La vacunación administrada por farmacéuticos pasó de diez a 19 países europeos entre 2020 y 2025. En España, su posible implantación sigue ligada al marco legal, la coordinación entre profesionales y la evaluación de resultados. Ese contraste centró una mesa del 24 Congreso Nacional Farmacéutico, celebrado en Oviedo.
En la mesa ‘Participación de la farmacia comunitaria en las estrategias de vacunación: experiencias europeas’, Jorge Batista, asesor senior de Asuntos Profesionales de la Agrupación Farmacéutica de la Unión Europea (PGEU), expuso la expansión del servicio, mientras que Fuensanta Martínez Lozano, directora general de Planificación, Farmacia e Investigación Sanitaria de la Consejería de Salud de la Región de Murcia, analizó las condiciones para desarrollarlo en España. La mesa estuvo moderada por Jesús María Fernández, director general de HIRIS.
Batista explicó que diez países financian públicamente la vacunación por farmacéuticos, frente a los cinco de 2020. A su juicio, el avance refleja también un cambio organizativo. Las iniciativas aisladas y los proyectos piloto han dado paso en varios países a servicios estructurados y más integrados en las estrategias nacionales de vacunación.
Los farmacéuticos pueden administrar vacunas frente a la gripe en 17 países europeos y frente a la covid-19 en otros tantos. En 13, la autorización comprende otras vacunas, entre ellas las del herpes zóster, el virus del papiloma humano y el neumococo. Si se incluyen los países donde vacunan otros profesionales sanitarios dentro de las farmacias, el servicio está presente en 21.
Martínez Lozano sostuvo que la legislación española vigente no permite al farmacéutico administrar vacunas a la población general. Consideró posible modificar ese marco, aunque advirtió de que una nueva prestación exige definir las condiciones de personal, instalaciones y seguridad. También pidió consenso profesional y cautela al trasladar a España experiencias desarrolladas en sistemas sanitarios distintos.
La prioridad son las coberturas
En la rueda de prensa del congreso, Jesús Aguilar fue preguntado sobre esta cuestión y situó la prioridad en elevar las coberturas vacunales, por encima de la discusión sobre qué profesional administra las vacunas. Expresó su preocupación por su descenso tras la pandemia y defendió que la farmacia puede contribuir a recuperar terreno mediante su contacto habitual con la población.
Aguilar recordó que las farmacias reciben a más de 2,3 millones de personas cada día. Planteó aprovechar esas visitas para detectar necesidades de vacunación y recomendarla, siempre que existan sistemas de comunicación con el resto del ámbito sanitario. Según indicó, dos comunidades autónomas disponen de herramientas de este tipo. Por ello, reclamó voluntad política y mejores canales de coordinación para extender la colaboración.
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) también señaló que algunas comunidades desarrollan experiencias dentro de la legislación actual. Citó la vacunación del personal de las oficinas de farmacia por farmacéuticos en Andalucía. Esa práctica concreta, añadió al debate, permite explorar vías de participación mientras se estudian los cambios necesarios para ampliar la prestación.
Fernández recordó las dificultades de la vacunación de adultos. Según los datos ministeriales que presentó, la cobertura antigripal en mayores de 65 años se sitúa 13 puntos por debajo del objetivo del 75%. Entre los profesionales sanitarios, alcanzó el 43,7% en la campaña 2023-2024.
Experiencias europeas
Batista presentó Portugal como ejemplo de reducción de barreras de acceso. Allí, los farmacéuticos vacunan desde 2007. Un proyecto piloto de 2018 permitió recibir la vacuna sin receta y sin pagar por su administración, en condiciones similares a las de atención primaria. Según los datos que expuso, la cobertura aumentó casi un 32 % en el municipio participante.
Francia optó por una implantación progresiva. Comenzó con un proyecto piloto de vacunación antigripal en 2017 y extendió el servicio a todo el país en 2019. Batista cifró en 2,4 millones las personas vacunadas por farmacéuticos durante la primera temporada y en ocho millones las de la campaña más reciente que citó. Defendió la recopilación de evidencia antes de ampliar el alcance de estos servicios.
En Irlanda, las farmacias realizan más del 35 % de las vacunaciones frente a la gripe. Batista señaló que también aumentó la vacunación en las consultas de atención primaria. “Ampliar la vacunación en farmacias puede aumentar la capacidad global del sistema”, afirmó. Según los datos que presentó, una de cada seis personas vacunadas en farmacias irlandesas no había recibido antes una vacuna.
Fernández planteó una cuestión pendiente en España. No se dispone de datos sobre cuántas personas a las que se recomienda vacunarse en una farmacia acuden después al centro de salud. Medir qué ocurre entre la recomendación y la administración permitiría valorar mejor el efecto de las intervenciones actuales y la necesidad de ampliarlas.
Evaluar antes de ampliar la prestación
Martínez Lozano defendió reforzar la prevención, la educación sanitaria y la derivación dentro del marco vigente. Para ello, consideró necesarios canales digitales entre profesionales y acceso a la información vacunal, sujetos a la correspondiente revisión jurídica y de protección de datos. “Los profesionales de la farmacia comunitaria son profesionales de atención primaria”, afirmó.
La responsable murciana presentó un proyecto de investigación planteado por el Colegio de Farmacéuticos de Murcia y remitido al Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos. Su diseño compara tres grupos de municipios similares. En uno se combinarían educación, comprobación de la situación vacunal y vacunación por una enfermera contratada. En otro se ofrecerían educación, consejo vacunal y cita directa. El tercero seguiría la campaña habitual.
El objetivo es distinguir el efecto de acudir a la farmacia como punto de vacunación del que pueden aportar el consejo profesional y la gestión de la cita. Martínez Lozano precisó que aún había negociaciones pendientes y que no podía garantizar la puesta en marcha del estudio.
Batista vinculó la implantación del servicio a la formación acreditada, los procedimientos definidos, la integración con los registros y una remuneración sostenible. Martínez Lozano insistió en evaluar los resultados y reforzar la coordinación institucional. Mientras se estudia una eventual ampliación de la prestación, señaló, la farmacia puede avanzar en prevención, educación y derivación dentro del marco actual.
Lilisbeth Perestelo: 
