El Partido Aragonesista vio cómo salía adelante, al menos parcialmente, una Proposición No de Ley que había presentado en Las Cortes para tratar de reducir el gasto farmacéutico. El apoyo, como se decía, solo fue parcial, ya que, de los tres puntos incluidos en la PNL, presentada por el diputado Arturo Aliaga, solo recibió los apoyos de la Cámara el tercero, en el que pedían "realizar un contrato centralizado de compras de los medicamentos y los productos sanitarios más utilizados en los centros sociosanitarios".
La propuesta, explica Berta Zapater, diputada del PAR, a Diariofarma, partía de la preocupación existente con respecto al "continuo crecimiento del gasto farmacéutico". Concretamente, en la Exposición de Motivos se citaban los correspondientes al ejercicio 2016, en el que antes de cerrar el año, concretamente en agosto, se habían gastado ya 15 millones de euros más que en todo 2015. "Y esa situación de 2016 se está repitiendo en 2017 y 2018", afirma la diputada.
Se justificaba también la propuesta con el hecho de que esta región cuente con una población envejecida, con dolencias crónicas, que hace que se aumente el consumo de fármacos y por ende el gasto farmacéutico para la comunidad autónoma. Un aumento frente al que, opinan, no se está frenando como consecuencia de que la ley "no permite ajustar el precio de los medicamentos por autonomías" y de un plan de racionalización del medicamento en Aragón que, decían, "no termina de funcionar".
Para el PAR, la única fórmula que les queda a las CCAA son los procesos de selección pública de fármacos, que se han convertido, apuntaban, "en uno de los pilares de la contención del gasto farmacéutico para éstas". Por eso, además de la centralización de la compra de medicamentos y productos sanitarios para las residencias del Servicio Aragonés de Salud (Salud), proponían "acogerse al mayor número posible de contratos-marco con el Ministerio de Sanidad para la compra centralizada de medicamentos", y que en aquellos medicamentos que no puedan acogerse a estos contratos-marco, "el Salud saque a concurso la compra de medicamentos más utilizados en las farmacias hospitalarias". No obstante, como se ha apuntado, estas dos medidas no fueron apoyadas en las Cortes.
Contratación en farmacia hospitalaria
Esta segunda propuesta, consistente en sacar a concurso la adquisición de los medicamentos más utilizados en las farmacias hospitalarias tiene relación, según confirma Zapater, con las conclusiones del 'Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2016', donde esta institución habría identificado "gastos irregulares, comprometidos sin tramitar expedientes de contratación ni formalizar los preceptivos contratos, incumpliendo por tanto lo establecido en los artículos 28 y 109 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)". Concretamente, la cuantía sujeta a estas irregularidades ascendería a los 212 millones de euros, de los cuales, 195 millones derivarían de suministros de farmacia hospitalaria.
La Cámara de Cuentas estima que "las insuficiencias presupuestarias que viene arrastrando el Salud en los últimos años han desvirtuado su gestión presupuestaria", y cita algunas anomalías, como las obligaciones correspondientes a los gastos sin contrato, "que no se imputan a presupuesto cuando se producen, sino cuando el Salud dispone de crédito en la partida presupuestaria correspondiente, permaneciendo hasta ese momento (a veces años) contabilizadas en la cuenta 409"; o en los gastos con contrato, en los que el organismo "contabiliza antes de la licitación una retención de crédito para garantizar la cobertura presupuestaria del contrato y posteriormente anula estas retenciones, para poder usar el presupuesto en otros gastos más urgentes para los que no habría disponibilidades en el caso de mantenerse contabilizada la retención". Esta forma de proceder, concluyen, es "contraria a las normas del procedimiento de ejecución del gasto público y de disciplina presupuestaria y no permite garantizar que exista crédito para la totalidad de los contratos adjudicados por el organismo".
Por eso, la institución contable incluye en su informe una serie de medidas, que incluyen, en relación con la adquisición de los productos exclusivos de farmacia hospitalaria, y su posible adhesión a los acuerdos de la Comisión Interministerial de precios de los Medicamentos o del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa), que el "Salud adopte cuanto antes las medidas necesarias para que todos los centros sanitarios tramiten los correspondientes expedientes de contratación y acomodar estas compras a las previsiones formales del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)".
Asimismo, llaman a a "potenciar el sistema de compra centralizada en el Salud en todas las áreas, incluida la compra de productos farmacéuticos e implantes, de forma que todos los centros hospitalarios puedan beneficiarse de las economías de escala que se obtienen en los hospitales más grandes"; a "establecer controles centralizados de la aplicación Farmatools, para que todos los centros reflejen el precio real de los medicamentos", así como "realizar inventario de existencias al menos al cierre del ejercicio, incorporando algún sistema de lectura de código de barras, data matrix o similar que permita la dispensación inequívoca del medicamento".
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: