La proposición de ley de Unión del Pueblo Navarro (UPN) para la modificación de la regulación de los medicamentos genéricos, que pretendía regresar a la existente antes de 2016 no ha pasado el primer trámite parlamentario de toma en consideración. De los grandes grupos solo Podemos ha apoyado que se tramitara el proyecto de ley, PSOE y Ciudadanos se han abstenido, mientras que el PP ha votado en contra.
La propuesta, presentada por Íñigo Alli, pretendía “abrir un debate en profundidad sobre la conveniencia y el necesario equilibrio entre, por un lado, los medicamentos de marca, los medicamentos de referencia, y, por otro lado, los medicamentos genéricos”. Eso sí, para el diputado navarro, no se trata de “beneficiar a unos en contra de otros o viceversa”.
La justificación de la propuesta vino dada por la evolución que han tenido los genéricos en los últimos años en nuestro país. “Está cayendo la venta de genéricos en España” y hay países de nuestro entorno que tienen hasta un 65% de cuota de genéricos “cuando en España ni siquiera se alcanza el 40 %”, aseguró el parlamentario de UPN. Entre las causas que Alli encontró, citó “una mala intención en cuanto a poner en duda la bioequivalencia de los genéricos frente a los medicamentos de marca y la otra, y aquí tenemos mucho que decir, señorías, son las sucesivas modificaciones normativas que se han hecho en esta Cámara”. En este sentido citó los cuatro reales decretos-ley que modificaron sustancialmente la regulación farmacéutica entre 2010 y 2012, así como otros cambios en la Ley de Garantías en 2013 y 2015.
A este respecto, el portavoz de UPN consideró que “Si bien es cierto que el sector farmacéutico debe estar altamente regulado, no podemos convertir nuestras iniciativas legislativas en un riesgo para el sector”.
Rechazo del PP a "volver atrás"
La posición contraria más dura fue la que encontró en el portavoz del PP, Rubén Moreno, que centró su intervención en los problemas de competencia que se generarían por excluir del mercado a las marcas y por el hecho de deshacer lo ya hecho con la última modificación de 2015.
Moreno aseguró que “en esta proposición de ley lo que se plantea es estrictamente excluir la marca que ha perdido su patente, porque solo se puede dar el genérico, dado que todos tienen el mismo precio. Eso en un país que se supone que respeta las normas del derecho de la competencia de competencia de la Unión Europea”. El portavoz popular consideró esta cuestión “una barbaridad” y recordó que “lo introdujo la ministra Elena Salgado y lo sacó Trinidad Jiménez; lo volvió a introducir Ana Mato y lo volvió a sacar Alfonso Alonso”. No obstante, según él, los farmacéuticos “no lo cumplían ni se podía hacer seguimiento”, pero la receta electrónica haría imposible saltarse la regulación y supondría “una exclusión de facto de la marca que ha perdido su patente”. Según él, se trataría de algo que “no beneficia esta medida al Sistema Nacional de Salud, tampoco beneficia, por lo tanto, al paciente. En todo caso, es un tema que queda entre la industria farmacéutica innovadora que tiene marca sin patente y genéricos”.
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Moreno también cuestionó la validez de los datos aportados por Alli. “No es un 40%, esos son datos de IMS, los verdaderos datos son los del Ministerio de Sanidad, y la cuota de mercado es del 47,59%”. Además, la evolución en 2017 fue porque “el número de moléculas que han perdido su patente ha bajado, pero ha subido en 2018 porque ese número de moléculas que han perdido su patente ha ascendido”.
Además, defendió la modificación realizada en 2015 “porque no era sostenible” y se acordó con la industria innovadora un convenio de colaboración a devolver todo aquello que superara el PIB. En relación a los genéricos, Moreno explicó que en ese cambio legal “les dimos una ventaja para competir” en referencia a la eliminación del tope máximo de descuento por volumen de compra o pronto pago.
El apoyo al cambio de la norma por parte de Podemos fue defendido por su portavoz Amparo Botejara, quien aseguró que “los intereses comerciales están muy bien insertados en la comunidad científica”. Por ese motivo, y tras relatar algunos ejemplos de precios de medicamentos, aseguró que la industria farmacéutica “lleva a los Estados al límite de lo que pueden pagar por los fármacos. Es la política que tenemos actualmente”.
En cuanto a la proposición de ley de UPN, Botejara mostró su acuerdo con “aumentar el consumo de genéricos en nuestro país”, algo que sería “bueno”, por lo que apoyan “totalmente con que los genéricos tienen que estar más presentes en el mercado y, por supuesto, en nuestras instituciones sanitarias”.
