El Consejo General de Enfermería (CGE) ha anunciado este viernes que tomará acciones legales contra “organizaciones y sindicatos médicos, y de otras profesiones, “sobre las insinuaciones y manifestaciones en las que se afirme que la prescripción de medicamentos por parte de las enfermeras supone un riesgo para los pacientes”.
El presidente del Consejo, Florentino Pérez Raya, asegura que “tomaremos todas las medidas jurídicas para hacer valer nuestros derechos y nuestro desarrollo profesional”. Según se explica desde el colegio, “las guías que marcan las actuaciones de las enfermeras con fármacos de prescripción médica las aprueba el Ministerio de Sanidad, en una comisión de la que forman parte la Organización Médica Colegial, las CC.AA., Fuerzas Armadas, mutuas de trabajo y representantes prestigiosos de la profesión farmacéutica de diferentes CC.AA. Y todo ello en cumplimiento de la Ley del Medicamento y el Real Decreto sobre prescripción enfermera”.
El Consejo General apoya al Ministerio de Sanidad y refrenda la postura del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien ha expresado, una vez más, que “la prescripción enfermera no es para sustituir a los médicos. Adecuar y compatibilizar las funciones a las capacidades de unos profesionales cada vez más y mejor formados no es para sustituir a otras profesiones, es, sobre todo, para mejorar la atención a los pacientes. Este avance competencial es imparable porque no es algo sanitario, sino una dinámica que lo excede, un factor de estímulo para todas las categorías profesionales y el lugar donde surgen formas mejores de hacer las cosas”.
Las declaraciones de Pérez Raya se producen después de que los Consejos de Medicina, Farmacia y Odontología, así como diversos sindicatos hayan mostrado su intención de recurrir la nueva guía de dispensación enfermera de medicamentos para infección del tracto urinario no complicada en mujeres adultas, publicada en el BOE el pasado 19 de julio.
En el caso farmacéutico, el Consejo General ya ha anunciado su intención de recurrir la decisión del Ministerio, como ya hizo con las guías de hipertensión y diabetes y anticoagulación oral, en 2022 y 2023, por entender que las competencias sobre adherencia y seguimiento farmacoterapéutico corresponden legalmente a la profesión farmacéutica y que vulnera directamente el artículo 70, apartado 5 del texto refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos.
