Con el real decreto de evaluación recién estrenado, el foco pasa al de precios, que César Hernández sitúa a las puertas de publicarse el texto para alegaciones. El director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia adelanta un cambio de fondo en el acceso, aborda la confidencialidad de precios y la posición negociadora de España, y lo enmarca en la presión del MFN y en un debate europeo que, advierte, va más allá del precio.
Esta es la tercera parte de una entrevista realizada a Hernández. La primera: “Prefiero un informe que ayude rápido a la decisión a un análisis completo que tarde”; la segunda: “Quiero decisiones de precio y financiación en 180 días, y si puede ser, en el día cero”
Pregunta. El real decreto de precio y financiación está a punto de publicarse. ¿Puede adelantar las líneas generales?
Respuesta. Sin desvelar nada antes de que lo vean los actores implicados, es sencillo. Allí donde el Anteproyecto de Ley dice que reglamentariamente se desarrollará, se le da respuesta.
P. Entonces, ¿no se podrá aprobar antes que la nueva ley?
R. La ley contiene muy pocas cosas que no se puedan hacer ya con la anterior. Lo que no se puede hacer y habría que esperar no está en este real decreto a día de hoy; ya veremos su recorrido posterior. Pero todo lo que cabe en la ley actual sí se puede hacer: el real decreto de evaluación, por ejemplo, cabe porque no existía un desarrollo reglamentario como tal.
P. El Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Snitarias tardó 21 meses desde la audiencia pública...
R. Este cuenta con dos ventajas. La experiencia de los reales decretos previos, tenemos las alegaciones a la ley y que ahora no tenemos ni el otro real decreto ni la ley en paralelo, solo este. Espero que dure menos. No sé cuándo se abrirá la audiencia, porque depende del secretario general Técnico, ni si tendrá un plazo de alegaciones extendido.
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“Tenemos muy claro que la posición negociadora de España, más en el contexto actual, no se puede debilitar revelando de forma unilateral precios confidenciales”
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P. ¿Se tramitará por urgencia o vía ordinaria?
R. Ordinaria. Para el Consejo de Estado sí hay diferencia, pero el trámite de audiencia no irá por la vía urgente de siete días, porque no tendría sentido; queremos que la gente se posicione.
P. ¿No acabará alargándose el plazo hasta agosto, como el de ETS?
R. Creo que, aun sin ir por el trámite urgente, todos podrán irse de vacaciones en agosto. Si se van el 1 de julio, lo tendrán algo más difícil.
P. Pasamos a otro tema: copago. Las comunidades autónomas se han quejado de falta de comunicación….
R. Ya he hablado con ellas y les he pedido disculpas, porque en un real decreto-ley, con esos plazos, ha habido poca comunicación. Me gustaría que fuera distinto, pero el trámite de un real decreto-ley, cuya oportunidad pasa por delante y si no la coges no la hay, nos ha llevado a esto.
P. Va a crear complicaciones en farmacias, en las CCAA…
R. No lo sé. El real decreto tiene cosas aplicables de inmediato y otras que esperan a modificar otras normas. Por ejemplo, hay que cambiar el real decreto de receta para reconocer las tarjetas con una aportación del 45 %, que ahora no existe.
P. ¿Por qué no se aprovechó para introducir la confidencialidad de precios y acuerdos, incorporada a otra ley vía enmienda?
R. Tiene un trámite parlamentario de convalidación que no es sencillo, y eran dos debates distintos e incluso un poco divergentes, así que no era oportuno juntarlos. Nuestra postura sobre la confidencialidad no puede ser más clara y no hay ninguna duda ni ningún ánimo de esconder nada.
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“A partir de presentar una oferta válida, un medicamento autorizado podría comercializarse, y nosotros tendríamos que tomar una decisión sobre ese producto”
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P. Si la ley se atasca..,
R. Tenemos otras.
P. ¿No contemplan un real decreto-ley para asegurarla?
R. Tenemos estrategia para incluso sin no se cambia la ley y llegáramos a un punto en que hubiera que actuar, tenemos muy claro que la posición negociadora de España, más en el contexto actual, no se puede debilitar revelando de forma unilateral precios confidenciales. Eso, desde nuestra responsabilidad, no debemos asumirlo.
P. La ministra ha llamado en EPSCO a un abordaje europeo conjunto. ¿En qué se está trabajando?
R. Estamos llamando a un abordaje común y hemos participado muy activamente en el knowledge paper de la Red Europea de Autoridades Competentes en Precio y Reembolso (NCAPR) sobre el Most Favored Nation (MFN). Participamos en todos los debates; nos parece un tema muy importante, que hay que tomar con rigor, pero que merece una discusión amplia con todo el sector para saber exactamente de qué hablamos.
P. El MFN es coyuntural de la presidencia Trump o algo que va a permanecer?
R. Depende de cómo se mire. Lo discutimos en cada reunión del Comité Asesor de la Financiación de la Prestación Farmacéutica (CAPF).
P. ¿Ahí también lo tratan? O sea que es un tema que les preocupa…
R. Yo tengo una reunión semanal y a veces dos con varios países europeos y todo lo compartimos con el CAPF porque nos es muy útil ese debate. Es un tema muy importante para Europa porque habla de cosas esenciales para el sistema. Decir que el MFN es solo un asunto de precios es frivolizar. Si se escarba, aparecen cuestiones de fondo. Hay que hablar con la industria de qué es realmente el MFN, de qué hablamos exactamente con precio, dónde están sus rigideces y dónde las nuestras, y si hay un terreno común. Estoy convencido de que España y Europa seguimos siendo un mercado importante, pero queremos mantener relevancia, algo difícil por la pujanza de China y por el proteccionismo. Europa no es la una ni la otra.
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“Europa no tiene un presidente como Trump ni esa capacidad ejecutiva, pero sí la necesidad, y a veces la necesidad hace virtud”
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P. ¿Tiene Europa agilidad para responder a una orden ejecutiva de Trump, eficaz al día siguiente, cuando aquí se tardan años en el paquete farmacéutico?
R. La respuesta es obvia. Europa no tiene un presidente como Trump ni esa capacidad ejecutiva. El problema es cómo abordar políticas muy transversales, como el Critical Medicines Act, Biotech Act, el paquete farmacéutico o la respuesta al MFN, donde las competencias son en parte de la Comisión y en parte de los Estados miembros. Europa no tiene la misma capacidad de respuesta, pero sí la necesidad, y a veces la necesidad hace virtud. Leí ayer un artículo de Enricco Letta sobre cómo algo tan alejado, como la ambición de Trump de anexionarse Groenlandia, cataliza políticas comunes en Europa.
P. El economista Jaume Puig-Junoy ha planteado que los impactos que se deriven de todo el tema MFN se asuman por un fondo centralizado, como política económica e industrial y no por el presupuesto sanitario… ¿Cómo lo ve?
R. Es una forma de poner el dinero sobre la mesa, bien clasificado. Coincido en que no puedes cargar en la mochila del sistema sanitario todo lo que está alrededor. Pero hay que ser conscientes de que en el sector ya estamos tirando de cosas que no son estrictamente sanitarias. Si no pagamos por los antibióticos para poder contar con ellos, ¿quién lo hace?
P. Ya que ha salido el CAPF. Hace casi dos años que no publica documentos. Parecería que no están trabajando…
R. Hay documentos en marcha. La opinión sobre el Real Decreto de Evaluación está pendiente y es inminente [precisamente se publicó este jueves 18 de junio, dos días después de la entrevista]. No queríamos distorsionar el debate sin la norma aprobada, pero ya con la norma aprobada daremos paso a ella. El comité trabaja y publica, por ejemplo, en impacto presupuestario y en resistencias antimicrobianas, estamos pidiendo ideas para la ley o para el real decreto de precios, como criterios de decisión y su ponderación. Sus informes son públicos, se publicarán.
P. Volvemos a temas legislativos nacionales. Hay otros reales decretos previos en marcha hace tiempo, como el de uso en situaciones especiales. ¿En qué situación está?
R. Ese es de la Agencia, pero lo importante es la parte que regula lo que no es un uso en situaciones especiales, sino el uso posterior a la autorización y previo a la decisión de precio y financiación, que es el más habitual y el más problemático. No tanto por equidad como por la gestión de las expectativas de los pacientes y la capacidad del sistema de darles respuesta. Lo recogemos en la ley y en el real decreto de precio y financiación.
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“La ley contiene muy pocas cosas que no se puedan hacer ya con la anterior”
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P. Ha circulado una versión filtrada de la ley. ¿Se ha reescrito gran parte del texto?
R. No diría reescrito, la estructura es la misma. Cambia el uso racional, que mejora y gana empaque, y es la parte más relevante; cambian los productos sanitarios, ya contemplados, que por demanda del sector hemos dejado así; y cambia el sistema de precios seleccionados por dinámicos. Del resto no tengo la sensación de que se haya modificado; se ha pulido, porque hubo del orden de mil y pico alegaciones. Además, algunas redacciones se iban heredando sin saber muy bien a qué obedecía.
P. Sobre eso, mucho se ha discutido sobre la redacción de ‘haber tramitado la oferta’. ¿Se va a clarificar?
R. Es una cuestión de interpretación; el tiempo verbal lo hemos discutido con abogados. No entiendo que con todos los recursos que el sector ha movido, nadie ha ido a un juez a defender que ‘haber tramitado la oferta’ sea literalmente eso. Lo que hemos puesto es ‘haber presentado una oferta válida’, es decir, validada, que contenga algo que pueda evaluarse.
P. ¿Y a partir de ese momento se permitiría la comercialización?
R. A partir de ahí, un medicamento autorizado podría comercializarse, y nosotros tendríamos que decidir sobre ese producto para el Sistema Nacional de Salud. Lo entiendo desde una óptica conservadora, porque nos supone un riesgo, ya que, por mucho que la industria diga que todos seremos buenos, cuando llega lo propio cada uno tira hacia su sitio. Pero preferimos afrontar esas situaciones a mantener la ficción de que un medicamento autorizado no pueda comercializarse hasta una decisión que no tiene plazo.
P. Ha sido causa de problemas jurídicos, sobre todo por publicidad.
R. Ese fue un tema de publicidad, no de otro tipo, y es marginal en lo que hablamos. El sector sin prescripción funciona razonablemente bien; el meollo, para el sistema y para las compañías, está en otro lado. Me sorprende que no haya habido más debate.
P. Es la creación de un mercado privado que luego tira del público.
R. El riesgo existe, pero esto ya se puede hacer. Hoy se sustancia, y muchos medicamentos lo hacen, pidiendo la exclusión de la financiación y, con la resolución, comercializando el medicamento. Por ejemplo, todos los de la obesidad han seguido ese proceso.
Lilisbeth Perestelo: 
