Gobierno y farmacia evitan entrar en el debate sobre la liberalización

La jornada celebrada el 2 de diciembre por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para debatir acerca de su estudio que propone la liberalización del sector no contó con ningún representante de la farmacia ni del Gobierno. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos y la Empresarial de Farmacéuticos Españoles, entre otros, excusaron finalmente su presencia a la mesa redonda a la que fueron invitados a participar.

Con la ausencia ministerial, el Gobierno rehúsa entrar en un debate que posiblemente no le interese a las puertas de la campaña electoral, mientras que las organizaciones farmacéuticas han considerado no entrar en el juego de la CNMC con su ataque permanente al sector. El presidente de la Comisión, José María Marín Quemada, lamentó no contar con representantes de la farmacia, mientras que Antonio Maudes, director del Departamento de Promoción de la Competencia de esta entidad, afirmó estar sorprendido por que el sector de la farmacia se oponga tanto a liberalizar aspectos del modelo, “sin ofrecer ningún tipo de alternativa”.

Así, la mesa redonda estuvo compuesta por Joan Ramón Borrell, profesor en la Facultad de Economía y Empresa de Barcelona, Miguel de la Mano, vicepresidente ejecutivo del bufete de abogados Compass Lexecon, y Jorge Castilla López, de FACUA-Consumidores en Acción. De este modo, sólo este último se postuló durante el debate como defensor del modelo actual de farmacia.

Durante la presentación del estudio, los representantes de la CNMC expusieron su análisis del sector, elaborado desde una perspectiva económica, tal como reconoció Maudes. En su opinión, el informe se basa en datos empíricos para demostrar que una liberalización repercutiría positivamente, no sólo sobre el “consumidor”, sino sobre el propio sector, que saldría reforzado.

Para el presidente de esta organización, las recomendaciones del estudio (supresión de los módulos de población y distancias mínimas, libertad en la propiedad de las farmacias o la salida de los OTC a supermercados) permitirían un marco más favorable a la competencia empresarial, mientras que el actual sólo beneficia a las farmacias. Además, a su parecer, la liberalización que proponen es compatible con la protección de la salud pública.

El informe aconseja acabar con lo que consideran restricciones que dañan la libertad de empresa, basándose en los efectos de la liberalización del modelo de farmacia en Navarra del año 2000, que consideran muy positivos, para intentar demostrar que flexibilizar la regulación comporta un dinamismo económico y un beneficio para el ciudadano. Este vendría dado por el incremento del número de farmacias, que en Navarra pasó de 309 en el año 2000 a 600 en el 2013, y en el mantenimiento de la capilaridad, puesto que en el modelo navarro sigue habiendo cobertura en las zonas rurales.

Para el profesor de Economía Joan Ramon Borrell, la clave es la retribución. A su parecer, hay un grupo de farmacias bien ubicadas que tienen retribuciones excesivas, lo que comporta un gasto para el sistema que podría dedicarse a otros aspectos de la Sanidad. Por otro lado, considera que una liberalización permitiría obtener mejores precios de los laboratorios, y que de este hecho se beneficiarían los ciudadanos.

El abogado Miguel de la Mano reconoce que es difícil argumentar en contra de la posición de la CNMC; sin embargo, como puntos a rebatir, afirmó que debe admitirse que el objeto de la regulación del sector farmacéutico, a diferencia de otros sectores, no es obtener un precio más bajo de los productos. También destacó que hay estudios que demuestran, a pesar de la experiencia en Navarra, que una liberalización comporta una concentración de establecimientos en las zonas urbanas, y que se pueden producir problemas de competencia por una posible situación de dominio por parte de empresas que entren en la propiedad de las farmacias. Entre las ventajas de una flexibilización de la regulación, destacó el aumento de los servicios ofertados por las farmacias, como sucede en Reino Unido.

Fue el representante de FACUA quien realizó una defensa más firme del modelo actual de farmacia, subrayando que éste no genera reclamaciones por parte de los ciudadanos, por lo que no hay necesidad de modificar el modelo, y que la sensación de la población hacia la farmacia “es altamente positiva”. En su opinión, el informe no recoge el valor diferencial que aportan las oficinas de farmacia, que, con la dispensación de medicamentos desempeñan un papel mucho más importante que en la venta de bienes de consumo. Jorge Castilla también destacó la labor del farmacéutico en el uso racional de los fármacos y en la atención a grupos de personas como los mayores o los dependientes.

Tal como subrayó el presidente de la CNMC, este organismo, aunque forma parte del Estado, tiene una función únicamente consultiva, y sus estudios tienen como objetivo ayudar al Gobierno a tomar sus decisiones, sin capacidad para actuar legislativamente.