El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado este jueves el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2023, que asciende a 12.431,6 millones de euros, con un incremento del 1,3 por ciento y 158,1 millones más que el de 2022.
Dentro del conjunto del gasto social, sanidad sigue siendo la partida más alta y supera los 3.600 millones de euros, absorbiendo el 36% del gasto no financiero, para actuaciones dirigidas a mantener “la apuesta inversora para las nuevas infraestructuras proyectadas; incrementar las plantillas y consolidar el personal contratado para la Covid; reforzar la atención primaria, especialmente en zonas despobladas; o ampliar la cobertura vacunal”.
El mantenimiento del gasto en sanidad con respecto a 2022 es justificado por el consejero de Hacienda en la previsión de que durante 2023 no será necesario afrontar el “ingente gasto en material” para afrontar la pandemia, que en los tres últimos años ha aumentado el presupuesto en un 21%.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que los Presupuestos para 2023 tienen como prioridades “promover la actividad económica para generar riqueza y empleo, la protección de las familias y los sectores más vulnerables, continuar reforzando los servicios públicos fundamentales, impulsar la transición ecológica y la transformación digital de nuestra economía y hacer frente al reto demográfico.”
Ruiz Molina ha resaltado que este proyecto de Ley “es la principal herramienta con la que contamos para amortiguar los efectos negativos que las sucesivas crisis están teniendo sobre las familias y sobre las empresas, así como para compensar su impacto en las tasas de crecimiento y el empleo. Si tuviera que calificarlo, diría que es un presupuesto social, preocupado por los perjuicios que el alza de los precios está teniendo sobre las familias con menos recursos, garantizando un robusto sistema de bienestar y protección social.
Y en servicios sociales se superarán este año los 980 millones de euros, 25 millones más que en el 2022, lo que supone un aumento del 2,6 por ciento. De esta forma, el gasto dirigido a la atención a las personas con discapacidad se incrementa un diez por ciento. De igual modo, se destinará una importante partida presupuestaria a reforzar la estabilidad de las entidades más representativas del Tercer Sector, así como a aumentar las plazas públicas para residencias de mayores, incrementar las prestaciones económicas de dependencia, mejorar la ayuda a domicilio en zonas con gran despoblación y reforzar la teleasistencia. También se impulsará la construcción de nuevos recursos de atención a la discapacidad y personas mayores y se dedicarán más de ocho millones al plan de autonomía digital para dotar de equipamiento tecnológico avanzado a los centros de atención social.
