La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha elaborado una propuesta a plantear a los partidos ante las elecciones del 29 de noviembre, con una advertencia sobre la viabilidad de la industria y el riesgo de perder inversiones. La patronal resume en cuatro aspectos las necesidades clave del sector y reclama mayor peso de la calidad en la contratación pública, la indexación de los contratos al IPC, un plan de industrialización y una rebaja del IVA de los productos y la tecnología sanitaria.
El secretario general de Fenin, Pablo Crespo, destacó la indexación de los contratos públicos por su urgencia, dada la evolución actual del Índice de Precios al Consumo (IPC). “Es especialmente urgente” planteó Crespo en una comparecencia ante los medios.
El motivo, según explicó, es el deterioro de los márgenes empresariales tras años de subidas de costes que las compañías no pueden trasladar a los contratos adjudicados. Según explicó una de cada cinco empresas de Tecnología Sanitaria “perdía dinero” de acuerdo con sus cuentas depositadas.
Crespo recordó que los contratos públicos están sujetos desde 2015 a restricciones para su actualización conforme a la evolución de los precios. Aseguró que la inflación acumulada en los últimos años supera el 20% y aludió a una previsión cercana al 4% para este ejercicio. “No hay industria que sea capaz de venir absorbiendo, como venimos absorbiendo, todo el incremento de costes”, afirmó.
Por ello, Fenin reclama un mecanismo de indexación que permita revisiones de precios y reduzca el desfase entre los costes de producción y las condiciones económicas de los contratos plurianuales. El secretario general citó a Italia, Francia y Alemania como países donde existen mecanismos de actualización de contratos públicos. A su juicio, estas herramientas favorecen la concurrencia y permiten sostener la capacidad empresarial para llevar tecnología al sistema sanitario. “Necesitamos como sector seguridad jurídica, competitividad y viabilidad”, resumió.
Las dificultades afectan tanto a la fabricación como a los servicios asociados al suministro hospitalario. Crespo puso como ejemplos el encarecimiento de la energía y de los derivados del petróleo empleados en determinados productos sanitarios, así como los costes laborales. También recordó que las empresas deben mantener y calibrar equipos y proporcionar asistencia técnica a los profesionales, incluso durante intervenciones quirúrgicas.
La patronal teme que esta pérdida de rentabilidad comprometa inversiones futuras en plantas, centros de investigación y ampliaciones de plantilla. La advertencia apunta al riesgo de que España deje de ser un destino competitivo para nuevos proyectos industriales. “Si empezamos a perder competitividad, que ya estamos perdiendo, el valor económico y la riqueza que seamos capaces de crear probablemente se va a ver penalizado”, señaló Crespo.
Compra pública basada en valor
Otra propuesta de Fenin es modificar las reglas de contratación para que, como mínimo, el 50% de los criterios de adjudicación corresponda a la calidad y la incorporación de innovación. Busca limitar el predominio del precio y mejorar el acceso a innovaciones asistenciales.
Crespo vinculó esa petición con el proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, cuya tramitación se ve afectada por la convocatoria electoral. Según expuso, el texto contemplaba que el precio no representase más del 20% de los criterios de adjudicación, lo que dejaría mayor peso a otros factores. También aludió al reglamento europeo de contratación pública, en tramitación, que también busca reforzar la calidad en la materia.
El plan Protech, similar al programa Profarma de la industria farmacéutica, es otra de las demandas del sector. Serviría para reconocer la inversión empresarial en I+D, instalaciones productivas y sostenibilidad medioambiental. Crespo señaló que también estaba incorporado al proyecto de ley pendiente y reclamó que el futuro Ejecutivo retome esa línea de apoyo.
Evitar la pérdida de inversiones
La tercera propuesta es un plan específico de industrialización de la tecnología sanitaria. Fenin sostiene que España importa más productos de los que exporta y mantiene dependencias exteriores en tecnologías esenciales. Por eso reclama incentivos para ampliar la fabricación nacional, atraer nuevas plantas, reforzar la logística e impulsar centros de investigación y desarrollo.
La patronal precisa que el sector cuenta con cerca de mil empresas, de las cuales 362 tienen actividad industrial, y genera más de 130.000 empleos. Destaca asimismo que dedica a innovación el 7% de su facturación. Estos datos sustentan su petición de un marco industrial específico, no únicamente de medidas de contratación sanitaria.
“Necesitamos por tanto que el gobierno que se forme desarrolle un plan específico para industrializar nuestro sector, para atraer inversiones, para que las multinacionales elijan España para invertir”, declaró Crespo. Añadió la necesidad de ampliar las capacidades productivas y logísticas y de reducir la dependencia de mercados internacionales para productos sanitarios de primera necesidad.
En este ámbito, Fenin explica que ya trabajaba con el Ministerio de Industria en una hoja de ruta para fomentar la localización de producción. La organización quiere que los contactos continúen después del 29N. La patronal vincula el encarecimiento de los suministros con la pérdida de atractivo para nuevas inversiones.
Menos IVA y reformas pendientes
La última medida plantea reducir el IVA de los productos sanitarios. Crespo aseguró que alrededor del 85% tributa al tipo general del 21%, a pesar de su carácter esencial para numerosos procesos asistenciales. “La fiscalidad no puede suponer una barrera de acceso de los pacientes a la tecnología”, defendió.
Según la cifra manejada por Fenin, el sistema sanitario público destina más de 1.300 millones de euros al pago de IVA vinculado a estos productos. Crespo aclaró durante las preguntas que la estimación procede de un informe del Instituto de Estudios Económicos elaborado hace unos años, y planteó que una reducción fiscal permitiría emplear una parte mayor de los presupuestos en innovación.
También mencionó el efecto indirecto sobre pacientes que asumen determinados tratamientos privados, como los dentales, cuyos costes pueden verse afectados por la fiscalidad de la tecnología utilizada, lo que dificulta el acceso a los mismos en las personas de menos recursos. La patronal considera que la reducción del impuesto contribuiría a mejorar tanto la capacidad de compra de los servicios públicos como el acceso de las personas con menos recursos.
Crespo también hizo balance de la legislatura y reconoció “la capacidad de escucha que ha tenido el Ministerio de Sanidad en estos años”. También valoró el trabajo con las administraciones, aunque lamentó que algunos proyectos normativos no hubieran culminado, como especialmente la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios o el Real Decreto de Publicidad de Productos Sanitarios.
También reclamó mantener una regulación diferenciada para medicamentos y productos sanitarios, por tratarse de sectores con procesos productivos y cadenas de valor distintos. Ante el desarrollo de la evaluación de tecnologías sanitarias, pidió procedimientos transparentes que permitan presentar evidencias sin introducir demoras innecesarias en el acceso a la innovación. “Necesitamos más incorporación de innovación tecnológica en nuestro sistema sanitario”, insistió. Crespo considera que las nuevas soluciones pueden contribuir a afrontar la cronicidad, las listas de espera y la escasez de profesionales, además de facilitar una atención más digital y domiciliaria.
Lilisbeth Perestelo: 