El PSOE, por su parte, se abstuvo, asegurando que la modificación propuesta es solo “parcial”, “poco ambiciosa” y un “mero retoque” de una normativa que requiere “medidas bien articuladas dentro de una planificación general de la política farmacéutica que contribuya a la fortaleza de nuestro sistema sanitario”. En este sentido, su portavoz, Miriam Alconchel, expresó el compromiso de su grupo “con el gasto farmacéutico dentro de nuestro Sistema Nacional de Salud, y más ante la necesidad de revertir la nefasta política farmacéutica del Gobierno anterior”. No obstante, en relación a la propuesta sobre genéricos, consideró que “existe un amplio margen de mejora que requiere redefinir las medidas de impulso de la disponibilidad y prestación en el mercado farmacéutico de los medicamentos genéricos”.
Para la portavoz socialista, las prioridades en el ámbito farmacéutico serían “la mejora de la calidad de la prestación, la optimización del uso de medicamentos, garantizar algo tan básico como es el acceso de todas las personas a los medicamentos que necesitan sin que se encuentren con barreras económicas o de cualquier otro tipo, facilitar la introducción de nuevos medicamentos coste-efectivo, hacer compatible el coste de los medicamentos con el equilibrio financiero del presupuesto sanitario sin que haya que mermar otras partidas que también son necesarias e importantes y, al mismo tiempo, retribuir de manera justa la investigación y el desarrollo de nuevas moléculas eficaces”.
Ciudadanos fue el otro grupo que se abstuvo ante la propuesta de UPN, a pesar de que su portavoz Francisco Igea consideró que se trata de una proposición “sobre un tema serio y preocupante de sanidad”.
Según Igea, “tenemos un problema con el sostenimiento, ligado a un mercado con múltiples actores que consiga mantener una competencia y una política de precio bajo. Para eso sirven los genéricos, para generar un mercado de competencia y tener un precio bajo”. De este modo, según el portavoz de Cs, “si los genéricos no penetran y no hay suficientes industrias dedicadas al genérico, no conseguiremos a futuro mantener una política de precios razonable. Por eso es un problema, un problema de libre mercado y de competencia”.
El diputado naranja criticó la política realizada hasta ahora por “los dos partidos socialdemócratas”, en referencia a PP y PSOE, una política que ha consistido en “regular, regular, regular y regular, hasta conseguir tener una política de precio único, sin competencia y sin incentivo”.
El foco en el hospital
Igea señaló que el problema del gasto en medicamentos está en el ámbito hospitalario al esgrimir las cifras de evolución del gasto en receta y hospital entre 2011 y 2017. “No solo no hemos controlado el gasto, sino que tenemos el gasto disparado, porque hemos sido incapaces de hacer una política de transparencia también en los precios de la farmacia hospitalaria”, zanjó.
Por todo ello, reclamó copiar lo que se hace en Europa en esta materia, donde “hay incentivos, hay diferencia de precio, hay política de mercado y política liberal”. Por todo ello, aseguró que desde Ciudadanos apuestan “por revisar seriamente la política de farmacia, la política de genéricos, pero también la política de fijación de precios y la política de transparencia”.
Por parte del PNV, Joseba Agirretxea, aseguró compartir “el criterio básico que se plantea en esta proposición de ley”, pero se abstuvieron en la toma de consideración al cuestionar si la modificación propuesta era “el mejor modo para abordar el tema de los genéricos” en el Congreso de los Diputados. Para Agirretxea, que puso de manifiesto que “la prescripción por principio activo y la dispensación de genéricos son dos ejes fundamentales del sistema sanitario de Euskadi” se ha tratado de iniciar la casa por el tejado al no realizar previamente un debate amplio con todos los prescriptores que pudieran opinar sobre el tema, una ponencia, una apertura de puertas con todas las partes implicadas.
ERC también se abstuvo en la toma en consideración. Su portavoz, Joan Olòriz, explicó que, aunque es posible hacer más por los genéricos, “no es lo más importante que tenemos pendiente en temas de farmacia”, en referencia a los medicamentos dispensados en hospital.
Por ese motivo, consideró necesario “revisar a fondo la normativa del medicamento”, cuestión que estaría en “el tejado del Gobierno” para afrontar un “análisis más profundo, una propuesta legislativa más amplia, que contemple este tema del alza de precios en los medicamentos hospitalarios” así como la opacidad en la fijación de precios o los contratos de confidencialidad, “cosa que no entendemos, y los diputados no podemos tener acceso a eso”, concluyó.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: