La Federación de Asociaciones de Farmacias de Catalunya (Fefac) ha anunciado la presentación de una nueva denuncia ante el Departamento de Salud de esta comunidad autónoma contra la empresa Glovo "por prestar servicios de compra, recogida y entrega de medicamentos a domicilio".
A este respecto, recuerdan que la Agencia española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ya dictó en su día (junio de 2018) una resolución por la que ordenadaba a dicha entidad el cese de su actividad de venta y entrega de medicamentos a través de su plataforma, decisión ante la que la compañía habría interpuesto un recurso que fue desestimado por la Agencia.
Así, según Fefac, que aporta pruebas gráficas, la empresa no habría retirado la aplicación que permite adquirir medicamentos a través de internet, y, de hecho, la patronal lo habría comprobado de primera mano con un pedido de una caja de ibuprofeno 600 mg, que habría sido realizado con fecha posterior a la resolución de la Aemps. Y esto es, precisamente, lo que se ha hecho constar en la denuncia, que indica, pese a la orden de cesación, “Glovo continúa prestando el servicio de farmacia a través de su aplicación". Por este motivo, en el escrito presentado ante al Departamento de Salud, Fefac insiste en "la necesidad de poner fin a la venta ilegal de medicamentos que está realizando Glovo".
Como indica Fefac en su comunicado, su postura contraria a la actividad de Glovo también la han defendido, llegando incluso a la denuncia, otras organizaciones representativas del sector de las oficinas de farmacia en Andalucía y Madrid. Hace referencia, en este sentido, a las acciones emprendidas por la Confederación Empresarial de Oficinas de Farmacia de Andalucía, Ceofa, y la Asociación de Farmacias de Madrid, Adefarma, que también habrían emprendido acciones legales contra Glovo, como ya informó Diariofarma (ver información).
La posición de la compañía
Cabe recordar que este periódico informó ya en su día de la posición de la compañía, desde donde nos transmitieron que Glovo "no vende ni publicita medicamentos". "La actividad de Glovo se limita a poner en contacto a usuarios, farmacias y a repartidores independientes mediante la aplicación tecnológica", decían, precisando que dichos repartidores simplemente "actúan como mandatarios verbales de aquellos usuarios que solicitan medicamentos no sujetos a prescripción médica a través de la plataforma para su recogida". En esta misma línea, explicaban que “son los farmacéuticos y las oficinas de farmacias las únicas responsables y quienes deciden si dispensar o no el producto farmacéutico”.
Con respecto a la supuesta colisión con la Ley de Garantías y Uso Racional, argumento al que han aludido los representantes de las oficinas de farmacia, explicaban que “la actividad económica de Glovo se enmarca en la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (Ley 34/2002) y no en las disposiciones de la Ley de Garantías, que queda exclusivamente restringida a las actividades de venta de productos farmacéuticos”.
La empresa aseguraba, por último, que, a través de su plataforma y de la colaboración de oficinas de farmacia y repartidores independientes, se estaba "ayudando a familias y personas necesitadas, que en vista de la distancia o imposibilidad física de desplazamiento, han podido delegar en un tercero la recogida y entrega de productos de venta en farmacia sin prescripción médica”.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: