La Comunidad de Madrid considera que asumir dentro de su sistema sanitario público a los funcionarios adscritos a Muface podría tener un coste de unos 400 millones de euros. Así lo ha asegurado este lunes la directora general del Servicio Madrileño de Salud, Almudena Quintana en respuesta a una pregunta formulada por Vox en la Comisión de Sanidad de la Asamblea madrileña.
Según estima la responsable sanitaria, la posible absorción de los mutualistas, en caso de que las negociaciones del Ministerio de Función Pública no lleguen a buen puerto, equivaldría al 15% más de ocupación de camas hospitalarias y supondría que las listas de espera regionales serían desbordadas. En términos numéricos la llegada de estos mutualistas y sus beneficiarios supondría tener que acoger casi a un cuarto millón de personas “de golpe” dentro de la sanidad madrileña. Quintana ha centrado sus palabras no tanto el asumir a estas personas, sino el tener que realizarlo por una falta de planificación. La clave es que hasta el momento, salvo algunas manifestaciones verbales, desde Sanidad no se ha indicado cual es el plan para aumentar la financiación de las CC.AA. que finalmente son las responsables de garantizar el servicio.
Igualmente ha indicado que además de la cuestión económica existen otras vinculadas a la salud de los paciente que son también esenciales, como es el mantenimiento de los tratamientos, especialmente en crónicos, programación de intervenciones y otros derivados de patologías completas. Todo ello, según indica, obliga a una adaptación previa de los servicios de salud autonómicos.
Quintana ha mantenido los mismos argumentos que expresara la presidenta de la Comunidad de Madrid hace un par de semanas sobre el impacto real que tendría la llegada de los mutualistas, como respuesta al informe publicado por el Ministerio de Sanidad en el que se veía factible que los servicios autonómicos asumieran la integración de los actuales beneficiarios del servicio de Muface se encuentra en el aire.
El Ministerio de Función Pública, responsable de la gestión de Muface, se ha mostrado partidario de volver a sacar una nueva licitación del servicio que quedó desierta el pasado día 5 de noviembre por la disparidad entre el aumento de las primas que prevé el Gobierno y los planteamientos de las aseguradoras para hacer rentable el servicio.
De hecho, en pro de sacar una nueva licitación, el ministerio emitió desde su plataforma de contratación una pregunta para consultar a todas las aseguradoras el coste estimado de la atención y su desglose. El plazo de 10 días que dio para obtener la respuesta de lo que podría ser la base para la construcción de la segunda oportunidad para la licitación, concluye este miércoles.
La conclusión con un buen final de todo este asunto pesará muy especialmente en el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, que este fin de semana, durante la celebración del 41º Congreso del PSOE, celebrado en Sevilla, sonaba como candidato más probable para sustituir al frente del PSOE madrileño al dimitido Juan Lovato.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: