Mónica García, entre dos líneas rojas: una de Junts y otra del PNV

El inicio de la actual legislatura ha sido de todo menos ordinario. La sensación de precariedad del ejecutivo se palpa cada semana y cada votación es un sobresalto. Esta realidad, que podría parecer que es ajena a la Sanidad, está muy, pero que muy cerca, tal y como se vio el viernes pasado en la primera comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, ante la Comisión de Sanidad del Congreso. Sin necesidad de votación, se notaba en el ambiente la fragilidad del gobierno.

Aunque la ministra respondió con un enfado probablemente teatralizado al portavoz de Vox, David García, tras su aparentemente dura intervención, y lanzó un pellizco con buenas maneras a la portavoz del PP, María del Mar Vázquez, en forma de recordatorio de los recortes del PP, pese a la suavidad de la intervención de la popular; el peor trago lo tuvo ante dos portavoces de grupos que día a día, votación a votación, deben sostener al Ejecutivo: Pilar Calvo y Maribel Vaquero, de Junts y PNV, respectivamente.

A la ministra se le han metido dos piedras en los zapatos con las que, al parecer, va a tener que lidiar a lo largo de la legislatura. Por un lado, la piedra de la cogobernanza y respeto de las competencias autonómicas y, por otro, la del modelo de asistencia sanitaria. Son dos líneas rojas muy claras ante las que se encontrará al PNV en una y a Junts en la otra.

El PNV no parece dispuesto a permitir ni una sola vez más que se les hurte la competencia que tiene el País Vasco en materia sanitaria. En este sentido, cabe recordar que el acuerdo entre PSOE y PNV para la gobernabilidad, contempla la obligación de consultar con los vascos cualquier medida que el Gobierno quiera impulsar y que afecte a las competencias transferidas.

Maribel Vaquero realizó un exhaustivo análisis sobre todo lo que rodeó a la decisión de imponer las mascarillas. Lo importante, no es en sí el cubrebocas. Lo esencial, tal como explicó la representante del PNV no es si hay evidencia o no, o si las sociedades científicas reclamaban el uso de las mascarillas, como se afanó en explicar la ministra. Lo importante es respetar las competencias de las comunidades autónomas, aunque el Ministerio de Sanidad reclame la incumbencia para actuar en caso necesario, así como cumplir con la regulación del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) y la normativa que lo sustenta. Como dijo Vaquero, y yo mismo expuse en estas mismas páginas hace unas semanas, no se acordó por la mayoría del CISNS que exige la normativa el respaldo a la orden comunicada, ni la situación epidemiológica era de tal envergadura como para hacer saltar por los aires el reparto competencial.

Creo que una de las tareas prioritarias del Ministerio de Sanidad debería dirigirse a la gobernanza del sistema, a aclarar de una vez si el CISNS es o no una Conferencia Sectorial (cabe recordar que esta cuestión se introdujo en el proyecto de Ley de nueva normalidad y por las enmiendas, se eliminó) y actualizar el reglamento del Consejo, que a día de hoy es papel mojado. Todo esto es necesario para dar seguridad jurídica acerca del funcionamiento del CISNS y evitar espectáculos de lucha partidista a consecuencia de las decisiones que en él se tomen.

Aquí el ministerio se encuentra con el problema de que la aritmética del CISNS, con una mayoría clara del PP, le impediría llevar a votación asuntos para los que no cuente con el aval del primer partido del arco parlamentario. Por ese motivo no tendrá incentivo alguno para actualizar el reglamento del CISNS, pero en tal caso, lo que no debe hacer es uso de un mecanismo que solo ha sido utilizado, y con mayores garantías que la última vez, durante la pandemia. Durante lustros, el CISNS ha funcionado en base a acuerdos y, si no se cambia el reglamento así deberá seguir siendo, a no ser que se opte por las mayorías, pero en ese caso deberá someterse a votación los puntos relativos a la coordinación sanitaria. Algo que no se hizo.

Gestión directa y colaboración público-privada

Pero lo que creo que más afectó a la ministra durante su comparecencia y debate con los grupos políticos fue la claridad con la que se le advirtió de que los indispensables siete votos de Junts no avalarían su Ley de Universalidad, con la que quiere “blindar la gestión directa”. Pilar Calvo estableció unas líneas rojas muy claras si es que se impide que el modelo sanitario catalán mantenga su colaboración público-privada. Y eso supondría el fin de la iniciativa ya que sería un escándalo hacer una excepción para que una comunidad autónoma pudiera mantener formas de gestión indirecta al tiempo que se prohibiera a otras hacer lo mismo.

Y aquí, se encontró, sin sorpresa alguna, con que los votos de Podemos le exigen de manera clara y directa, como si fuera la medida más importante a tomar en el ámbito sanitario, que se derogue la Ley 15/1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS. Tensando igualmente la cuerda, pero por el otro lado.

El enfrentamiento dialéctico de García y Calvo sobre qué entiende la primera por gestión directa y qué efectos tendría su blindaje quedó sin resolver. Y parece claro que o se aclara esta cuestión o la nueva ley Darias, bandera política de García, caerá sin ser aprobada.

Por todo lo demás, la ministra expuso de forma exhaustiva los planes que tiene para la legislatura. Más allá de confirmar que la reforma de la Ley de Garantías y los reales decreto de precio y financiación y de evaluación de tecnologías sanitarias, son prioritarios, la ministra también citó que los cambios alcanzarán a aspectos como los criterios de financiación y que se profundizará en la búsqueda de sostenibilidad. Igualmente, se comprometió con la transparencia de precios y el impulso a las terapias avanzadas de carácter público, a través de los modelos de exención hospitalaria.

Pero lo más relevante de su discurso se destinó a fijar los objetivos generales de la legislatura. Quedó claro que pretende dar un giro al SNS para sentar las bases de lo que será el sistema sanitario del futuro. Ella lo llamó “cimentar la sanidad del siglo XXI”. Y en ese nuevo modelo, los determinantes sociales y económicos tendrán mucha importancia. Si en la legislatura anterior, Podemos tuvo qué decir en las políticas de otros departamentos ministeriales a través del Ministerio de Igualdad; en la presente legislatura, Sumar lo dirá a través del de Sanidad, con la premisa de impulsar la salud en todas las políticas. Y García ya avisó de que lo hará en vivienda, educación, igualdad, empleo, clima….

José María López Alemany es director de Diariofarma.