La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) piden la “puesta en valor del medicamento, del producto sanitario y de la prestación farmacéutica”, garantizando “el margen operativo real para asegurar la sostenibilidad” de la farmacia comunitaria. Este posicionamiento hecho público por ambas organizaciones está incluido en un documento en el que exponen ‘15 reformas para consolidad la recuperación’ con el objetivo de que sean incorporadas por los partidos políticos en sus programas electorales de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre. Unas propuestas que muy probablemente han sido impulsadas por Carlos González Bosch, presidente de Cofares, en su calidad de presidente de la Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad de la CEOE.
Las patronales consideran que la “demostrada eficiencia y eficacia del actual modelo de oficina de farmacia hace necesario mantenerlo para una mayor garantía del paciente, ya que asegura la capilaridad de la red y el acceso de medicamentos a toda la ciudadanía”. Además, destaca que este sector puede asumir “mayores atribuciones como pueden ser las relacionadas con la prevención, el cribaje y/o el seguimiento de pacientes y medicamentos (atención farmacéutica)”. En cuanto a los medicamentos, los empresarios solicitan “garantizar el acceso de los pacientes a las mejores y más eficaces tecnologías sanitarias disponibles en el tiempo más corto posible y en condiciones de igualdad en todo el territorio”.
Además, los empresarios se suman a la solicitud de gran parte de la cadena del medicamento, y apoyan la eliminación de la limitación del 10% en el descuento que las compañías, tal y como parece que va a ocurrir gracias a la modificación legal que se llevará a cabo una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2016. Esta flexibilización, dará lugar según CEOE y Cepyme a mejorar la competitividad (marco más liberal, añadiendo una dosis de competitividad); mayor margen de maniobra a la farmacia y la distribución pues están en una situación económica complicada; alinearnos con las políticas de la Unión Europea. Además, según recuerdan, este cambio “no tiene ninguna repercusión en el paciente pues la prescripción es del médico pero los genéricos son todos bioequivalentes y actualmente no tienen mecanismos de competencia”.
Por otro lado, ambas organizaciones reclaman una mayor cohesión del Sistema Nacional de Salud. En este sentido, piden “mejorar la equidad en el acceso a las prestaciones de la cartera de servicios común y garantizar la igualdad de derechos sanitarios en todas la Comunidades Autónomas”. Además, consideran necesario “promover la integración asistencial entre primaria y especializada”, así como conseguir la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.
Otros de los aspectos en los que pone el acento el informe es en la despolitización de la Sanidad, para lo que reclaman un Pacto por la Sanidad, avanzar en la cohesión y la equidad en el sistema, de forma que no se produzcan diferencias inteterritoriales ni amenazas a la unidad de mercado. Además, los empresarios consideran necesario revisar los presupuestos de gasto sanitario para que se igualen al coste real de los servicios impidiendo que se produzca morosidad e impagos. La lista de peticiones se completa con el reclamo de fórmulas de colaboración público-privada, la finalización del proceso de transformación digital
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: