Precios: Bienvenida la objetividad, pero… ¿y la transparencia?

Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma

En el XV Encuentro de la Industria Farmacéutica Española celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), organizado en colaboración con Farmaindustria nos hemos enterado de dos cosas interesantes para la financiación y fijación de precio de los medicamentos en nuestro país. Dos cuestiones que avanzan en materia de objetividad pero, como estamos acostumbrados, nos hemos dado cuenta de la falta de información y transparencia existente en todo lo que se refiere a este asunto.

Por un lado, el director general de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, Agustín Rivero, desveló que el algoritmo de medición de la innovación que su departamento lleva diseñando desde hace dos años ya es una realidad. Por otro, la consejera Técnica de la Subdirección General de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Mercedes Martínez Vallejo, dio algunas claves del funcionamiento real de la Comisión Interministerial de Precio de los Medicamentos (CIPM) y desveló algunos criterios que resultaron sorprendentes y novedosos para muchos de los asistentes.

Si hay algo en lo que coinciden ambas novedades es que no aparecen recogidas ni explicadas ni detalladas en ninguna norma legal, resolución o ni siquiera página web para que todos los interesados puedan ser conocedores de cómo se va a evaluar su medicamento a la hora de las decisiones de financiación con fondos públicos y fijación de precio. Y parece que, lamentablemente, eso va a seguir así ya que hace poco más de un mes se ha conocido el borrador del Real Decreto de Financiación y Precio de medicamentos y no aparece ni una línea del medidor de la innovación o de los criterios más concretos de funcionamiento y decisión que la CIPM establece. Es lógico que en una ley, como la Ley de Garantías, no se llegue a detallar un procedimiento tan específico, pero un reglamento que desarrolla precisamente los procedimientos de financiación y fijación de precio, debería contener dicha información. Pero claro, poner negro sobre blanco todas esas normas no escritas supone tener que someterse a posibles recursos y evaluación sobre el cumplimiento de lo establecido en la Directiva de Transparencia o incluso en las normas sanitarias o de procedimiento administrativo.

A pesar de esta falta de transparencia, sí que hay algo que creo que va en la buena dirección. Y es la sensación de que al menos se avanza hacia sistemas más objetivos que los actuales. Podríamos estar en los inicios de abandonar el mercadeo existente en la actualidad para empezar a poner los cimientos de un sistema transparente, objetivo y predecible.

Pero entrando a valorar las dos cuestiones en concreto, tengo que decir que echo en falta que se haya contado con el sector para el diseño del ‘medidor de la innovación’. Creo que tanto médicos como industria farmacéutica podrían tener mucho que decir en ese sistema. Ya que su diseño, pruebas y validación se han llevado en el más absoluto secretismo de forma y todavía nadie conoce qué es lo que realmente mide, del mismo modo que nadie sabe cómo se articulará y qué consecuencias tendrá obtener una puntuación u otra en la decisión de financiación y precio, yo voy a apuntar una serie de ideas por si alguien las quiere mejorar y tomar.

Creo que sería muy importante que el algoritmo de medición de la innovación tome una perspectiva mucho más amplia que la del Sistema Nacional de Salud para determinar el grado de innovación. Una perspectiva de la sociedad ayudaría a reconocer fielmente la innovación, mientras que una perspectiva exclusivamente del SNS limitaría la valoración real. Además, ya que parece que un grado de innovación bajo llevaría a reducciones de precio, creo que sería justo que una mejoría en los resultados respecto a lo previsto en ensayos clínicos, fuera premiada también. En este sentido, creo que sería interesante que sus resultados se incorporaran a los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) y guías farmacoterapéuticas para incentivar el uso de aquéllos productos que resulten más innovadores en cada área.

Criterios de fijación de precios

En lo que se refiere a los criterios de la CIPM, es cierto que eran más o menos conocidos por casi todos en el sector. Pero no es serio que ese conocimiento sea a partir de comentarios de pasillo o cuchicheos entre amiguetes. No. Puede ser entendible en estos momentos, en los que aún no hemos salido de la crisis, que el SNS quiera controlar al máximo el impacto presupuestario de los nuevos medicamentos. Pero de ahí a que se busque sí o sí el resultado neto cero en cada reunión de la CIPM, hay un abismo. Y mucho menos si no se tienen en cuenta todos los costes asociados al mismo. Puede ser entendible que no se tengan en cuenta costes que asume el paciente, como por ejemplo traslados al hospital. Se puede llegar a asumir que no se contemplen costes propios de otros ámbitos de la administración, como los días de baja. Pero no parece de recibo que no se tengan en cuenta los ahorros en costes sanitarios directos. Aunque no sea competencia de la CIPM, tal y como Martínez Vallejo explicó. Un ejemplo de esto sería el cambio desde el Simtron a los nuevos anticoagulantes orales que evitan la exhaustiva monitorización necesaria con el producto antiguo, ahorrando en recursos humanos e instalaciones en centros sanitarios. Pero claro, el problema es qué se hace con el personal y con las instalaciones...

Por otro lado, también nos hemos enterado de que la CIPM tiene un límite de 3.000 euros/tratamiento/mes para aprobar nuevos medicamentos. Y yo me pregunto, ¿por qué 3.000 y no 2.000....? ¿o 5.000 euros? ¿Qué estudios se han realizado para lograrlo? ¿Vamos a negar la financiación de un medicamento solo por la cifra que aparece (bueno ya no) en su envase, sin valorar otros muchos factores? Creo que es necesaria una explicación de qué es ese límite y cómo se ha obtenido.

Por todo ello, me congratulo de los avances, tímidos, pero avances hacia la búsqueda de criterios objetivos, aunque vuelvo a suspender al Ministerio de Sanidad en transparencia y predictibilidad. Algo que ya he criticado muchas veces como por ejemplo con la publicidad a las decisiones de la CIPM, al menos en lo que se refiere a los medicamentos autorizados, no sus precios. La transparencia es algo duro a corto plazo, pero a largo evita muchos problemas y obliga a todo el mundo a actuar de acuerdo a la ley y sin recovecos. Y encima, viene obligado por la legislación. ¿A qué esperamos, entonces?