El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio ante el Ministerio de Sanidad con el objetivo de conocer la situación y los últimos avances en el proceso de implantación e interoperabilidad del sistema de receta electrónica en las comunidades autónomas.
Tal y como ha explicado en un comunicado, la institución quiere conocer el estado actual de los trabajos, previsiones y calendario de implantación en cada comunidad autónoma ya que la implantación de la receta electrónica “es fundamental para lograr sistemas de información compartidos por todos los servicios de salud, que permitan a los ciudadanos acceder sin problemas a los tratamientos y medicamentos que necesitan en sus desplazamientos temporales a una comunidad distinta de la que residen habitualmente”.
Según datos de enero de 2016, el 83,3% de las dispensaciones de medicamentos a cargo de receta del Sistema Nacional de Salud (SNS) se efectúan a través del sistema de receta electrónica. Un sistema que está implantado en el 95% de los centros de salud, el 57% de los consultorios de atención primaria y el 72% de los hospitales. Además del 94% de las oficinas de farmacia.
Según explica el Defensor del Pueblo, Canarias, Extremadura y Cantabria son las comunidades que más avanzado tienen el proyecto de interoperabilidad de receta electrónica. No obstante, en las últimas semanas Navarra ha recibido la certificación del sistema y se encuentra en la misma situación. Por su parte, Castilla-La Mancha ya es emisor de recetas interoperables. En el lado contrario, las comunidades autónomas que se encuentran en la fase inicial del proyecto son Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco.