Enrique Ruiz Escudero, portavoz del Partido Popular en la Comisión de Sanidad del Senado, expone la visión crítica que tiene sobre la actuación del Ministerio de Sanidad en estos pocos meses que lleva la legislatura y plantea las prioridades del PP en materia de recursos humanos, acceso a los medicamentos o el liderazgo que debe ejercer el Ministerio, en una entrevista concedida a Diariofarma.
Ruiz Escudero asegura que existe falta de liderazgo del Ministerio de Sanidad y denuncia las decisiones ideológicas que, según él, están perjudicando a todo el sistema sanitario. Además, reflexiona sobre las posibles consecuencias de la ley de universalidad y la urgencia de clarificar la regulación del Consejo Interterritorial para mejorar la gobernanza en sanidad.
Pregunta. ¿Cómo valoras los meses que lleva en el Senado, casi un año ya?
Respuesta. La verdad es que ha sido un cambio notable, ya que el tipo de trabajo es muy distinto comparado con el que realizaba en la Consejería de Sanidad. Los tiempos legislativos son diferentes y aquí tienes una visión de carácter nacional de toda la actividad. Ser portavoz en la Comisión de Sanidad del Senado por el Partido Popular me permite estar muy cerca de todas las cuestiones que se viven día a día.
P. El Senado, con la mayoría absoluta del PP, ¿será el lugar donde se reflejen las diferencias con el Gobierno en materia sanitaria?
R. Sí, de hecho, ya se está produciendo. Por ejemplo, con la última proposición de ley que aprobamos, que era de carácter sanitario, pero con contenido fiscal. Se trataba de eliminar la obligación de declarar las subvenciones que se han dado a los pacientes de la talidomida como rendimiento del trabajo en el IRPF, lo cual alcanzaba hasta un 47% en algunos casos. Es algo casi indecente. Esa proposición de ley, que trabajamos con Avite (la Asociación de víctimas de la talidomida), contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto el Partido Socialista. Esto demuestra que tener esta mayoría nos permite sacar adelante proyectos importantes, aunque luego en el Congreso necesiten una segunda aprobación. Además, hemos estado desarrollando mucha actividad en comparecencias para conocer qué se está haciendo, como con el plan estratégico contra el cáncer a nivel europeo, o la situación de la investigación en España, especialmente en ensayos clínicos.
P. Hubo una primera proposición que vetó el Gobierno por incremento de gasto, ¿cómo manejaron esa situación?
R. Sí, exactamente. Replanteamos la proposición vinculándola a un ejercicio posterior, lo cual impedía al Gobierno vetarla por contenido económico. Lo hicimos para que el contenido fuese efectivo para el año siguiente, asegurándonos de que se aprobara sin afectar a los presupuestos actuales.
P. ¿En qué otros ámbitos va a poner el foco el Grupo Popular en el ámbito sanitario?
R. Nosotros somos muy fieles a nuestro programa electoral. Hay uno que es una cuestión de estado: los recursos humanos. Necesitamos una estrategia nacional. Solo hay que ver la última elección del examen MIR y la situación en las comunidades autónomas en la búsqueda de profesionales. Hay un error con la planificación, que está muy lejos de las necesidades reales, lo que justificaría tomar medidas imaginativas. Además, hay un problema con la homologación de títulos, con más de 5.000 personas pendientes, algunas esperando hasta cinco o seis años para obtenerla. También es fundamental hacer un estudio de las jubilaciones próximas y las personas que salen de nuestras facultades, especialmente en el caso de médicos, pero también en otras profesiones como enfermería.
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“Hay que buscar un modelo de gobernanza real que evite el uso ideológico del CISNS, como lo ha utilizado la izquierda y sigue haciéndolo”
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P. ¿Y respecto de los medicamentos?
R. Es otro punto crucial. Tenemos que reducir el tiempo de acceso a los medicamentos, que ha aumentado de 629 días a 661 en el último año, colocándonos a la cola de Europa. Esto es chocante ya que somos el país con el mayor número de ensayos clínico, con lo que la frustración es aún mayor. Esto afecta a pacientes, profesionales e industria. Por otro lado, es también necesario impulsar los avances en salud digital. Para ser un único Sistema Nacional de Salud necesitamos una historia clínica electrónica compartida dentro y la tarjeta sanitaria virtual. Es lo que nos va a permitir tener una estrategia común y compartir datos. También necesitamos que el Ministerio de Sanidad se dedique a coordinar, a liderar, y no a montar una estrategia de confrontación con la Comunidad de Madrid, como hace de manera permanente.
P. Otra cuestión relevante es la financiación autonómica. El Gobierno ha renunciado a tocarla en el presupuesto. ¿Puede hacer algo el PP desde el Senado con el apoyo de 12 comunidades?
R. Sí, de hecho, hemos visto que la financiación hacia la sanidad en los presupuestos generales ha bajado, lo cual es increíble ya que la izquierda, que siempre patrimonializa estas cosas, carece de sensibilidad en estas cuestiones. Las comunidades autónomas dedican cada vez más esfuerzo presupuestario a la sanidad, rondando el 40% del presupuesto en muchos casos. No puede ser que las comunidades continúen haciendo ese esfuerzo y no se avance para una financiación adecuada desde el nivel nacional. Vamos a generar ese debate porque es fundamental para mejorar el acceso a los servicios, los tiempos, los profesionales y la incorporación de la innovación. Además, gracias a la actividad del sistema sanitario hemos incrementado en los últimos seis años dos en la esperanza de vida y eso fuerza una mayor demanda, que también ha aumentado con la pandemia. Para que el sistema funcione, tiene que tener profesionales, buenos procesos y no puede estar infra presupuestado, como ocurre.
P. Más allá de la falta de recursos humanos, ¿qué otros problemas están generando la situación de falta de acceso y listas de espera en la atención primaria?
R. La esperanza de vida ha aumentado, y con la pandemia hemos visto un incremento en la demanda de servicios sanitarios. En Madrid, por ejemplo, la esperanza de vida ha subido dos años en los últimos seis, lo que tiene un impacto directo sobre el sistema sanitario. Hay que replantearse la gestión del tiempo de acceso, profesionales, financiación y procesos. El Ministerio de Sanidad debe coordinarse mejor con las comunidades autónomas en lugar de culparlas cuando algo va mal e instrumentalizar la sanidad contra las comunidades del PP, eso no puede ser.
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“Los modelos de gestión indirecta, si se manejan con transparencia, se evalúan correctamente en indicadores de salud y satisfacción de profesionales y pacientes, se ve que funcionan, deben mantenerse”
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P. ¿Cómo valora la acción de gobierno de la ministra en estos 6-8 meses que lleva al frente del Ministerio?
R. En lo fundamental, con absoluta franqueza, el avance es nulo. En temas de profesionales, las comunidades autónomas siguen pidiendo un monográfico sobre Recursos Humanos. En el acceso a medicamentos, los tiempos han empeorado. En cuanto a la innovación mejora por las comunidades autónomas, pero no hay un eje que marque cómo incorporarla dentro de nuestro sistema sanitario. Además, solo hay leyes de carácter político y anuncios que se quedan en nada. La Agencia Nacional de Salud Pública lleva anunciada desde 2021 y aún no se sabe ni siquiera dónde va a estar. No se han tomado medidas reales sobre los problemas fundamentales de la sanidad, se han centrado en la marihuana o el tabaco en las terrazas, y las que se han tomado son más bien anuncios sin impacto real, como lo que han anunciado sobre la corrupción sanitaria, que puede aprovechar para ir a la fiscalía con los contratos del Ministerio que están en investigación. Esto es el reflejo de la importancia que la izquierda da a la sanidad. Con seis ministros en seis años es imposible llevar a cabo una estrategia efectiva.
P. En la comparecencia que tuvo la ministra en el Senado, parecía que seguía en un cliché de oposición a Madrid. ¿Qué opina al respecto?
R. Sí, ha sido así de manera constante. En todas las preguntas parlamentarias, siempre que tiene la oportunidad, cuestiona y realiza acciones sorprendentes contra Madrid. Entiendo que debe ser muy difícil haber perdido tantas elecciones frente a Isabel Díaz Ayuso, y ese complejo le ha quedado de manera permanente. Su estrategia parece ser la de seguir jugando a ser líder de la oposición, especialmente con la caída libre que está experimentando Más Madrid en las últimas elecciones, pero esto solo fortalece a Ayuso. En su intervención criticó los modelos de gestión y colaboración público-privada en Madrid, pero no se atrevió a hacerlo con Cataluña u otras comunidades autónomas que hacen lo mismo, incluso las socialistas. Todo esto solo deja al Ministerio en muy mal lugar. Nosotros tenemos claro que tenemos un programa y lo vamos a defender.
P. Pero no todo será negativo. ¿No hay nada que haya puesto en marcha el Ministerio en estos meses que considere bueno?
R. Por desgracia, no he visto ninguna medida que tenga un impacto directo en lo más importante del sistema sanitario. Las decisiones deben tener repercusión en las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia asistencial, y hasta ahora no hemos visto mejoras en recursos humanos ni en el acceso a medicamentos, en ambos parámetros se ha empeorado respecto de años anteriores. Solo hemos visto críticas a los modelos de colaboración público-privada y medidas de carácter ideológico, como la ley de universalidad. Además, es incongruente que el Consejo de Ministros apruebe la cesión del antiguo Hospital del Generalísimo en Chamberí al Grupo Quirón, mientras critican a este grupo. El Ministerio solo está en poner encima debates que no interesan al sistema sanitario, comunidades y pacientes.
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“Se debe cambiar el funcionamiento de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, será clave para acelerar el acceso”
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P. Mencionó la ley de gestión pública. En la comparecencia de la ministra en el Senado, hubo un cambio en la presentación del modelo, pasando de una lucha contra toda la gestión indirecta a una lucha contra la gestión indirecta con ánimo de lucro, excluyendo gran parte del modelo catalán. ¿Qué opinas sobre esto?
R. El portavoz de Junts fue tan crítico como yo con esas ideas. Dijo claramente que no tocaran los modelos de colaboración público-privada en Cataluña, donde son mucho mayores que en Madrid. Estos modelos, si se manejan con transparencia, se evalúan correctamente en indicadores de salud y satisfacción de profesionales y pacientes se ve que funcionan, deben mantenerse. Son herramientas útiles que permiten una mejor gestión y más barata, y es sorprendente que critiquen estos modelos mientras, por otro lado, el Ministerio de Industria llega a acuerdos con farmacéuticas para mejorar el acceso a la innovación. Es un discurso absolutamente superado por cualquier administración de cualquier signo político y es volver a ideas arcaicas y fuera de la gestión directa que denotan una falta de conocimiento sobre la gestión. Esta ley es para ir contra Madrid.
P. ¿Qué consecuencias tendría para los sistemas sanitarios de algunas comunidades autónomas, como Madrid, si la ley llegara a aprobarse?
R. Habría que esperar a ver el contenido, pero dado el sectarismo con el que funciona este gobierno a muchos niveles, podemos esperar lo peor. Espero que no salga por las consecuencias sobre la sanidad española, que serían graves, ya que la ley tendría un impacto económico inasumible para cualquier gobierno autonómico o el propio Gobierno de España. Entiendo que, siendo un gobierno de la confrontación y el odio, necesitan alimentar la ideología y utilizan cualquier herramienta para lograrlo. Sería un retroceso en la gestión de nuestro sistema sanitario, afectando negativamente a la eficiencia y a los servicios que se prestan.
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“Para que el sistema funcione, tiene que tener profesionales, buenos procesos y no puede estar infra presupuestado”
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P. Se esperan modificaciones de leyes relevantes en el ámbito sanitario durante esta legislatura, como la Ley de Garantías de los Medicamentos. ¿Qué aspectos cree más relevantes a actualizar?
R. Sí, es necesario actualizar varios aspectos. Primero, los tiempos de acceso a medicamentos deben mejorar. Además, se debe cambiar el funcionamiento de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, lo cual sería el punto clave de todo esto. Hace un par de años desde Madrid presentamos un documento para la modificación de la CIPM en un Consejo Interterritorial proponiendo estos cambios, que podrían hacerse mediante decreto. Esto mejoraría la transparencia y fiabilidad del sistema, y evitaría la incertidumbre actual para las farmacéuticas. También es necesario mejorar en traslación de los tratamientos desde los ensayos clínicos a la utilización ordinaria.
P. ¿La propuesta de cambiar la CIPM es apoyada por otras comunidades del PP?
R. Sí, estoy seguro de que otras comunidades del PP apoyarían esta propuesta. Madrid siempre ha propuesto mejoras y soluciones viables. Además, en la actualidad, la coordinación entre las comunidades autónomas del PP es muy importante. Todos seguimos una línea clara que responde a las necesidades del sistema y a nuestros programas, y tenemos muy claro hacia dónde queremos ir en coordinación entre Congreso y Senado, los consejeros, la vicesecretaria Ester Muñoz y con Antonio Zapatero.
P. A nivel de gobernanza, ¿crees que es urgente clarificar la regulación del Consejo Interterritorial?
R. Totalmente. Durante la pandemia lo padecí, ya que las decisiones en el Consejo Interterritorial se tomaron de manera sesgada por cuestiones ideológicas y casi sin respetar la parte técnica, por lo que así nos fue. Hay que buscar un modelo de gobernanza real que evite el uso ideológico de este órgano, como lo ha utilizado la izquierda y sigue haciéndolo. Ese no es el camino. Cuando gobernemos, revisaremos el funcionamiento del Consejo Interterritorial para mejorar la toma de decisiones y el liderazgo del Ministerio de Sanidad.
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“Con seis ministros en seis años es imposible llevar a cabo una estrategia efectiva”
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P. ¿Qué ley debe regir el Consejo Interterritorial, la Ley de Cohesión o la Ley 40/2015?
R. Debe ser lo que sea mejor para la sanidad. Lo importante es que las normas de funcionamiento del Consejo Interterritorial no se utilicen con carácter ideológico, que es lo que ha ocurrido. Las decisiones deben tomarse pensando en el mejor interés del sistema sanitario. Cuando entremos a gobernar, que será más pronto que tarde, vamos a dar una vuelta al funcionamiento del CISNS. La pandemia nos mostró la necesidad de tener una gobernanza clara y efectiva en el Consejo Interterritorial y la importancia de que las comunidades hubieran tenido más capacidad para tomar decisiones rápidas y adecuadas en situaciones de emergencia.
