El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, desarrolló el pasado miércoles una conferencia en la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) en la que detalló los ejes que dan forma a la política que seguirá el Ministerio de Sanidad comandado por Mónica García. El número dos de Sanidad explicó la estrategia que seguirán para lograr cambios a medio y largo plazo de acuerdo con su visión de la Sanidad, pero también profundizó sobre algunos aspectos relevantes como la política farmacéutica y la transparencia vinculada a su I+D y centrando su foco en el uso secundario de datos sanitarios; así como en el ámbito de la gobernanza del Sistema Nacional de Salud, a través del funcionamiento del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS).
Como apunte previo me gustaría reconocer la claridad con la que Padilla transmite su visión. Se podrá estar de acuerdo o no con él, pero de lo que no cabe duda es de que no deja demasiado margen a la interpretación. Al menos hasta el momento, se siente cómodo planteando sus propuestas ya que son acordes, o al menos siguen en línea, con lo que ha defendido históricamente y lo que su parroquia espera. Habrá que ver cómo evoluciona según avance la legislatura.
Comenzando por la visión que tiene Padilla sobre la gobernanza del sistema y el funcionamiento del CISNS, creo no se debe hacer un uso partidista de este órgano. Y tan partidista es utilizar las mayorías que se puedan lograr por un bando para hacer oposición, como impedir que la mayoría de las comunidades autónomas, en un sistema descentralizado, sean las que decidan qué hacer en cada momento en el SNS en aquellas cuestiones para las que se requiera una coordinación.
Padilla confesó que, siendo consciente de que el CISNS es una conferencia sectorial que se debe regir por lo establecido en la Ley 40/2015, no va a dar a apoyar un CISNS vinculante porque la polarización y la mayoría de la que goza el PP en este órgano irían en contra del Ministerio de Sanidad. Yo podría asumir como positivo que se buscara evitar la polarización en beneficio del funcionamiento del sistema, pero no me parece muy democrático hurtar a las mayorías que puedan expresarse y ser reflejadas en las políticas. ¿Qué diría él si la situación fuera la contraria? Y menos si la ley está tan clara.
Si algo no se le puede permitir a la Administración, al ámbito político, es obviar el cumplimiento de la ley porque no le gusta. Nadie más que la Administración y el ámbito político tiene en su mano el BOE y la posibilidad de cambiar leyes. Si no les gustan, que las cambien, pero mientras estén vigentes, hay que cumplirlas y mucho más desde un despacho de un ministerio.
Creo que es de una necesidad imperiosa resolver esta situación que, de otro modo, abocará a una continua judicialización de la gestión sanitaria, como se vio con el follón de las mascarillas en enero pasado. Para justificar su actuación, el Ministerio de Sanidad tomó una parte de la Ley 40/2015, pero obvió otra parte de la misma norma, la del procedimiento de alcanzar los acuerdos, porque no hubiera logrado su objetivo. El funcionamiento del CISNS no puede quedar al arbitrio del Ministerio de Sanidad en función de las circunstancias políticas que lo rodeen.
Por ello, me parece un asunto urgente de resolver y que, aunque no quiera el Ministerio de Sanidad, esperamos que sea solventado en breve, con el Real Decreto de funcionamiento de las conferencias sectoriales que prepara el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Y tras ello (mejor incluso si es antes) será ineludible la actualización del Reglamento del CISNS.
En cualquier caso, no me parece mal que Padilla y García, García y Padilla, impulsen el ámbito técnico para sortear las dificultades que tienen en el ámbito político del CISNS. El Pleno del Consejo debe marcar las líneas políticas de actuación, pero al tratarse la sanidad de un aspecto tan especializado, sus decisiones deben basarse en la ciencia y la visión de los técnicos. Eso sí, las cuestiones técnicas requieren su tiempo, su análisis y su debate y no permitir estas tres cuestiones no es apoyarse en lo técnico sino tratar de coger al contrario con el pie cambiado.
Transparencia de la I+D
Otro de los asuntos relevantes tratados por Padilla en su intervención y que eran inéditos previamente, fue lo que transmitió en relación con la transparencia de las fuentes de financiación y recursos que dan lugar a un nuevo medicamento.
En los últimos años se había puesto énfasis en señalar que si un medicamento se había beneficiado de los desarrollos en I+D básica realizados en una administración pública, eso debía tenerse en cuenta a la hora de establecer los precios de los medicamentos. Me parece bien, pero creo que lo que los organismos públicos deberían hacer mejor es patentar y proteger sus descubrimientos y desarrollos, así como negociar mejores condiciones de la utilización de sus hallazgos. En cualquier caso, parece claro que los descubrimientos basados en determinadas investigaciones básicas, si llegan a suponer un medicamento que cubra una laguna terapéutica, tendrá un mayor beneficio social que si se queda entre las paredes de tal o cual universidad u hospital.
Pero la semana pasada, Padilla dio un paso más. También incluyó en esta cuestión los desarrollos de tecnologías que se realicen gracias al uso secundario de datos sanitarios.
Aquí creo que puede haber varios problemas de cara a la titularidad de los datos, por un lado, y a que ya se establece la existencia de tasas por la utilización de los datos para su uso en investigación. Para el primer caso, habría una enorme dificultad, más allá de que el propietario es cada uno de los pacientes, para asignar a cada dato la utilidad que ha tenido en el desarrollo final de una determinada tecnología y la atribución de un posible descuento en cada país en función de esa contribución. Para el segundo, habría una dificultad añadida. Es como si España, por el hecho de propiciar importantes desarrollos a través de la potente investigación clínica que tiene, reclamara un descuento para los medicamentos cuyos ensayos clínicos se hayan desarrollado en nuestro país más allá de las tasas que paga la industria, las aportaciones a los centros investigadores y la entrega de medicación.
En cualquier caso, Padilla ha puesto encima de la mesa dos importantes cuestiones que deberán plasmarse en el debate público. Lamentablemente, el asunto de la gobernanza del CISNS no parece interesar a demasiada gente, mientras que el de la transparencia de la I+D promete coger fuerza en los próximos años.
José María López Alemany es director de Diariofarma.
Nicolas Gonzalez Casares: