Antiguos altos cargos socialistas promueven un Pacto de Estado federal para la sanidad

Impulsar un Pacto de Estado de carácter federal para la sanidad y actualizar la Ley General de Sanidad son los pilares en los que se fundamentan las propuestas que varios expertos en gestión y asistencia clínica, vinculados al PSOE, han plasmado en el libro ‘El Sistema Nacional de Salud. Pasado Presente y desafíos de futuro’, este lunes han presentado en el Ateneo de Madrid.

En otras cuestiones, el libro pone de manifiesto que, al mismo tiempo que se ha reducido el presupuesto sanitario público, ha aumentado el gasto farmacéutico por “los precios abusivos” de los nuevos medicamentos que “no se ha sabido y podido controlar”. Tras fijar en 8.000 millones de euros anuales el sobregasto o gasto evitable en medicamentos, proponen revisar a fondo el sistema de fijación de precios de los nuevos medicamentos, ligándolo al coste de fabricación y no al “valor”. Y, en tanto exista el sistema de patentes y monopolios, plantea “realizar descuentos sobre ventas o aportaciones finalistas de los laboratorios para crear fondos públicos de investigación y formación”.

Pedro Sabando Suarez, Francisco Torres-González, Fernando Lamata Cotanda,  Juan José Rodríguez Sendín, Ramón Gálvez Zaloña, Carmen Montón Giménez y Javier Rey del Castillo, son los autores de este libro que han presentado los cuatro primeros con la participación de María Luisa Carcedo Roces, ex ministra de Sanidad, como moderadora.

La obra, de 600 páginas, aborda a lo largo de 14 capítulos, el SNS desde su creación en 1986, su desarrollo y la realidad actual tras los importantes recortes en recursos públicos como consecuencia de la crisis financiera de 2008 y de las políticas económicas aplicadas en España y en la Unión Europea, realizando una serie de reflexiones y propuestas “con el ánimo de contribuir a reforzarlo y consolidarlo”.

Los autores desmenuzan aspectos como la financiación pública, la situación de los profesionales, la Atención Primaria y hospitalaria, las políticas de salud mental, los medicamentos y la política farmacéutica o la privatización de la sanidad.

El tema de la privatización de la sanidad lo analiza la que fuera ministra de Sanidad, Carmen Montón, quien afirma que “se trata de elegir entre dos modelos antagónicos que son dos maneras de articular la sociedad. O se fundamenta en los derechos de todos o en los intereses de unos pocos”. Los autores consideran que el mejor remedio contra la privatización sanitaria es la mejora de la estructura y el funcionamiento del SNS.

Defienden fondos específicos para vertebrar el SNS y garantizar su cohesión, estimular políticas y estrategias nacionales y financiar redes conjuntas de centros de referencia, investigación, big-data y grandes equipamientos. Asimismo, proponen establecer un mecanismo de penalizaciones económicas en caso de incumplimiento de las obligaciones de prestación de servicios por parte de las CCAA.

Otra de las sugerencias que realizan es la modificación de tres artículos de la Constitución para completar la universalidad como derecho fundamental, así como para incorporar un principio de estabilidad social junto al de estabilidad presupuestaria, fijando un suelo de gasto público que garantice una financiación suficiente para la sanidad.

Defienden que esta financiación, que debe de ser suficiente para garantizar a toda la población todos los servicios necesarios, ha de ser proporcionada a nuestro nivel de renta y ponen como referencia la media de los países de la eurozona, donde el gasto sanitario público en 2016 era del 8% del PIB.

También abogan por la integración progresiva de los funcionarios que reciben las prestaciones sanitarias a través de MUFACE, ISFAS y MUGEJU, respetando los derechos adquiridos, así como la integración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Sobre el Consejo Interterritorial, más allá de su función de fomentar la coordinación  entre CCAA, defienden dotarle de decisiones de carácter vinculante. Y proponen que, de una Agencia del SNS, podrían depender varios mecanismos de coordinación como una central de compras, coordinación en inversiones de alto coste, Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, consorcio público para la gestión del big-data sanitario, Instituto de Salud Carlos III, Red de Centros de Referencia y Organización Nacional de Trasplantes.

Afirman los autores que “la sanidad española se encuentra en una encrucijada” y aseguran que “o revierte el proceso de recortes y recupera la calidad, la seguridad y la eficacia en la atención a los pacientes, o su deterioro progresivo la transformará en una sanidad de baja calidad para personas sin recursos, mientras los demás intentan pagarse una sanidad privada en función de sus medios económicos”.

Para los autores del libro, el abordaje de estas reformas requiere una firme voluntad política que sume las fortalezas de las Administraciones autonómicas y de la Administración General del Estado y el compromiso de las fuerzas políticas mayoritarias.

Pero consideran que las decisiones que se tomen se verán influidas por la opinión pública, por la posición que adopten los profesionales sanitarios, las asociaciones de pacientes, los consumidores, los sindicatos y los partidos políticos. “Todos tenemos una responsabilidad en tratar de influir en una u otra dirección”.

Para ellos, España tiene todavía una oportunidad de recuperar y potencia una sanidad pública de calidad para todos. Y, por ello, defienden que “se debe actuar con decisión sobre la fiscalidad de las rentas más altas, que ahora no pagan impuestos”.

Defienden que el Gobierno de España y los gobiernos de las CCAA tienen que ponerse de acuerdo para reforzar la coordinación del SNS, impulsando un pacto de carácter federal y actualizando la Ley General de Sanidad para la mejor utilización eficiente de todos los recursos disponibles y garantizar el acceso a los servicios sanitarios en condiciones de igualdad a todas las personas, en cualquier rincón de España.