La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy, por 22 votos a favor y 14 en contra, la Proposición No de Ley del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea (UP-EC-EM) sobre el Informe del Panel de Alto Nivel sobre Acceso a los Medicamentos de la ONU, en la que instaban al Gobierno a posicionarse con respecto a dicho documento. La iniciativa ha contado con el apoyo del Grupo Socialista (GS), que ha pedido también que el Gobierno opine sobre la reciente resolución del Parlamento Europeo, liderada por la socialista Soledad Cabezón, y del Grupo Ciudadanos (GC's), que también ha dado su visto bueno a la propuesta de la formación morada, incluida la enmienda socialista. El Grupo Popular (GP), en cambio, ha defendido su gestión en materia farmacéutica y se ha desmarcado del informe de la ONU, que está más orientado, piensan, "a países con una problemática diferente a la de España".
Precisamente, este argumento del GP fue previamente discutido por la diputada de UP-EC-EM, Rita Bosaho Gori, quien comenzó la defensa de la PNL de su Grupo recordando que el caso de la hepatitis C ha servido "para que la población española se diera cuenta de algo que sufren desde hace tiempo otras partes del mundo". Dicho esto, señaló que el problema del acceso a los medicamentos, reflejado en el citado informe del Alto Panel de la ONU, "no acaba en la hepatitis C", y señaló a los antitumorales o los reumatológicos como algunos de los nuevos medicamentos que plantean serios retos por su alto precio, lo cual, en opinión de Bosaho, "hace necesaria la adopción de medidas por parte del Gobierno para garantizar el acceso".
Durante su discurso, la diputada de la formación morada aludió a las conclusiones de un estudio reciente publicado en Jama, bajo el título 'El coste de investigación y desarrollo para llevar un nuevo medicamento al mercado en el área de cáncer y los ingresos obtenidos tras su aprobación'. En él, los autores Vinay Prasad, de la Universidad de Ciencia y Salud de Oregón, y Sham Mailankody, del Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York, concluyen, tras estudiar el caso de 10 medicamentos en el área de cáncer, que el coste medio en I+D para llevar un fármaco al mercado es de 648 millones de dólares, siendo el menor de 157,3 millones y el mayor de 1.950. "Este coste medio dista mucho de las estimaciones que conocemos", señaló, "por lo que no pueden servirnos para calcular el precio de los medicamentos". Por eso, citó las recomendaciones del informe del Alto Panel de la ONU en relación con la necesidad de "exigir máxima transparencia en todo el proceso, desde los costes de I+D, a los de comercialización, distribución y marketing".
Asumir el informe de la ONU y la resolución del PE
Una vez que Bosaho instó al Gobierno "a que se posicione" con respecto a las conclusiones del informe y "asuma sus recomendaciones", le llegó el turno a la socialista Miriam Alconchel, quien justificó la introducción de una enmienda por parte de su Grupo para instar también al Gobierno "a que actúe y tome las medidas oportunas para incorporar todas las recomendaciones de la ONU, pero también del Parlamento Europeo". En este sentido, Alconchel señaló que "tanto la OCDE, como la ONU y el Europarlamento han señalado que éste es un tema que hay que abordar". Por eso, dijo, "esperamos que el Gobierno levante la voz ante el Consejo de Europa para que así se haga".
Para la portavoz del GS, y en línea con lo expresado en el 'informe Cabezón', es fundamental "reequilibrar los intereses de la sanidad pública y la industria farmacéutica, para lo cual es imprescindible la adopción de medidas que contribuyan a mejorar la trazabilidad del gasto en I+D y la inversión en marketing" que realizan los laboratorios". "Como dice la resolución del Parlamento Europeo, el medicamento no puede ser un objeto de comercio más y hay que equilibrar el poder de negociación de los países europeos", ahondó.
Junto a estas medidas, recordó otras recomendaciones incluidas en la citada resolución, entre las que destacó la necesidad de dar transparencia a la I+D cuando ésta cuenta con financiada pública; la importancia de dar a conocer el precio real que se paga por los medicamentos, o la necesidad de potenciar la competitividad a través de los medicamentos genéricos. En definitiva, la socialista instó al Gobierno "a adoptar todas las medidas necesarias para incorporar estas recomendaciones, con transparencia y desde el consenso", y recordó que su grupo ya ha solicitado la comparecencia del secretario general de Sanidad para que informe de las reformas en política farmacéutica.
Ciudadanos, a favor; el PP, en contra
Tras la intervención de Alconchel se produjo la del portavoz de Sanidad del GC's, Francisco Igea, quien agradeció la PNL de UP-EC-EM, por apelar al reconocimiento de un informe "que recoge el reto de la conciliación de la sostenibilidad y el acceso a la innovación". Asimismo, señaló que su Grupo ya se ha posicionado en diversas ocasiones contra la extensión de las patentes y ha pedido una mayor transparencia en precios y en la I+D con financiación pública, por lo que, dijo, "se incluya o no la enmienda del PSOE, nosotros apoyamos la propuesta".
La última en intervenir fue María Teresa Angulo, portavoz de Sanidad del Grupo Popular, quien defendió la gestión del Gobierno en estos años, "para garantizar el acceso a las prestaciones sin poner en peligro la sostenibilidad del SNS". En este sentido, se refirió a "la puesta en marcha de la compra centralizada, el desarrollo de fórmulas de financiación ad hoc para medicamentos de alto impacto, el sistema de precios de referencia, el impulso de los genéricos, medidas con las que se han conseguido 6.500 millones de euros en ahorros, permitiendo a la vez la incorporación de 235 innovaciones terapéuticas".
Angulo aprovechó para lanzar un dardo a las comunidades autónomas que no se han sumado a procedimientos como la compra centralizada, ya que, dijo, "si lo hubieran hecho habríamos elevado los beneficios para todos". Por eso criticó el doble discurso de algunos grupos políticos que "que piden medidas y luego no se suman a ellas". Sobre el informe del Alto Panel de la ONU, se limitó a decir, anticipando su voto en contra, que "España ya trabaja de manera interna y externa para cuadrar la ecuación del acceso a la innovación y la sostenibilidad" y opinó que el citado documento está más dirigido a países "con una problemática diferente a la de España".
