La mayoría de los grupos políticos que conforman la oposición en el Congreso de los Diputados han firmado hoy, 12 de septiembre, el 'Pacto político y social por un sistema nacional de salud público y universal'. Entre ellos figuran PSOE, Podemos, En Comú Podem, En Marea, Izquierda Unida, PNV, Compromís, ERC, PdCAT, Nueva Canarias, Coalición Canaria y EH-Bildu, que han suscrito este acuerdo propuesto por unas 70 organizaciones de la sociedad civil, lideradas por la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (Reder). Ciudadanos ha sido el único que se ha quedado fuera.
A través de este Pacto, las organizaciones firmantes han acordado "promover las reformas legales necesarias para universalizar la sanidad y blindar el Sistema Nacional de Salud como pilar básico del Estado Social con clara vocación redistributiva y que de forma específica reconozca el acceso universal a la salud como derecho de todas las personas que viven en España, independientemente de su situación administrativa y poniendo fin al modelo de aseguramiento" que, dicen, se introdujo con la entrada en vigor del RDL 16/2012.
Junto a este compromiso con la promoción de las reformas legales que restauren la universalidad plena, piden "que se blinde el modelo de Sistema Nacional de Salud financiado a través de impuestos, y que se garantice una asignación presupuestaria suficiente, recapitalizando el SNS hasta garantizar la calidad, la eficiencia y la universalidad del mismo". Asimismo, exigen al Gobierno "que se abstenga de utilizar el artículo 134.6 de la Constitución (el que establece que toda proposición que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos requerirá la conformidad del Gobierno) para evitar la iniciativa que cuenta con el amplio consenso del Congreso y está respaldada por los principales colectivos profesionales y sociales", así como "la retirada inmediata de los recursos de inconstitucionalidad contra las normativas autonómicas que dan cobertura a las personas excluidas por el RDL".
Tras la firma del Pacto, el portavoz socialista en el Congreso, Jesús María Fernández, ha recordado que su Grupo "ya presentó una Proposición de Ley al inicio de la Legislatura para devolver la sanidad universal a todas la personas que viven en España, que está vetada por el Gobierno", y aseguró que van a seguir trabajando "por conseguir una mayoría parlamentaria suficiente para levantar el veto del Gobierno a nuestra iniciativa legislativa". Asimismo, ha exigido a la ministra de Sanidad "que retire los recursos que el Gobierno tiene presentados contra las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista que han mantenido la asistencia sanitaria para todas las personas".
Fernández ha denunciado que "el RDL 16/2012 es injusto con los inmigrantes". De hecho, Reder habría documentado desde enero de 2014 un total de 3.300 casos de exclusión sanitaria, dentro de los cuales los hay que suponen incluso un incumplimiento de los supuestos amparados por el RDL, como es la atención de urgencias, a embarazadas y a menores, y consideran que la magnitud del problema debe ser mucho mayor, dado que en 2012 se retiraron un total de 800.000 tarjetas. Además de a los inmigrantes, el PSOE recuerda que el RDL es también "injusto con los españoles que se desplazan fuera de España para buscar trabajo", y que además es una medida que "no tiene una justificación sanitaria" y que ha quedado al margen del debate político "porque fue un RDL impuesto por el PP que no permitió que se discutiera en el Parlamento".
PNL de Ciudadanos
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, que no figura entre los firmantes del Pacto y que habría mostrado cierta ambigüedad con respecto a la cuestión de la universalidad, ha anunciado justo hoy el registro de una Proposición no de Ley sobre el aumento de la cobertura sanitaria del Sistema Nacional de Salud en el Congreso de los Diputados, la cual aparece firmada por Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, portavoz sustituto.
Para Ciudadanos, "la principal reforma legislativa de la X Legislatura en materia de Sanidad supuso un claro retroceso. Hizo que nuestro sistema sanitario fuese menos universal, menos cohesionado y menos accesible". Por eso, instan ahora al Gobierno "a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas a fin de restablecer la universalidad en el acceso a los servicios y prestaciones sanitarias que limitó el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones para ciudadanos españoles y residentes en España".
En este sentido, llaman al Gobierno "a cumplir con los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) garantizando la asistencia a personas en situación irregular en relación al acceso a servicios esenciales y a la atención de enfermedades graves, urgencias y enfermedades infectocontagiosas, así como cobertura completa a la gestación y a los menores de edad".
