"El Congreso de los Diputados, para garantizar el derecho de ciudadanía a la asistencia sanitaria, la eliminación de barreras económicas y sociales para el cuidado y promoción de su salud y el fortalecimiento de un Sistema Nacional de Salud de gestión pública, eficaz y solvente, insta al Gobierno a:
1. Recuperar el carácter universal del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, impulsando de forma inmediata la derogación de las limitaciones establecidas a tal efecto en el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y no obstaculizando la tramitación de las iniciativas legislativas presentadas con este fin.
2. Desistir o retirar cuantos recursos judiciales tenga planteados frente a normas o actuaciones de las Comunidades Autónomas dirigidas a recuperar la universalización de la asistencia sanitaria pública y las subvenciones a la población de menos renta para compensar los copagos farmacéuticos.
3. Apostar por las formas de gestión pública de los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y, en consecuencia, proceder a la revisión de la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, con el objeto de reforzar la supervisión pública, así como su integración con los objetivos y resultados de salud fijados por la administración sanitaria. Se respetarán las competencias de las Comunidades Autónomas en la organización de sus servicios de salud, de acuerdo con los principios de la Ley 14/1986 General de Sanidad, incluyendo la organización de redes de utilización pública con centros que, de preferencia, tengan titularidad pública o de entidades sin afán de lucro.
4. Alcanzar con las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un acuerdo sobre financiación autonómica, que incluya un escenario plurianual de suficiencia del gasto sanitario público y mejoras en los instrumentos de nivelación entre territorios y una actualización de los criterios de cálculo de población ajustada, en el ámbito sanitario, rechazando la incorporación de nuevos copagos.
5. Suprimir los copagos sanitarios introducidos por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 16/2012 citado y mediante el Real Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía del sistema de la Seguridad Social, que suponen una barrera de acceso y de adherencia a los tratamientos para parte de la ciudadanía; y estudiar el efecto de los copagos existentes previamente a dicha normativa, con el fin de considerar su posible modificación en la población más vulnerable.
6. Recuperar, de forma inmediata, el Fondo de Cohesión Sanitaria dotado, al menos con 100 millones de euros con el objetivo de alcanzar, al finalizar la legislatura, los 150 millones de euros, para hacer efectiva la igualdad de acceso de toda la ciudadanía a los Centros, Servicios y Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud.
7. Desarrollar reglamentariamente el Fondo de Garantía Asistencial en su totalidad con el fin de asegurar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos en el territorio español, compensando la asistencia que se prestan a los ciudadanos entre comunidades, y promoviendo la cooperación en la prestación de servicios sanitarios de alta tecnología y de proximidad entre territorios.
8. Crear un Fondo de Innovación, con una dotación inicial de 150 millones de euros, que coadyuve a las Comunidades Autónomas en la financiación de nuevos tratamientos, que aportando un valor terapéutico contrastado, suponga un impacto imprevisto sobre los presupuestos sanitarios, o corresponda a tratamientos que a pesar de su relativo alto coste-efectividad se decida en el Consejo Interterritorial su financiación pública (medicamentos huérfanos de alto coste).
9. Acordar con las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un plan para reforzar la Atención Primaria de Salud, actualizando la Estrategia para la Mejora de Atención Primaria en el siglo XXI (Proyecto AP 21) y el decálogo por una Atención Primaria de Calidad, elaborado por las Asociaciones científicas y profesionales de esta especialidad.
10. Dotar al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de los recursos presupuestarios necesarios para reducir la brecha en la cobertura y acceso a servicios de la que gozan los ciudadanos de Ceuta y Melilla, incluyendo la dotación en condiciones de igualdad al resto de España de recursos profesionales, servicios asistenciales de referencia y dotación de infraestructuras y equipamientos sanitarios; y vigilando especialmente que las dotaciones se corresponden con las necesidades, evitando el abuso en materia de conciertos y externalizaciones.
11. Proceder a transferir la sanidad penitenciaria a todas las comunidades autónomas antes de finalizar la presente Legislatura, asignando una financiación ajustada al coste real.”
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: