La aprobación por el Consejo de Ministros de la nueva licitación del concierto de Muface para los años 2025-2026, con una subida de la prima fija mensual del 17,12 %, solo tres puntos por encima de la oferta inicial del Gobierno y muy por debajo de las peticiones de aseguradoras, amenaza con dinamitar este sistema de colaboración público privada por infrafinanciación y falta de sostenibilidad. Si el contrato queda desierto, a partir del próximo enero, provocará el trasvase inmediato al SNS de más de 1,5 M de funcionarios (incluyendo beneficiarios), que elegían ser atendidos en la sanidad privada.
Para evitar el fin del modelo ‘Muface’, en el que se encuadran también Isfas y Mugeju, el Círculo de la Sanidad solicita al Gobierno un acuerdo marco que permita el ajuste progresivo de la prima para que de una manera equilibrada, y sin socavar las arcas públicas, las licitadoras puedan cubrir los costes económicos con un margen razonable y sostenible en el tiempo, y así seguir prestando los servicios sanitarios de calidad que requiere la cobertura de este colectivo.
La infrafinanciación histórica que arrastra este sistema de colaboración público-privado hace que la subida de la prima fija mensual de un 17,12 % sea insuficiente para la sostenibilidad del sistema, incompatible con una atención al paciente de calidad y muy alejada del gasto sanitario real de un paciente público. Según datos del último estudio de la Fundación IDIS, la cápita pública por persona ha crecido un 53 % (1.736 euros) en los últimos diez años, mientras que la de las mutualidades lo ha hecho solo en un 32 % (1.013 euros). Esta diferencia entre ambas cápitas implica que las aseguradoras estén trabajando, de forma continuada, por debajo del coste del servicio, con unas pérdidas cercanas a los 200 M€, lo que pone en peligro su solvencia futura. Este desajuste se ha visto además agravado por el efecto de la inflación, la ampliación de prestaciones, el envejecimiento de los beneficiarios, el efecto Covid-19 y las inversiones en tecnología y equipamientos.
El trasvase de funcionarios al SNS incrementará el gasto sanitario de forma abrupta (723 euros más por paciente), con cargo a los presupuestos de las Comunidades Autónomas, recrudeciendo todavía más el debate abierto con el Gobierno central para la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales. Tensionará, además, a cotas insostenibles la atención primaria y especializada, sobrecargando a sus profesionales y disparando las listas de espera, sobre todo en consultas externas e intervenciones quirúrgicas.
Según datos de Proyecto Venturi, socio del Círculo de la Sanidad, se estima que este colectivo de funcionarios y beneficiarios generará unas 120.000 intervenciones quirúrgicas al año, 8,5 millones de consultas de atención primaria y no menos de 2 M de interconsultas derivadas a la especializada, que irán directamente a engrosar las listas de espera. “Además de esta sobrecarga en consultas y listas de espera quirúrgica, faltaría saber qué va a pasar con los pacientes diagnosticados o en proceso que están pendientes de una cirugía en la sanidad privada —añade Antonio Burgueño, director de Proyecto Venturi— ¿Seguirán su curso en la pública o tendrán que empezar de cero y volver al diagnóstico? Eso generaría más retrasos, afectando seriamente a la salud de los pacientes”.
En determinados territorios con mayor densidad de funcionarios y baja penetración de pólizas privadas, el colapso provocará el cierre de hospitales y centros, con la consecuente pérdida de miles de empleos en el sector asistencial y en su industria auxiliar (proveedores de equipamientos, gases, logística, servicios externos, etc.).
