A lo largo de los últimos años, la configuración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) como máximo órgano de gobernanza del Sistema Nacional de Salud ha venido siendo motivo de batalla partidista. Ni siquiera política.
Hacer que algunas de las decisiones del CISNS, cuando el Ministerio de Sanidad actúa como ente coordinador del SNS, sean vinculantes, ha sido planteado en diferentes momentos por algunos partidos, rechazado en otras situaciones, impuesto por la puerta de atrás cuando ha interesado y olvidado en otros momentos.
Aunque se había preguntado en ocasiones anteriores al secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, por su visión y la del Ministerio de Sanidad acerca de esta cuestión, hasta ahora no había expuesto claramente su posición. Para Padilla, el CISNS “no” debe tomar actualmente decisiones de carácter vinculantes, “por supuesto que no”. Y lo asegura siendo consciente de que “al parecer la respuesta correcta que hay que dar siempre es que sí”, explica.
Pero la posición del secretario de Estado es totalmente utilitarista y condicionada por la situación política y de mayorías dentro de ese organismo, tal y como ha confesado en una intervención en una sesión del Master en Salud Pública y Gestión Sanitaria de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), donde realizó una conferencia el pasado miércoles tres de abril. “En un contexto como el actual si las decisiones del Consejo interterritorial fueran vinculantes no llevaríamos absolutamente ninguna decisión al Consejo Interterritorial”. Padilla reconoce que actualmente, existe una situación de “polarización”, pero también una realidad en la que la mayoría de los miembros del CISNS, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, son de “distinto signo político que el gobierno central”. Esta circunstancia, según el secretario de Estado, “amputa por completo la capacidad de generar ningún tipo de diálogo y consenso”.
Por ese motivo, y para sortear esta circunstancia, la estrategia seguida es “intentar bajar al ámbito de lo técnico todo lo posible”. De este modo, destaca que todos los acuerdos que se han conseguido en el CISNS se han logrado al “partir del ámbito de lo técnico subiéndolo hacia arriba sin la necesidad de que existiera esa vinculación”. Por ese motivo, desde su punto de vista “así tiene que seguir”.
Historia y reciente historia
Pese a esta visión de Padilla, el propio Ministerio de Sanidad liderado por Mónica García ha impuesto algunas de las medidas más polémicas, como las mascarillas en enero, atribuyendo al CISNS su carácter de conferencia sectorial regulada por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Esta norma expresa claramente que las decisiones de una conferencia sectorial se tomarán por acuerdo, lo que supone una votación y el compromiso de ejecutarlo para todas las autonomías que lo hayan apoyado. No obstante, en caso de que la ministración General del Estado ejerza funciones de coordinación, según la distribución de competencias constitucionales, la aceptación del acuerdo adoptado por mayoría será exigible a todas las comunidades autónomas. Es decir, que las decisiones, serían vinculantes. Por otro lado, estarían las recomendaciones, que no lo serían.
Desde que la Ley 40/2015 entró en vigor, se han sucedido intentos por convertir realmente el CISNS en una conferencia sectorial. Durante 2016 y 2017 el Gobierno del PP trató de modificar el reglamento del CISNS para adaptarlo a la nueva normativa. No lo logró por la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, no todas, y los nacionalistas. Tras la moción de censura con la que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018 todo este asunto se aparcó. Pero llegó la pandemia obligo y, sin el reglamento del CISNS actualizado, este órgano actuó con una conferencia sectorial, con votaciones e imposiciones de actuaciones a las comunidades autónomas.
Pese a todo esto, hay que decir que hay voces, incluso en el PP que mantienen que la regulación del CISNS viene dada por su ley específica, como es la de Ley 16/2003 Cohesión y Calidad, aunque sea previa a la Ley 40/2015. Es el caso de la ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, que defiende la vigencia del artículo 73.2 de la Ley de Cohesión, donde establece que los acuerdo se plasmarán “a través de recomendaciones que se aprobarán, en su caso, por consenso”.
En cualquier caso, la situación actual genera una inseguridad jurídica enorme ya que la consideración del CISNS como conferencia sectorial no puede quedar a la decisión arbitraria de cada momento del Ministerio de Sanidad. Eso aboca a judicializar sin límite las actuaciones del Consejo. Tal vez la solución llegue con el real decreto sobre conferencias sectoriales impulsado desde el Ministerio de Transformación Digital y la Función Pública, pero también es hora de actualizar el reglamento del propio CISNS.
Nicolas Gonzalez Casares: