Juristas ven el RD de Financiación y Precio “una oportunidad perdida”

Los abogados especializados en el ámbito farmacéutico que han sido consultados por Diariofarma han quedado decepcionados por el contenido del Proyecto de Real Decreto de Financiación y Precio de Medicamentos y Productos Sanitarios. "Una oportunidad perdida" para haber desarrollado algunos aspectos necesarios en la Ley de Garantías y para haber aclarado algunos otros aspectos, pero "no añade nada, está muy descafeinado", explican a Diariofarma. Según coinciden, con este Proyecto de RD, no se ha avanzado nada en fijación de precios o, incluso se ha retrocedido "porque antes teníamos la esperanza de que se regulara, pero ahora la vamos perdiendo", aseguran.

En este sentido, Raquel Ballesteros, del despacho Bird & Bird en España considera que “sigue sin haber criterios básicos de fijación de precios" algo que para ella, "es lo básico”. Según explica, los criterios y procedimientos de fijación precios no son transparentes y esa falta de transparencia "no se corrige" con este texto. Con ella coincide Beatriz Cocina, de Uría y Menéndez, que indica que los criterios que vienen en la ley "sirven para un precio de un euro o mil, son criterios generales programáticos, pero de ahí a servir para fijar un precio, es imposible".

Además, denuncian que no se ha avanzado nada en el cambio de los procedimientos y que estos "no son transparentes y las resoluciones no son motivadas", algo que haría que no se cumpliera o lo establecido en la Directiva de Transparencia sobre precio de los medicamentos. Según Cocina, el Real Decreto no sirve para garantizar que se cumpla la normativa porque "la práctica administrativa puede no ajustarse a la Directiva de Transparencia ya que no sabemos cómo se aplica", por ello, la actuación de la Administración podrá "seguir siendo discrecional". Ante ello, se lamenta de que "ni se ha intentado arreglarlo". Ballesteros también pone el acento en que "no se motivan adecuadamente las decisiones de precio y financiación" y tampoco se cumplen "los principios básicos de la directiva de transparencia". Ballesteros, además, pone encima de la mesa que no se han tenido en cuenta las críticas de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) sobre los criterios a aplicar en los precios, que "además es una exigencia de la directiva de transparencia y que tienen que ser objetivos y comprobables, es decir que tienen que ser publicados. Pero seguimos donde estábamos". Según esta experta, es fundamental que los criterios de fijación de precios y que las decisiones de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) sean públicas. "Es fundamental, ya que si no, las compañías viven en una incertidumbre total". Del mismo modo, explicó que puesto que las compañías "tampoco pueden acceder a las actas de la CIPM, todo tiene mucho oscurantismo", criticó.

Otro de los asuntos que han decepcionado a la abogada de Bird & Bird, es que esta hubiera sido "una buena oportunidad" para regular los acuerdos de riesgo compartido que en España "no tienen base legal demasiado clara". Pero tampoco se ha hecho adecuadamente. Según explicó, hay una duda sobre la terminación con acuerdo de los procedimientos administrativos de fijación de precios, aspecto que el texto del Proyecto de Real Decreto no termina de aclarar. Tampoco se aclara nada, por ejemplo, la manera de cómo continúa la prescripción y su pago una vez que se supera el techo de gasto y se deja a la obligación de la firma de acuerdos entre las partes. La administración se puede poner un techo, pero si eso tiene efectos jurídicos sobre un tercero, debe hacerse mediante un acuerdo, explica.

Para Cocina, la única novedad del texto es que se intenta definir un poco más los precios notificados. A pesar de ello, recuerda que se introdujeron con un Real Decreto-ley, que es una regulación de urgencia, y tres años después de introduce en la regulación una transitoria para que se tenga que esperar para poder utilizarlos, todavía unos cuantos años más, en concreto a que haya trazabilidad para poder saber qué medicamentos se dispensan al ámbito público o privado. "No obstante, ahora pensamos que esto se podrá utilizar algún día", se muestra esperanzada.

Por último, y con respecto a la obligatoriedad de seguir los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT), Cocina lo ve como "algo innecesario" ya que hay regulación suficiente para establecer la competencia del Estado en este ámbito. No obstante, Cocina explica que con cada ley que sale se trata de fortalecer la competencia del Estado, cuando eso lo dice ya la Constitución. Según ella, la clave esta en qué medidas se adoptan cuando se incumple.