La decisión de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos y Productos Sanitarios de rechazar la financiación pública de donanemab, registrado por Lilly como Kisunla, y la respuesta dada por la compañía a este rechazo ha suscitado la ápida reacción de la administración sanitaria. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha defendido de forma firme la postura del departamento ministerial frente al malestar expresado por la carta enmitida a los medios por del presidente y director general de Lilly España, Portugal y Grecia, Julio Gay-Ger. Padilla quiso dejar claro que "nadie, absolutamente nadie, tampoco ninguna compañía farmacéutica, como parece deslizarse en alguna comunicación, tiene mayor interés que el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas en mejorar la calidad de vida de las personas con Alzheimer y sus familiares".
El número dos de Sanidad argumentó que la resolución técnica se asienta sobre criterios de evidencia y prudencia clínica. Según explicó el secretario de Estado, los tratamientos objeto de debate "tienen un valor clínico muy dudoso y han sido puestos en duda por múltiples agencias de evaluación de todo el mundo". A este respecto, Padilla recordó que la postura de España no resulta excepcional en el entorno comunitario, ya que "ningún país de la UE los tiene financiados de manera general y solo tres", en referencia a Alemania, Austria y Luxemburgo, los ofrecen bajo "un programa muy muy restringido y restrictivo".
Dudas sobre el valor terapéutico
La sostenibilidad económica y la relación entre el coste y la efectividad real de la terapia constituyen otros de los pilares del rechazo administrativo. Padilla señaló que "los precios de estos tratamientos es muy elevado y por sí mismos estos medicamentos pueden no justificar los precios que se están planteando". Asimismo, el secretario de Estado insistió en la necesidad de evitar falsas expectativas médicas entre los afectados y sus entornos cuidadores, al asegurar que "no estamos hablando de tratamientos cuyo efecto revolucione la situación clínica de las personas con Alzheimer". Para el portavoz ministerial, "esto es algo que conviene dejar claro porque si no estaríamos engañando a las personas que tienen Alzheimer y a sus familiares, y eso es lo primero que no hay que hacer".
A pesar del dictamen negativo emitido por el órgano de fijación de precios, el departamento que dirige Mónica García no cierra por completo la puerta a estas terapias en un escenario futuro. El secretario de Estado admitió que "desde el Ministerio de Sanidad sí entendemos que puede existir un momento de oportunidad para dar cabida a estos tratamientos con indicaciones muy delimitadas". Esta vía intermedia permitiría "ir mejorando la evidencia en vida real y diseñando los cauces asistenciales que preparen el sistema para una serie de innovaciones de tratamiento" que se prevén para los próximos años.
Negociaciones para buscar soluciones
El representante de Sanidad remarcó que las decisiones de financiación pública de medicamentos se fundamentan siempre en la mejor evidencia científica disponible, la autonomía estratégica y la adaptación a las necesidades médicas no cubiertas, protegiendo al paciente de falsas esperanzas.
Por este motivo, Padilla confirmó que el Ministerio de Sanidad mantuvo negociaciones activas con las compañías comercializadoras con el fin de plantear "modelos de financiación que consideramos que son justos para el valor terapéutico de estos tratamientos". La administración sanitaria garantizó que continuará el trabajo técnico con los laboratorios para lograr "una solución que dé una respuesta por parte del sistema adecuada a lo que los pacientes podrían obtener de beneficio".
Lilisbeth Perestelo: 
