Andalucía critica la gestión del Gobierno central en todo lo referente a los informes para la desescalada

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha emitido un comunicado en el que explica los pasos que dio a lo largo de la pasada semana para remitir la documentación para acceder a la fase I de desconfinamiento, y que, pese a que considera que “ha cumplido en todo momento”, el Ejecutivo central no ha permitido acceder a esta fase 1 a las provincias de Málaga y Granada.

Según explica el departamento de Jesús Aguirre, “la Junta de Andalucía ha cumplido en todo momento con diligencia y lealtad los requerimientos del Ministerio de Sanidad para tramitar el pase de la Fase 0 a la Fase 1 del desconfinamiento” en un proceso que se inició el pasado 30 de abril en el transcurso de la reunión del Consejo Interterritorial del SNS.

En dicha reunión, según explica la Junta de Andalucía, el Ministerio informó de que “en un nuevo marco de cogobernanza asignaría a cada comunidad autónoma un tutor o persona de referencia con el fin de preparar de forma conjunta la documentación requerida de cara a las propuestas de cambio de fase que había que enviar antes de las 14 horas del 6 de mayo”. Según denuncian desde la consejería andaluza, Sanidad “tardó cinco días en asignar dicho ‘tutor’ o ‘persona de referencia’ a la Junta de Andalucía”. Esta designación llegó el 5 de mato a las 18:18 horas, a escasas 20 horas para que se cumpliera el plazo para presentar la propuesta, denuncia la Junta de Andalucía.

Ese mismo día se mantuvo una primera conversación para abordar el informe y se volvieron a citar, para abordar el informe, a las 11 de la mañana del 6 de mayo, tres horas antes del fin de plazo. Tras esa reunión “la Junta de Andalucía, en colaboración y de acuerdo con la persona de referencia asignada, elevó su propuesta al Ministerio de Sanidad a las 14:12 horas”.

A la vista de la propuesta remitida, según explica la consejería de Salud andaluza, durante la tarde del 6 de mayo y el 7 de mayo, “la responsable técnica asignada por el Ministerio propuso hacer modificaciones a la propuesta” que se realizaron y se remitieron el 7 de mayo a las 20:32. El documento remitido fue realizado “en colaboración y de acuerdo con esta persona de referencia que fue asignada tras 5 días de espera”, explican desde la Junta.

De este modo, según considera el Gobierno andaluz, “toda la documentación aportada por la Junta de Andalucía se remitió en modelo oficial normalizado y siguiendo las indicaciones pertinentes”. No obstante, según indican fue el Ministerio de Sanidad el que “cambió el criterio de la información que debía recibir en varias ocasiones”, y la Consejería suministró “de forma inmediata todos los requerimientos extraordinarios”.

Sin noticias de los informes

El viernes 8 de mayo se hicieron públicas las decisiones tomadas por el Ministerio de Sanidad y, de forma contraria a la que creían entre otras comunidades la valenciana, Castilla y León, así como la propia Andalucía, Málaga y Granada fueron excluidas de forma íntegra del paso a fase 1.

A la vista de esa decisión, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía solicitó el 9 de mayo el informe técnico completo en el que constan las causas que han motivado la exclusión de la totalidad de las provincias de Málaga y Granada. Según dicen, a 11 de mayo volvieron a solicitar el informe técnico sin que hubieran “ninguna respuesta oficial del Ministerio sobre por qué las provincias de Granada y Málaga siguen en Fase 0, a pesar de que hay otras provincias y comunidades autónomas completas que han pasado a la Fase 1 en condiciones epidemiológicas”.

Por todo ello, la Junta de Andalucía “emplaza al Gobierno central a aclarar con prontitud” las razones por las que Málaga y Granada siguen en Fase 0, y asegura que “a medida que pasan los días aumenta la sensación de agravio a estas provincias”. Según indican, sería “positivo en aras a la transparencia y la credibilidad de las instituciones que el Ministerio haga públicos los informes para pasar a la Fase 1 de las distintas comunidades autónomas”, para comprobar así “si todas usaron el formulario oficial normalizado sin eludir ninguna de las cuestiones planteadas en el mismo y si a todas se ha aplicado el mismo criterio”.