La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ha presentado el proyecto de Ley de Modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana, normativa con la que pretenden "corregir las carencias de la anterior Ley 10/2014". Y uno de los aspectos que se pretende mejorar con esta normativa es el de "la equidad farmacoterapéutica, con el objetivo", explicó Montón, "de que todas las personas reciban una prestación farmacéutica integral, continua, óptima, de calidad, segura y eficiente en todos los ámbitos asistenciales y en todas las etapas del proceso farmacoterapéutico y puedan acceder al tratamiento más eficiente para un mismo problema clínico".
También hay una mención específica al fomento del "uso racional y armonizado del medicamento", mediante el establecimiento de criterios de equidad, efectividad, seguridad y coste, "resultantes del consenso clínico", recalcó la consellera, "para garantizar la optimización en todas las etapas del proceso farmacoterapéutico". El objetivo, ahondó Montón, es garantizar por ley la prestación farmacéutica, en especial, en la población más vulnerable, destacando que "es la primera vez que se recogen los principios generales de la prestación farmacéutica en una ley de salud".
El proyecto también incluiría, según la información facilitada por la Consellería, un apartado específico para el fomento de la investigación biomédica en el seno del servicio valenciano. Concretamente, aluden la disposición adicional primera, con la que se abre la posibilidad, explican, "de constituir un consorcio para la investigación biomédica y sanitaria, en el que se podrán integrar las fundaciones de investigación en salud y otros organismos públicos de investigación, incluidos los universitarios". "Ello permitirá establecer alianzas para un mejor acceso a programas de ayudas competitivas y captar más fondos para los proyectos de investigación", ha explicado Montón.
Preferencia por la gestión pública
Antes de profundizar en estas cuestiones, la consellera había subrayado la apuesta de fondo, basada en la promoción de la "la universalidad de la asistencia sanitaria, la garantía de equidad y no discriminación y el fortalecimiento del sistema público". En este último aspecto, la Consellería ha plasmado su preferencia por la gestión directa de los servicios sanitarios, que quedaría recogida en los principios rectores del proyecto de ley y en el artículo 7.3, que indica literalmente que "en el marco de las fórmulas de gestión de la legislación básica estatal, la gestión y administración de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sanitaria o sociosanitaria del sistema valenciano de salud, se llevará a cabo preferentemente mediante la fórmula de gestión directa, de carácter público".
En este sentido, la consellera ha opinado que la gestión pública directa es el sistema que da mayor garantía de universalidad, de accesibilidad, de equidad y de no discriminación en el acceso de la ciudadanía a los servicios sanitarios, y ha andado hacia atrás en el tiempo para recuperar "el legado que nos dejó Ernest Lluch con la Ley General de Sanidad de 25 de abril de 1986", ya que, señaló, "entendemos la sanidad como un instrumento de garantía de derechos, de equidad, de cohesión social y de lucha contra la desigualdad, y eso solo es factible desde lo público".
Finalmente, cabe destacar que la reforma de la ley incorpora también, según la Consellería, aspectos relativos a la coordinación entre departamentos con competencias en materia de sanidad y en materia de igualdad y políticas inclusivas para proporcionar una atención integral a la salud mental, mediante el desarrollo de programas transversales e interdisciplinares que garanticen la continuidad de cuidados y disminuyan la variabilidad entre los departamentos de salud; la introducción de un artículo que da rango de ley al fomento de la actividad de donación y trasplante, y la creación del Observatorio Valenciano de Salud, un espacio de información en salud, de acceso público, que incluya información relevante seleccionada sobre resultados en salud y determinantes para la población de la Comunitat Valenciana.