactos, a veces contrapuestos, con diferentes partidos políticos, que tienen amplio calado en todos los sectores de la sociedad española y también afectan especialmente a la sanidad.

La financiación de las comunidades autónomas y la condonación de deudas, la formación especializada y los acuerdos unilaterales de cesiones competenciales al margen del consenso que tiene que existir entre todas las CCAA, la imposición de nuevas normas jurídicas, como la de las listas de espera, aún sin esbozar y mucho menos sin justificación económica, crean importantes dudas en los entornos no solamente políticos sino también del ámbito sanitario. Igualmente, la falta de concreción de cuestiones que el Gobierno debería haber abordado ya, dentro del área sanitaria, como la homologación de un espacio común para la salud pública, o la modificación de la Ley de Garantías dentro del marco farmacéutico, sin contar con los planes estratégicos del sector, arrojan una serie de dudas considerables dentro del área sanitaria sobre el transcurrir de una legislatura, cuyo primer episodio, la investidura, comenzará esta misma semana.

Cronológicamente, la sucesión de pactos ha venido arrojando diversos resultados. El acuerdo entre PSOE y Sumar, fue el más rápido y el que menor orquestación necesitó. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz comparecieron con una propuesta de continuidad, en la que atendiendo exclusivamente a lo escrito en el papel firmado, Sumar realizó importantes concesiones al PSOE, al menos en el ámbito sanitario.

Los de Yolanda Díaz, en un ejercicio de real-politic abandonaron el objetivo de alcanzar el 7% del PIB en sanidad, que defendía Podemos en 2019; una cuestión que no debe extrañar teniendo en cuenta las previsiones de ‘congelación’ del crecimiento previstas por el Gobierno para este año y previsiblemente para los siguientes. Igualmente cedieron en uno de los principales escollos que jalonaron la legislatura que termina, como es la eliminación de los conciertos sanitarios. La aceptación implícita de la Ley de Equidad, conocida como la Ley Darias, que sigue durmiendo en el Congreso de los Diputados, abre lo que en su momento Podemos calificó como “una puerta de entrada encubierta a los conciertos con la sanidad privada”. Por otro lado, el acuerdo para la redacción de una nueva ley de listas de espera que regule la cuestión desde un ámbito nacional, puede llevar a conflicto al posible nuevo Gobierno, con todas las CCAA, tanto las gobernadas por el propio PSOE, como en las que Gobiernan las de sus socios nacionalistas. Desde el PP ya se ha criticado la realización de esta nueva ley, en la que ni PSOE ni Sumar han tenido en cuenta a los territorios que tienen competencia directa en este tema.

Si la negociación de Sumar pareció un mero trámite de continuidad para el actual Gobierno de España, el inicio de las negociaciones con los nacionalistas catalanes ofreció un perfil muy diferente. Los primeros en poner por escrito sus exigencias para el apoyo de la investidura fueron los nacionalistas de ERC.

Con Sánchez fuera del escenario y todo sometido a los denominados equipos de negociación, el ministro de Presidencia del Gobierno, Félix Bolaños, y el líder de ERC, Oriol Junqueras,  presentaron un texto que oficialmente ‘marca un precio’ al PSOE para contar con el apoyo de este partido.

A través de una interpretación muy amplia del acuerdo 158.1 del Estatuto de Autonomía catalán, Cataluña recibirá “el pleno desarrollo de la competencia en materia de investigación científica y técnica. Además, la Administración General del Estado consignará en los PGE  y transferirá anualmente a la Generalitat la parte correspondiente al Estado sobre proyectos estratégicos cuya cuantía no será inferior a 150  millones de euros”.

También se incluye el traspaso de competencias en materia penal, incluida la sanidad penitenciaria, que se enmarcará dentro de nuevo “sistema penal catalán”, así como el coste efectivo del traspaso en materia de becas y ayudas al estudio de la administración general del Estado, “lo que supondría un gasto total en el entorno de los 2 millones de euros”.

Y todo ello, enmarcado en una condonación de 15.000 millones de euros, la deuda catalana, y el reconocimiento “mutuo” sw la infrafinanciación de los servicios de esta comunidad autónoma, incluidos, especialmente, los del ámbito  sanitario. Según los puntos del acuerdo, en el primer trimestre de 2024, una comisión comisión bilateral entre el Gobierno del Estado y el de la Generalitat de Cataluña, abordarán esta cuestión.

Si ERC exigió un precio elevado para dar su apoyo, el nacionalismo del ala derecha representado por Junts, tampoco se ha quedado atrás. El secretario de organización socialista, Santos Cerdán y Carles Puigdemont han llevado el acuerdo por el autogobierno de Cataluña un paso más allá.

Sin entrar en aspectos concretos, la demanda de más competencias para la comunidad catalana implica a la sanidad. Entre ellas se plantea el desarrollo de la Formación Sanitaria Especializada, que también han reclamado PNV, Bildu y BNG, a cambio de su apoyo y que podría implicar el paso de la competencia desde el Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas. Cabe pensar que esta cesión no podría ser de manera unilateral entre una comunidad autónoma y el Estado, sino que debería formalizarse entre todas. Esta cuestión afecta directamente al sentido de la formación MIR, FIR, EIR etc… y desde luego quedaría sujeta a la valoración misma que las comunidades deberían hacer de la cuestión. De hecho, en el acuerdo con los nacionalistas gallegos del BNG el asunto queda sujeto a la valoración del Parlamento de Galicia, donde el PP tiene la mayoría absoluta.

Cesión de todo lo pendiente, para el PNV

El PNV ha sido el último partido en sumarse al apoyo. En esta ocasión, de nuevo Pedro Sánchez ha salido a la luz y ha firmado este viernes un acuerdo con el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. Este acuerdo ofrece ya recuento matemático pleno para tener el respaldo de la mayoría del Congreso.

El PNV ha pedido directamente la cesión de todas las competencias pendientes, dentro de su marco de ‘reivindicaciones históricas’ y que, siguiendo la lógica nacionalista, afectan en parte también a otra comunidad autónoma, como es Navarra, que está al margen de esta negociación, pero que indirectamente se ve involucrada. Así, la fijación de las bases de la reposición de las OPEs pública afecta al personal sanitario, algunos de los cuales trabajan fuera de la comunidad vasca, como es el caso del área sanitaria del Bidasoa, que territorialmente alcanza a varias localidades navarras.

La cuestión de la formación, queda en manos de la comunidad vasca, que será ahora la que declare “la equivalencia de los títulos académicos obtenidos en el extranjero”, incluidos los sanitarios. Igualmente se materializa la cesión de la competencia de la I+D+I, “que se trasplantará en seis meses” y por último, la prioridad, en su aplicación, de los convenios laborales realizados en el País Vasco sobre los que se realicen a nivel nacional. Algo que indudablemente requiere de una revisión en profundidad del Estatuto de los Trabajadores y no solamente de la modificación del artículo 84, como prevén PSOE y PNV.

Críticas

Tras la firma de todos estos acuerdos Pedro Sánchez se garantiza un total de 179 votos favorables, tres por encima de los 176 que garantiza la mayoría absoluta: 121 del PSOE, 31 de Sumar, siete de Junts, siete de ERC, seis de Bildu, cinco del PNV, uno de BNG y otro más de Coalición Canaria, que unió el pasado viernes el apoyo de su única diputada.

La fecha para la sesión de investidura, previsiblemente llegara entre los días 15 y 16, si bien queda pendiente de formalizarse por parte de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

Los sucesivos acuerdos que han jalonado el proceso de apoyo a la investidura de Pedro Sánchez han generado un sinfín de dudas imposibles de resumir en todos los ámbitos sociales. En el plano sanitario, la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), que engloba a la práctica totalidad de las sociedades científicas del país ha manifestado en un comunicado el “rechazo absoluto” a las trasmisión de la formación sanitaria especializada a las CC.AA., asegurando que pone en riesgo un modelo de éxito que lleva más de 40 años funcionando en España.

Las CCAA también han mostrado su rechazo a la cuestión de las listas de espera en dos ámbitos, por un lado el ataque a la gestión competencial que supone; cuestión esta muy delicada  para los socios con los que ha firmado sus acuerdos de investidura, y por otro la falta del compromiso económico que deber acompañar a una ley de estas características.

Finalmente otro de los temas en el que las comunidades han mostrado sus dudas es la relativa a la financiación. Las promesas de que se seguirá un proceso similar al catalán en la condonación de deuda a todos los territorios, no han convencido a la mayoría, que lógicamente carecen de ese compromiso ratificado y sobre todo afectan a aquellas que han cumplido con mayor rigor en el tema del endeudamiento, como es el caso de Madrid.