La futura Ley de Industria y Autonomía Estratégica se ha convertido en uno de los elementos más determinantes para garantizar la autonomía estratégica y reforzar la competitividad del tejido productivo español. Su aprobación es considerada esencial para consolidar un marco estable de política industrial, capaz de integrar la sostenibilidad, la innovación y la resiliencia en el desarrollo económico del país. Sin embargo, su tramitación lleva 10 meses paralizada en el Congreso de los Diputados.
Así se puso de manifiesto a lo largo del coloquio organizado por Diariofarma “De la autonomía estratégica europea a la estrategia de la industria farmacéutica”, en el que han participado tanto representantes de varios ministerios, como del parlamento y la industria.
La presidenta de la Comisión de Industria del Congreso, Inés Granollers, explicó que se han venido encadenando sucesivas ampliaciones del periodo de presentación de enmiendas desde el pasado mes de febrero, algo que es potestad de la Mesa del Congreso. Granollers señaló que, pese a los retrasos, cree que existe consenso parlamentario en torno a su importancia y reclamó situarla entre las prioridades legislativas del Gobierno, ya que será determinante para fortalecer la industria nacional y reducir la dependencia exterior en bienes y suministros críticos. Por ese motivo, aseguró que siempre que tiene oportunidad reclama al ministro de Industria, Jordi Hereu, que impulse la tramitación de la ley. Ante esto, la directora general de Estrategia Industrial y de la PYME del Ministerio de Industria. Teresa Parejo, que participaba en el debate, aseguró que se interesará por este asunto.
Granollers destacó que el nuevo texto busca adaptar la política industrial española a los principios de la Estrategia Industrial Europea, promoviendo un modelo productivo más innovador, digital y sostenible. Subrayó que la nueva norma debe dotar a las empresas de seguridad jurídica, estabilidad normativa y capacidad de planificación a largo plazo, al tiempo que incentiva la inversión en sectores estratégicos.
La futura Ley de Industria debe servir para impulsar capacidades industriales reales, evitando que se limite a generar estructuras burocráticas. Subrayó que el debate parlamentario ofrece una oportunidad para incorporar mejoras sustanciales mediante enmiendas, orientadas a reforzar el control político, la participación territorial y la dimensión social del texto, matizó.
Objetivos que debe integrar la futura ley
Ines Granollers precisó que, desde su punto de vista, el texto debe incorporar de forma explícita objetivos orientados a fortalecer la soberanía industrial y tecnológica, impulsar la relocalización de capacidades productivas y asegurar la disponibilidad de productos esenciales, incluidos los medicamentos y principios activos estratégicos. “La norma debe reforzar la industria, pero no debilitar el autogobierno ni la voz de los territorios, que después son los que sostienen la producción real”. destacó.
Granollers explicó que, desde su grupo parlamentario, la prioridad se articula en tres ejes: en primer lugar, establecer un control político efectivo, sustentado en indicadores y una evaluación anual que permita medir los avances de la norma; en segundo lugar, garantizar una gobernanza vinculante, en la que las comunidades autónomas participen activamente en la toma de decisiones, superando el carácter meramente consultivo de otros órganos; y, en tercer lugar, introducir una condicionalidad social, de modo que las ayudas públicas a las empresas estén vinculadas no sólo a la creación de empleo estable, sino también a la innovación y a la transición ecológica.
Asimismo, defendió que la industria del futuro debe ser verde, territorial y con derechos laborales garantizados, y que la ley debe reconocer el papel tanto de los trabajadores como de las pymes, evitando que el apoyo público se concentre únicamente en las grandes corporaciones. Insistió en la necesidad de que la nueva legislación industrial promueva una transición justa, alineada con los principios de sostenibilidad y cohesión territorial, y que incorpore una mirada integral hacia la industria verde y socialmente responsable.
César Hernández, director general de Cartera y Farmacia del Ministerio de Sanidad: 
Kilian Sánchez, secretario de Sanidad del PSOE y portavoz de la Comisión de Sanidad del Senado.: 
Rocío Hernández, consejera de Salud de Andalucía: 
Nicolás González Casares, eurodiputado de Socialistas & Demócratas (S&D - PSOE): 
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: