El Sindicato Libre de Farmacéuticos de la Comunidad Valenciana ha presentado una denuncia por la vía de lo contencioso-administrativo como respuesta al silencio del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ante las dos consultas que habrían realizado para saber si no cobrar la aportación por copago en el momento de la dispensación, como se deriva del sistema de subvenciones aprobado por la Conselleria de Sanitat, puede costar una sanción a las oficinas de farmacia de la Comunidad Valenciana.
Así lo ha explicado a Diariofarma el presidente de este Sindicado, José-Antonio Puchades, que asegura que antes de esta denuncia han remitido cartas al Ministerio de Sanidad reclamando un pronunciamiento oficial que sirva para aclarar la responsabilidad de los farmacéuticos en estas situaciones, ya que, según su interpretación de los artículos 94.1 y el 101.2.b de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, "hay una obligación de que la aportación se haga, por parte del paciente, en el momento de la dispensación y también de que la farmacia haga que se cumpla con lo establecido en este sentido".
"Nosotros no estamos en contra de la subvención del copago, sino de la forma en la que se aplica, ya que se ha establecido que la farmacia no cobre y que sea después la Conselleria la que le haga la devolución. Entendemos que eso obliga a los farmacéuticos a cometer una infracción. En la Conselleria hay expedientes, que van de los 30.000 a los 90.000 euros, a farmacias que, en los inicios del copago, no quisieron cobrarlo. Me parece un contrasentido que se abran expedientes y luego se obligue a no cobrar", argumenta Punchades, que aclara que el objetivo de la organización que preside es disponer de un pronunciamiento oficial para terminar con la situación de inseguridad jurídica en la que ahora se ven las oficinas de farmacia.
Nicolas Gonzalez Casares: