La comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han calificado de “maniobra política” la exigencia lanzada desde el Ministerio de Sanidad para examinar los programas de cáncer que realizan en todos los territorios. Las once comunidades han remitido al ministerio una carta en similares términos asegurando que dicha petición es improcedente ya que, entre otras cuestiones, el Ministerio de Sanidad carece de un sistema propio para analizar los indicadores de calidad asistencial.
Igualmente las CC.AA. recuerdan que estos programas de cribado son competencia autonómica y todos ellos se desarrollan con programas consolidados, “basados en la evidencia científica y con resultados equiparables o superiores a los estándares europeos”. Por el contrario, el Ministerio “no dispone de una red propia de cribados, ni de sistemas de información actualizados o indicadores de calidad asistencial que vayan más allá de los meros datos de cobertura y participación”. Tampoco existe, aseguran, “ningún documento oficial del Ministerio que regule el funcionamiento o la evaluación de estos programas, más allá del documento técnico de consenso elaborado en el seno del Consejo Interterritorial”.
Las comunidades reprochan al departamento dirigido por Mónica García que “aún no haya concluido el desarrollo del sistema informático necesario para la recogida y carga de los datos solicitados”.
Por ello, indican “resulta improcedente exigir en este momento la remisión de la información solicitada o de los datos incluidos en el anexo técnico del documento, al no estar estabilizado el modelo ni garantizada su homogeneidad”.
Desde las comunidades populares ven llamativo que “el Ministerio, sin haber completado su propio trabajo ni validado técnicamente los instrumentos necesarios, pretenda ahora que las comunidades autónomas adelanten el suyo, con fines que parecen más políticos que técnicos”.
En el PP reprochan que “en lugar de afrontar las cuestiones urgentes del SNS, el Ministerio opta ahora por fiscalizar y manosear de forma maliciosa el trabajo que desde hace años realizan las comunidades autónomas en materia de cribados, sin aportar valor añadido alguno y generando inquietud en asociaciones de pacientes y entidades científicas que ven en esta maniobra un riesgo innecesario para la credibilidad de programas preventivos que funcionan y salvan vidas”.
Por todo ello, concluyen, “en ausencia de una obligación legal o un acuerdo formal adoptado en el Consejo Interterritorial, esta Consejería no considera procedente remitir la información solicitada en los términos planteados”.
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: