El PP busca a través del Senado revitalizar su ley contra las agresiones al personal sanitario

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles el inicio de la tramitación de una proposición de ley planteada por el PP que persigue la creación de un marco específico para la protección del personal sanitario y refuerce su seguridad ante agresiones y situaciones de violencia.

Aunque la iniciativa solamente necesitaba de la mayoría del PP en la Cámara Alta, ha contado también con el apoyo de Vox y UPN para su toma en consideración. Su próximo paso será remitirla al Congreso para continuar su trámite parlamentario, si bien cabe destacar que el pasado mes de febrero en la Cámara Alta ya fue rechazada.

Precisamente así lo ha señalado la senadora Rosa Romero, quien asegura que la única razón para el rechazo por parte de la mayoría que sustenta al Gobierno de esa pasada iniciativa era que "venia de la mano del PP". La razón de volver a la carga se basa, según la senadora, "en la inacción del Gobierno para tomar medidas ante este gravísimo problema".

El objetivo es, según explica Romero, "fomentar el debate" y que los grupos parlamentarios presenten sus propuestas. "Los profesionales también nos podrán hacer llegar sus propuestas", ha indicado, al tiempo que pedía a los grupos que "no veten un asunto tan importante y de tanta relevancia".

La iniciativa incluye, entre otras medidas, la inclusión en la historia clínica del paciente sus antecedentes como sujeto activo de violencia sanitaria y la creación de un Registro Nacional de actos de violencia en el ámbito sanitario. Así mismo, la iniciativa incluye la implantación de sistemas de video vigilancia en pasillos y salas de espera y la creación de un servicio que tramite directamente con la Fiscalía las denuncias que se pudieran presentar.

Desde el PSOE se ha vuelto a evidenciar que su formación no respaldará esta iniciativa y a demandado al PP "un mayor rigor legal" a la hora de presentar propuestas. Igualmente desde Junts se ha indicado su posición contraria ya que "no refleja que la gestión y la ejecución del sistema sanitario catalán es una competencia transferida".