Un informe elaborado por Analistas Financieros Internaciones (Afi) con el apoyo de la Fundación Farmaindustria, cifra el aumento de la tasa de crecimiento medio del PIB en 0,25 puntos porcentuales entre 2025 y 2040 (427.000 millones). Para ello sería necesario primero, “priorizar la inversión y aumentar el gasto público en sanidad en dos puntos del PIB, durante los próximos cinco años”.
Así lo han asegurado diversos expertos en el informe ‘Inversión en sanidad: la vía española hacia la prosperidad’. La priorización en la inversión en capital humano, mejorando la calidad y cantidad del factor trabajo, así como la implementación de reformas estructurales con el objetivo de reforzar la prevención, la eficiencia y los mecanismos de generación y difusión de conocimiento en materia de salud, tendrían un efecto positivo sobre el aumento la tasa crecimiento del PIB de 0,25 puntos porcentuales a lo largo del período comprendido entre 2025 y 2040.
Este impacto económico se materializaría a través de tres mecanismos: la ampliación de la fuerza laboral con programas de prevención y con la inversión necesaria en investigación de nuevos tratamientos; la mejora del estado de salud de los trabajadores para aumentar su productividad, y la mejora del estado de salud que permitiera alargar la vida laboral de muchos trabajadores. Teniendo en cuenta estos tres canales, el PIB podría ser un 4% más alto en 2040.
Durante la presentación del informe, que ha tenido lugar este lunes en la sede de Analistas Financieros Internacionales en Madrid, Emilio Ontiveros, presidente de Afi, destacó cómo la crisis por la pandemia ha dejado múltiples lecciones. “Quizás la más importante es la necesidad de fortalecer los sistemas sanitarios. Revisar decisiones de asignación de recursos de todo tipo a garantizar la salud suficiente”, aseveró.
Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, subrayó que “hemos constatado hasta qué punto salud, economía y bienestar social están ligados”. “España lleva bastantes años invirtiendo en sanidad menos que los países de su entorno -explicó-, y esta situación hay que revertirla si queremos estar preparados para futuras emergencias sanitarias, pero también para afrontar el gran reto que suponen el envejecimiento y la cronicidad y la incorporación de los avances tecnológicos”. “Para hacerlo, y hacerlo bien -dijo-, tenemos que ver esta apuesta como lo que es, una inversión, como constata este informe, y no como un gasto. Debemos dejar de hablar de problema, que es lo que subyace a menudo al referirnos a la sanidad y los medicamentos, y hablar de solución, de oportunidad”.
El informe desarrolla un análisis prospectivo que parte de dos escenarios: uno inercial, en el que no se toman decisiones estratégicas sobre el uso de recursos públicos, y otro alternativo, en el que se prioriza la inversión en el sistema sanitario con un Plan de Inversión en Sanidad que, entre 2021 y 2025, elevase de manera estable los recursos destinados a la asistencia sanitaria en dos puntos en relación al PIB.
Los efectos positivos de dicho plan “contribuirían a reforzar el sistema sanitario que, sin duda, es uno de los principales pilares de la economía española y uno de los más eficaces instrumentos de cohesión social y territorial de nuestro país”.
César Cantalapiedra, socio director del área de Finanzas Públicas de Afi, destacó en la presentación cómo “el reto que plantea el NGEU hace que sea más necesario que nunca adoptar decisiones estratégicas sobre el uso de los recursos públicos en un horizonte de medio y largo plazo”. “En unas circunstancias condicionadas por la sostenibilidad de las finanzas públicas y un aumento de la demanda de servicios sanitarios, la inversión en salud puede ser rentable para la economía y generar bienestar social”, afirmó.
Con el objetivo de articular dichas inversiones, el informe detalla una serie de medidas concretas orientadas a mejorar la eficiencia y coordinación dentro del Sistema Nacional de Salud, potenciando sus capacidades de generación de conocimiento y actividad industrial y contribuyendo a reforzar tres áreas prioritarias como son la atención primaria, la salud pública y la inversión en capital humano y tecnológico.
La puesta en marcha de estas medidas tendría, además del mencionado impacto económico, un impacto positivo en términos de equidad y acceso a la tecnología sanitaria, aumentando la transparencia y eficiencia en los procesos de toma de decisiones.
Además, el documento parte del análisis de la evolución del peso del sector sanitario en la economía, su generación de valor añadido, su impacto en el empleo y la cuantificación de las externalidades positivas del sector y toda su cadena de valor.
En este sentido, Diego Vizcaíno, socio director del área de Economía Aplicada de Afi, indicó que, “con datos de 2018, el sector sanitario generó un valor añadido de alrededor de 94.600 millones de euros, equivalente al 8,7% del PIB”. Además, valoró cómo el sector farmacéutico español “está plenamente integrado en las cadenas de valor globales y muestra elevados niveles de competitividad exterior”. “Actualmente, España es el 12º exportador mundial de productos farmacéuticos, con una cuota de mercado del 2,1%”, añadió.
Así, por cada euro invertido en investigación sanitaria (pública o privada), la economía genera 1,6 euros de valor añadido de manera directa, indirecta e inducida. Además, cada millón de euros invertido en este sector contribuye a la generación y mantenimiento de más de 15,6 empleos. Por otro lado, la inversión en investigación sanitaria genera efectos tractores que trascienden las ramas productivas más asociadas con la sanidad, impulsando la actividad de servicios especializados, comerciales e industriales, entre otros.
