A pesar de que se anunció que se firmarían a finales del mes de mayo y de que tras esa anuncio nunca más se ha sabido nada de ellos, los pactos entre la industria (Farmaindustria y Aeseg) y el Gobierno siguen adelante. Al menos así lo ha explicado el secretario general de Sanidad, Ruben Moreno tras haber clausurado la Asamblea general Ordinaria de Farmaindustria que ha tenido lugar este jueves.
Estos pactos fueron anunciados el pasado 30 de abril, horas antes que el Gobierno aprobara la actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018 que envió a la Comisión Europea y en la que se comprometía a un ahorro de 1.000 millones de euros gracias a la vinculación del gasto farmacéutico al Producto Interior Bruto.
Tanto Farmaindustria como Aeseg llevaban meses trabajando con el Ministerio de Hacienda para dar forma al acuerdo que permitiera vincular el gasto en medicamentos a la evolución de la economía española. La industria pedía una serie de modificaciones legislativas a cambio de que las compañías se comprometieran a la devolución de los gastos en farmacia que superaran el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) de medio plazo de la economía española. En concreto, los compromisos se referirían a la eliminación del límite del 10% para los descuentos a las farmacias, la eliminación de la discriminación positiva de los genéricos ante una prescripción por principio activo e igualdad de precio frente a una marca y, por último, no se permitiría que las marcas pudieran hacer uso de las siglas EFG.
Un escollo que rompió temporalmente las negociaciones fue la imposición del departamento de Cristobal Montoro de incluir el acuerdo en una norma legal. Algo que la industria no veía con buenos ojos sabedora de que algo que se incorpora en una ley, permanece inalterado por mucho tiempo, especialmente si va a ahorrar recursos al sistema. La industria prefería un pacto sin vinculación jurídica que fuera fácilmente anulado en un futuro.
A pesar de no tener la bendición de la industria, el Ministerio de Hacienda tiró adelante y impulsó la introducción de una enmienda en la Ley que modificaba la Ley de financiación de las Comunidades Autónomas, en la que establecía la limitación de la evolución del gasto farmacéutico a la evolución del PIB en aquéllas autonomías que voluntariamente se adhieran al instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario que se creará y del que todavía no se tienen noticias. Esa modificación legal ya está en vigor desde este lunes.
Dado el carácter voluntario de la adhesión al citado instrumento y que el texto no ha sido avalado por ningún partido de la oposición y, ni siquiera, por ninguna autonomía, siendo incluso tachado de ser de "difícil encaje" por alguna de ellas, al Ministerio de Hacienda no le queda otra alternativa que tratar de amarrar a la industria para que se haga cargo de la devolución de los excesos de gasto.
No obstante, todo el proceso parecía que se había visto truncado por los resultados de las elecciones autonómicas. Parecía que las prioridades del Gobierno habían cambiado y el acuerdo con la industria dejaba de estar entre ellas. La pérdida de poder territorial y el poco halagüeño escenario que se presenta al Partido Popular en los próximos meses, así como la tramitación completa de algunas leyes que parecían que iban a ser las destinatarias de los cambios, hacían temer al sector que el Ejecutivo faltara a su compromiso de modificar la Ley de Garantías para permitir la firma de los acuerdos. Algunos representantes del sector consideraban a principios de semana que las probabilidades de firma de los acuerdos estarían "en el 50%", probabilidad que ahora mismo está mucho más alta. Moreno espera sacarlos antes de que termine la legislatura, como es lógico
Por ello, las palabras de Moreno han supuesto al sector un alivio por alcanzar esos importantes acuerdos que, no hay que olvidar que se habían comprometido con la Comisión Europea y la Troika. Unas palabras que se suman a las que el lunes pasado, ofreció el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quien explicó que los objetivos de estos acuerdos eran "buscar una garantía de sostenibilidad a futuro y, sobre todo buscar mecanismos de compensación si el gasto supera al PIB". Además, Alonso explicó que todo ello ofrecía a la industria "un marco de certidumbre" por lo que se mostró animado a "encontrar un camino" por ser lo más "razonable". Solo dejó una duda con respecto a su firma, el tiempo que queda de legislatura. "Espero que dé tiempo a ponerlo en marcha", dijo.
