Los ‘stakeholders’ piden a la CE superar el precio como eje de la contratación pública

La consulta pública lanzada por la Comisión Europea para revisar la normativa de contratación pública evidenció un consenso amplio entre los participantes en torno a la necesidad de superar el criterio del precio más bajo como eje central de adjudicación. Así se recoge en el informe de resultados publicado el pasado 27 de marzo, que sintetiza 1.037 respuestas recibidas, mayoritariamente procedentes de la UE y el Espacio Económico Europeo.

Las aportaciones, dominadas por empresas y asociaciones empresariales, junto con autoridades públicas, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, coinciden en señalar que el actual enfoque centrado en el coste limita la eficiencia del sistema y debe evolucionar hacia modelos que integren otros factores.

En este sentido, dentro de las prioridades estratégicas vinculadas a eficiencia y transparencia, los encuestados situaron entre los principales objetivos “superar la lógica del precio más bajo”, junto con una mayor flexibilidad normativa y la reducción de la carga administrativa mediante la digitalización completa de los procedimientos.

Este planteamiento se repite en otros ámbitos analizados en la consulta. En el apartado relativo a compras verdes, sociales y de innovación, la mayoría de los participantes apostó por priorizar la calidad sobre el precio como principio general, seguido del impulso a adquisiciones respetuosas con el medio ambiente y a soluciones innovadoras.

No obstante, el informe también refleja matices relevantes según el perfil de los encuestados. Las autoridades públicas, aunque coinciden en la necesidad de introducir cambios, situaron como prioridad evitar un aumento de la carga administrativa, así como contar con reglas menos detalladas y más flexibles.

La preferencia por reducir el peso del precio también se vincula a objetivos de política industrial. En el bloque dedicado a seguridad económica y autonomía estratégica, los participantes mostraron una inclinación clara a favorecer a la industria europea, especialmente en sectores críticos, lo que refuerza el uso de criterios distintos al precio en la adjudicación de contratos.

Cambio en los criterios

Los resultados detallados de la consulta refuerzan esta tendencia. En torno al 51% de los participantes se mostró a favor de establecer como regla general la mejor relación calidad-precio, frente al uso predominante de criterios puramente económicos. Además, existe un respaldo amplio a introducir un peso mínimo obligatorio de la calidad en los procedimientos, aunque con mayor cautela por parte de las autoridades públicas, que sitúan esta como la cuarta prioridad, por detrás de la flexibilidad de las normas y que estas sean menos detalladas, así como reducir la carga administrativa gracias a la digitalización. Las instituciones académicas sitúan el coste como segunda prioridad mientras que el resto de colectivos la priorizan por delante del todas las demás demandas.

Este cambio de enfoque se acompaña de otras demandas estructurales. En materia de simplificación, los encuestados apoyaron de forma mayoritaria medidas como la reutilización documental bajo el principio “once-only” (87%), una mayor flexibilidad en la modificación de contratos (76%) o el uso de plantillas y digitalización de procesos.

Asimismo, en el ámbito de la digitalización, un 65% respaldó la interconexión de plataformas nacionales de contratación, con el objetivo de mejorar la transparencia, facilitar el acceso transfronterizo y acelerar los procedimientos.

Impacto en el mercado

El desplazamiento del criterio del precio también aparece ligado a otras políticas, como el impulso del denominado “Made in Europe”. Más del 80% de los participantes apoyó priorizar bienes y servicios europeos, apostando por criterios relacionados con aspectos sociales, medioambientales, de innovación o resiliencia.

Según recoge el informe, este enfoque podría traducirse en un aumento de las oportunidades para las empresas europeas, así como en mayores niveles de empleo e innovación. No obstante, los participantes también apuntaron posibles riesgos, como un incremento de costes o la aparición de represalias comerciales.

En conjunto, los resultados de la consulta muestran una orientación clara hacia la revisión del modelo de contratación pública en la UE, con una demanda transversal de reducir el peso del precio como criterio dominante y avanzar hacia sistemas que integren calidad, flexibilidad y objetivos estratégicos más amplios.