El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Real Decreto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, un texto que ha salido ya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La nueva configuración estructural del departamento dirigido por Mónica García, no presenta cambios significativos respecto de la estructura previa, aunque sí que detalla e impulsa las competencias de los centros directivos a los que quiere dar mayor protagonismo. Es el caso del Comisionado de Salud Mental, la dirección general de Salud Pública y Equidad o la Secretaria General de Salud Digital.
Por el contrario, no se han realizado cambios en la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitario o la composición de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), como sí había ocurrido en decretos de estructura previos.
Tras la pandemia de la covid, el Gobierno considera que ahora es necesario “avanzar en la consecución de los objetivos y prioridades en materia sanitaria”. A este respecto, destaca que la creación del Comisionado de Salud Mental busca “reforzar las acciones encaminadas a la mejora de la salud mental de la población desde el reconocimiento de los derechos humanos de las personas afectadas y buscando la equidad, sostenibilidad y calidad en la atención sanitaria a la salud mental”.
La incorporación a la Dirección General de Salud Pública de las políticas de equidad, dan respuesta a la visión de que la “equidad en salud es un componente fundamental de la justicia social que indica la ausencia de diferencias evitables, injustas o remediables entre grupos de personas debido a sus circunstancias sociales, económicas, demográficas o geográficas”. Entre los objetivos de esta dirección general se encuentra “promover acciones eficaces en todas las políticas, con el objetivo de disminuir las desigualdades sociales en salud”.
En materia farmacéutica, el real decreto viene a dar respuesta a la situación actual de la evaluación de tecnologías sanitarias, eliminando el párrafo que hacía referencia a la Red de Evaluación de Medicamentos (Revalmed), anulada por la Justicia e incorporando entre las funciones de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia la coordinación “con los organismos correspondientes que la evaluación de tecnologías sanitarias se incorpore en el procedimiento de la valoración, financiación o incorporación en cartera de éstas, así como la modificación de sus condiciones”.
El real decreto también hace referencia extensa a la Atención Primaria, donde indica que es “necesario seguir haciendo esfuerzos” para reforzarla, así como “disminuir las listas de espera y atraer y fidelizar a los y las profesionales del Sistema Nacional de Salud”. El objetivo es conseguirlo con “con garantías de calidad y equidad”, lo que requiere “preservar los atributos que han caracterizado a la atención primaria de salud, como son la longitudinalidad, la continuidad, la accesibilidad y la coordinación entre niveles asistenciales”.
En cuanto a la planificación de recursos humanos, plantea la necesidad de “conseguir, a corto y medio plazo, un número adecuado de profesionales sanitarios que cuenten con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para alcanzar los objetivos de salud de la población”.
