El bloque de políticas sociales del segundo, y último, debate electoral entre los candidatos en las próximas elecciones andaluzas devino en un intenso intercambio de reproches centrado en la situación del sistema sanitario público. Los candidatos de la oposición cuestionaron con dureza la gestión de las listas de espera y, de forma específica, los fallos detectados en los programas de detección precoz de patologías oncológicas.
José Ignacio García, candidato de Adelante Andalucía, interpeló directamente a la gestión del Ejecutivo autonómico al recordar que han pasado "224 días desde que estalló la crisis de los cribados". Según el representante, este error "se debió a los recortes de personal" y a la "privatización de parte del servicio". Por su parte, Antonio Maíllo, de Por Andalucía, calificó la situación como la "negligencia más grave del sistema sanitario" y acusó al Gobierno de ocultar los datos de fallecimientos vinculados a estos retrasos diagnósticos.
En su defensa, Juanma Moreno, candidato del Partido Popular, reconoció que existió "un problema de información" que afectó a 2.317 mujeres, principalmente en un hospital de la provincia de Sevilla. Moreno explicó que el Gobierno activó un "plan de choque con 100 millones de euros de inversión" y contrató a 550 profesionales sanitarios para reforzar el sistema tras el incidente. Asimismo, subrayó que se asumieron responsabilidades con el cese de la cúpula de la Consejería de Salud.
Propuestas legislativas y plazos máximos
La sostenibilidad del sistema y la reducción de las demoras quirúrgicas motivaron el anuncio de diversas medidas legislativas. María Jesús Montero, candidata del PSOE, vinculó la política sanitaria con los resultados de un estudio científico sobre "sobremortalidad evitable" en la región, cifrada en 3.701 muertes debido a las listas de espera. Montero propuso establecer por ley un máximo de "60 días para una intervención quirúrgica, 15 días para una consulta y 10 para una prueba externa".
Desde la candidatura de Adelante Andalucía se planteó la creación de una "ley andaluza contra el cáncer" para fijar plazos máximos y cubrir todos los gastos de los pacientes. En una línea más impositiva, Antonio Maíllo propuso un "impuesto de retorno sanitario" dirigido a las empresas de la sanidad privada. El objetivo de este gravamen sería que las entidades que obtuvieron beneficios mediante conciertos colaboren con la "investigación contra el cáncer desde lo público".
Dependencia y servicios sociales
La gestión de la dependencia también ocupó un lugar destacado en el análisis sectorial. Manuel Gavira, de Vox, denunció que en Andalucía "fallecen 7.000 andaluces esperando las ayudas de dependencia" y criticó el coste de las plazas de menores frente a las de los mayores. Según Gavira, la administración no prioriza a los pacientes nacionales en el acceso a estos recursos de larga duración.
Finalmente, la oposición coincidió en señalar el incumplimiento de los plazos legales en la prestación de servicios sociales. Se denunció que muchas familias con enfermedades como el Alzheimer afrontan esperas de hasta "500 días" para el reconocimiento de su situación. María Jesús Montero se comprometió a cumplir el plazo de seis meses para otorgar estas prestaciones y a mejorar las condiciones laborales de las auxiliares de ayuda a domicilio.
Lilisbeth Perestelo: 
