Las profundas discrepancias entre los países desarrollados y los estados en vías de desarrollo han provocado un estancamiento en las negociaciones del anexo sobre el Sistema de Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios, conocido como PABS por sus siglas en inglés. Este mecanismo resulta indispensable para articular el Artículo 12 del Acuerdo sobre Pandemias de la OMS, el texto marco que la Asamblea Mundial de la Salud aprobó en mayo de 2025 tras tres años de complejas conversaciones intergubernamentales.
La paralización de este anexo técnico impide que el tratado matriz pueda abrirse a la firma y posterior ratificación de las partes. Ante esta falta de consenso, el grupo de trabajo intergubernamental prevé proponer una prórroga del mandato negociador hasta 2027. Así lo expuso el ministro consejero para la Salud Global en la Delegación de la Unión Europea ante las Naciones Unidas en Ginebra, Americo Beviglia Zampetti, durante su comparecencia ante la Comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo.
El representante comunitario explicó a los eurodiputados que "después de un año de negociación, las posiciones todavía son bastante distantes en muchos temas". El texto principal depende de este desarrollo reglamentario para dotar a la Organización Mundial de la Salud de herramientas operativas en materia de prevención, preparación y respuesta. Sin un documento definitivo sobre cómo compartir de forma rápida la información genética de los virus y asegurar el acceso a las contramedidas, el representante advirtió de que "el riesgo es que se venga abajo todo el proyecto".
La postura que defiende la delegación comunitaria busca equilibrar las necesidades de la investigación científica con la equidad en la respuesta sanitaria. Por un lado, la Unión Europea persigue crear un marco que "fomente el acceso por parte de científicos y empresas farmacéuticas a la información pertinente sobre agentes patógenos y para desarrollar remedios". Este intercambio resulta imprescindible para activar las tareas de vigilancia e impulsar actividades de investigación y desarrollo relativas a vacunas, diagnósticos y tratamientos cuando se declare una emergencia sanitaria internacional.
Por otro lado, la vertiente del reparto de beneficios pretende permitir "un acceso más equitativo a medidas contra pandemias". Para lograrlo, la propuesta europea contempla la celebración de contratos de derecho privado entre los fabricantes y la OMS. En el marco de estos acuerdos contractuales, las compañías se comprometerían a la "donación de medicamentos y vacunas", reservando entre un 10% y un 20% de su producción para que el organismo internacional pueda distribuirla en los países con menores recursos y entre la población más vulnerable.
El diplomático subrayó durante la sesión que este esquema contractual representa un avance sustancial, señalando que "si hubiese existido ese compromiso durante la Covid", las consecuencias "se habrían visto mitigadas porque las empresas que fabricaban las contramedidas tendrían que producir una cantidad para la OMS". Asimismo, contextualizó esta medida dentro de la financiación e iniciativas que las instituciones comunitarias y los estados miembros han desplegado para ayudar a países socios en la seguridad regional para la salud.
Uno de los principales puntos de fricción en la mesa de negociación reside en el modelo conceptual empleado para diseñar el sistema. Beviglia Zampetti señaló que se está utilizando la plantilla del Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobado en 1992, que aboga por un sistema que obliga a los operadores privados a contribuir a la conservación de la biodiversidad. El diplomático calificó este planteamiento de "modelo inadecuado para el objetivo que perseguimos", añadiendo que de alguna manera "nos lo forzaron porque muchos países en desarrollo pensaban que era necesario que se utilizase de forma generalizada".
A juicio de la representación europea, no debe establecerse un vínculo de causalidad ni una condicionalidad estricta entre la disponibilidad pública de los datos de un patógeno y la obligación de compartir los beneficios derivados. La rápida puesta a disposición de la información genética constituye una responsabilidad compartida por todos los actores para salvaguardar la innovación y que "se salve el mayor número de vidas humanas", mientras que la mejora del acceso a las contramedidas debe discurrir por cauces que ofrezcan "un acceso más justo".
Propiedad intelectual y sector privado
El debate sobre la propiedad intelectual se ha consolidado como otro de los elementos más complejos y divisivos dentro de las conversaciones de Ginebra. Preguntado por la postura comunitaria ante una eventual exención o renuncia a los derechos de patentes durante situaciones de crisis pandémica, Beviglia Zampetti aclaró que "este anexo intenta alejarse del debate sobre los derechos de propiedad intelectual porque es un debate que divide mucho".
Desde la perspectiva comunitaria, reactivar el debate sobre los derechos de propiedad intelectual generaría una mayor polarización en un entorno negociador que ya se encuentra fuertemente ideologizado. La posición de los diplomáticos europeos sostiene que introducir exigencias vinculantes en este ámbito "puede ser un obstáculo para que haya una mejora tangible". El objetivo fundamental consiste en asegurar "un acuerdo razonable, ejecutable y ratificable que ofrezca buenas perspectivas para que se sume el sector privado y también sirva a la salud pública".
Durante el turno de preguntas de los grupos parlamentarios, diversos eurodiputados manifestaron su preocupación por el rumbo del proceso y la influencia de las grandes corporaciones. El eurodiputado socialista Vytenis Andriukaitis alertó de la gravedad de la situación manifestando que "si el anexo no se aprueba, el Tratado no entra en vigor", y preguntó por la posibilidad de movilizar a los socios en el G20, en el G7 o mediante acuerdos bilaterales. Por su parte, Stine Bosse, del grupo Renew Europe, remarcó que "la situación es muy seria" y cuestionó si existe "alguna posibilidad para impedir este retraso" o si hay algo concreto que pueda hacer la comisión parlamentaria.
La representación del Grupo de los Verdes, a través de Tilly Metz, se interesó por los calendarios reales de ratificación y preguntó expresamente sobre si "la renuncia a los derechos de propiedad intelectual durante una pandemia es algo que se está debatiendo". En una línea más crítica, el diputado no inscrito Ondřej Dostál rechazó que los recursos de la organización dependan de donantes privados "porque pueden ser empresas farmacéuticas", lo que genera una "influencia indebida", y defendió que los países del Sur Global "piden con razón acceso a medicamentos pagables y a vacunas" sin inclinar la balanza ante "los intereses de las empresas farmacéuticas".
A este respecto, el presidente de la comisión parlamentaria, Adam Sebastian Jarubas, planteó la necesidad de diseñar mecanismos prácticos que corrijan las inequidades históricas, señalando que "hubo países en los que hubo brotes pero que fueron los últimos en acceder a las medidas para frenar la emergencia, aunque eran los primeros afectados". Jarubas cuestionó también cómo el anexo PABS puede ofrecer "más oportunidades de desarrollo local, I+D local" y la transmisión de conocimiento para un reparto más equitativo.
En su turno de réplica, Beviglia Zampetti reconoció que "la polarización es una realidad" que afecta también al G20 o a la Unión Africana. Ante este escenario, el diplomático instó a mantener una postura pragmática: "hay que ser modestos, quizás podemos estar en desacuerdo en el formato general, pero por lo menos podemos trabajar para que la OMS esté mejor equipada porque está en el interés de todo el mundo".
La estrategia de la Unión Europea pasa por revisar sus propuestas para definir "nuevos elementos de flexibilidad para facilitar un acuerdo" de cara a la próxima cita internacional. El representante comunitario concluyó recalcando que, si se alcanza un consenso sobre este denominativo común, "se podría aprobar el anexo, y ya se podría firmar y podría entrar en vigor todo el acuerdo" antes de que finalice la prórroga prevista para 2027.
Lilisbeth Perestelo: 
