Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.
Hoy hemos vuelto a observar un no-diálogo en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados a cuenta del siempre polémico copago. Las posturas están tan encontradas que no parece fácil llegar a un acuerdo que, si se quiere alcanzar un Pacto por la Sanidad, deberá incluir también este aspecto y ser consensuado por, al menos, las fuerzas políticas que lo firmen.
A día de hoy las posiciones de PP y PSOE están tan distantes como lo han estado en los últimos seis años. No hay el más mínimo acercamiento para pactar un modelo de copago que tome lo bueno de las propuestas de uno y otro y elabore un sistema eficaz en su objetivo, la disuasión del consumo innecesario, y que no afecte a la adherencia terapéutica.
El PSOE no cede en la exigencia de eliminación del copago a los pensionistas mientras que el PP sigue defendiendo a capa y espada una legislación que, desde mi punto de vista, es mucho más justa y eficaz que la anterior. No obstante, tampoco podemos obviar el hecho de que muchas comunidades autónomas, por la vía de los hechos, se han encargado de anular el efecto del copago con subvenciones al mismo. Por ese motivo, creo que es momento de avanzar hacia puntos de encuentro que permitan acordar un modelo útil para el sistema y que no perjudique a la salud. Si no se alcanza ningún acuerdo, lo que parece claro es que la mayoría parlamentaria podría suprimirlo y, mientras, las comunidades autónomas lo podrían anular. Y la realidad es que ningún sistema sanitario puede soportar la demanda infinita del coste cero a los usuarios, por lo que no es posible un sistema sin copago. Y quien diga lo contrario sería un demagogo.
Tiene razón el portavoz popular, Rubén Moreno, cuando pone el ejemplo de los funcionarios jubilados que, desde siempre, han pagado el 30% de sus medicamentos y no por ello tienen mejor (ni peor) salud. Aunque también tiene razón Jesús María Fernández, portavoz del PSOE, y otros representantes de los partidos de la oposición al hablar de posibles barreras a la adherencia y el acceso a los tratamientos al no poder actuar sobre las decisiones de priorización que realizan los pacientes. En este sentido, parece obvio que la disuasión sobre el uso inadecuado o superfluo del medicamento no tiene que llegar a perjudicar su salud de los pacientes. En este apartado, como también apuntó el portavoz de Ciudadanos, Francisco Igea, habría que actuar en quien emite las recetas: el médico.
Por ese motivo, tal vez, la Proposición No de Ley presentada por Ciudadanos pueda ayudar a conciliar posturas. Por un lado reduce el número de pacientes obligados al pago al incrementar el límite de exención para los pensionistas hasta el salario mínimo interprofesional y poner topes mensuales a los activos que ingresen menos de 18.000 euros. La moción también propone un trato diferenciado a las familias monoparentales y familias con un dependiente.
Igualmente, la PNL de Ciudadanos propone articular los mecanismos para que los profesionales sanitarios (médicos y farmacéuticos) puedan alertar a los servicios sociales para que evalúen si una persona puede estar en un grupo de menor aportación. Todas estas medidas, con alguna matización, considero que podrían ser aceptadas por todos si de verdad se busca el entendimiento.
Por todo ello, creo que será necesario incorporar la discusión del copago en el ámbito del Pacto por la Sanidad, para que sea aceptado por todos (o casi). También por las comunidades autónomas, para que no elaboren medidas que lo anulen y que la aplicación sea equitativa en toda España. Hacerlo y dotar al Sistema Nacional de Salud de un sistema de copago que pueda perdurar otros 35 años tiene que ser un objetivo de la legislatura actual para que no ocurra como en Educación, donde cada Gobierno cambia de modelo sin dejar que el anterior se asiente.
El copago sanitario no deja de ser un impuesto a la enfermedad, y la aparición de esta en un buen número de casos se habría podido evitar o retrasar haciendo lo único que el actual sistema sanitario no hace en todos los campos que abarca, que son campañas efectivas de prevención, cribado de grupos de riesgo, educación para la salud, etc. Que todos puedan contribuir en la medida de sus posibilidades al mantenimiento del sistema puede ser justo, pero más lo sería reconducir el excesivo e innecesario derroche de dinero público destinado a los partidos políticos para mejorar la calidad… Read more »