La apertura del periodo de consulta pública para el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional Público, por parte del Ministerio de Sanidad, abre “una oportunidad única” para que organizaciones profesionales como el Círculo de la Sanidad aporten su visión sobre cómo el sistema podría ser más productivo y eficiente para solucionar lo que de verdad importa: los problemas de los pacientes.
El Círculo de la Sanidad “lamenta” que el Ministerio de Sanidad renuncie a esta oportunidad histórica de solucionar problemas endémicos como las listas de espera, la falta de profesionales, el envejecimiento de la población o la atención a la cronicidad y “proponga la limitación de la gestión privada de servicios sanitarios públicos como objetivo principal del proyecto de ley, en base solo a criterios políticos y a eslóganes descontextualizados, y no acordes a la realidad del país y la idiosincrasia de cada una de sus comunidades autónomas”.
Conviene recordar que, según la última actualización del Catálogo de Hospitales del propio Ministerio, en España conviven un total de 840 hospitales, de los que algo menos de la mitad (410) son de titularidad privada, muchos de ellos concertados o con convenios singulares, sin los que el sistema no podría dar un servicio universal a la ciudadanía.
“En Cataluña, por ejemplo, de un total de 199 hospitales, solo 56 tienen algún tipo de titularidad pública (apenas 11 pertenecen directamente al servicio catalán de la salud). Esto da idea del volumen abultado de concertación de la atención sanitaria en esta región, sin la que el sistema nacional de salud no podría garantizar la cobertura en grandes núcleos poblacionales. Tampoco podría satisfacer sus carencias contratando servicios solo a las entidades sin ánimo de lucro, que apenas suponen actualmente el 5% del total de hospitales del país”, aseguran.
Contratación
El Círculo de la Sanidad está de acuerdo “en consensuar con las administraciones una regulación de los procedimientos de contratación”, con transparencia, equidad y rendición de cuentas, en base a una justa remuneración, y en sintonía con otras grandes potencias europeas, que aplican con éxito modelos de colaboración público-privada, como Reino Unido o Alemania.
En cuanto a la reversión de modelos de gestión que sugiere el Ministerio, la entidad recuerda que cualquier modificación contractual debe cumplir la legalidad vigente europea en materia concesional y de contratación, en igualdad de condiciones con respecto a otros sectores de actividad, en donde las concesiones de servicios de medio y largo plazo son habituales (autopistas, por ejemplo).
En relación con el cuarto objetivo de la consulta pública, que apuesta por “alinear la gestión del sistema sanitario público con los objetivos de salud de la sociedad”, el Círculo de la Sanidad defiende la firma de un Pacto Nacional con todos los agentes públicos y privados, involucrados en la atención al paciente, para, tras un análisis previo, buscar una solución conjunta que dé cumplimiento a todos esos objetivos, bajo criterios de excelencia, sostenibilidad y eficiencia.
Por tanto, el Círculo de la Sanidad apoya cualquier reforma estructural del sistema nacional de salud que permita mejorar la atención al paciente, hoy y en el futuro, algo que sin la colaboración público-privada sería inviable, por la falta de recursos del sistema. Cualquier limitación en esta colaboración, por motivos ideológicos, políticos o de cualquier índole, no ajustados a la realidad asistencial, no haría sino generar y engordar los problemas ya endémicos, como las listas de espera o la falta de profesionales, y socavaría directamente la atención sanitaria de la ciudadanía.
La entidad analizará en profundidad el contenido del futuro texto legal, que derive de este proyecto, para estudiar, si al igual que ocurría con la malograda Ley de Equidad, que el Ministerio menciona como antecedente de esta nueva normativa, puede contener defectos jurídicos, presunta anticonstitucionalidad, vulnere algún principio esencial como el de la confianza legítima, genere inseguridad jurídica en contratación, o lesione las competencias de salud de las comunidades autónomas.
